El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad la entrada y registro de la UCO en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Supremo ha desestimado los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, esta última en representación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, contra los autos del magistrado instructor Ángel Luis Hurtado, del pasado 30 de octubre, que acordaron la entrada y registro en los despachos profesionales de García Ortiz y Rodríguez. Ambos se encuentran investigados en la causa que se sigue por presunto delito de revelación de secretos.

El auto se ha dictado por unanimidad de los tres magistrados que forman la Sala de Apelación contra las resoluciones del instructor, que forman Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres.

«Téngase en cuenta que la investigación tiene por objeto un delito y que, por consiguiente, el instructor debe tener medios para investigarlo. Es obvio que no estamos ante una cuestión de legalidad administrativa, sino delictiva, y que la garantía con que se acuerda lo es por parte del propio Tribunal Supremo actuando como instructor/investigador», afirma el tribunal.

El razonamiento judicial se basa en que el delito investigado permite el registro, ya que la investigación era necesaria. De hecho, le viene impuesta al Magistrado Instructor por el Auto de la Sala de Admisión. En este sentido, estima que el medio es el único posible, ya que los aparatos e instrumentos se encuentran en el despacho de una oficina pública.

El Supremo estima asimismo que ni la Fiscalía General ni ninguna otra institución tienen una garantía de inmunidad. Subraya en este sentido que quien instruye es el Tribunal Supremo, a quien la ley le confiere esa actuación. Dado que la motivación es suficiente, «es por ello que el juicio de proporcionalidad se encuentra cumplido», recalca.

El Supremo no solo avala el registro, sino que indica que «no queda otra alternativa». En este sentido precisa que «si concluyéramos que es un lugar de imposible prospección judicial, por el lugar donde se iba a practicar (una alta institución del Estado), conllevaría la renuncia a la misma investigación y a la consiguiente creación de un ámbito de impunidad que no resulta de ningún lugar ni apartado de nuestro ordenamiento jurídico, ni de la debida transparencia que debe guiar la actuación de todas las instituciones en un estado de derecho y democrático».

«En definitiva, procede avalar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la obtención de la información para la investigación del delito indicado, así como la motivación fáctica y jurídica expuesta en los autos judiciales», concluye el Supremo.