Julio Padilla, exvocal del Consejo General del Poder Judicial, se ha mostrado contundente al señalar que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería dimitir de su cargo tras ser imputado por el Alto Tribunal por presunta revelación de secretos. “Un fiscal general del Estado al que el Tribunal Supremo ha imputado debe dimitir”, dijo

El magistrado, asimismo, ha instado a buscar una solución que termine con el bloqueo existente en el seno del CGPJ, entre conservadores y progresistas, para el nombramiento de al menos una treintena de vacantes existentes en los tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. Y advirtió que “si no se encuentra una solución vamos a encontrar bastantes escenarios de bloqueo”, en el futuro por lo que remarcó que, al igual que el Consejo no puede estar en manos de los partidos y el gobierno, tampoco debe quedar “en la manos de las asociaciones judiciales”.

El magistrado, por otra parte, valoró que la posición critica y contundente que mantiene con los partidos la presidente del CGPJ, Isabel Perelló, “en defensa de la imagen de independencia e imparcialidad del poder judicial”, merece “un aprobado”. Y argumentó que en nuestro sistema “la ley es la habilita a los jueces a tomar sus decisiones”, por tanto “la legitimidad del juez le viene de la ley, no del gobierno”.

No obstante, preguntado sobre si está en riesgo el estado de derecho, como ha manifestado el PP ante el Parlamento Europeo, el magistrado argumentó que “el manejo malo de las instituciones no altera la estructura y validez del estado de derecho” y que éste estaría en riesgo tan sólo “en medida en que esté en riesgo la continuidad de las instituciones”.