La ministra de Hacienda ha convocado a las comunidades autónomas para abordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la condonación de algo más de 83.200 millones de euros de deuda generada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En realidad, se trata de sellar el acuerdo al que el Gobierno ya ha llegado con ERC para que Cataluña una vez más salga victoriosa y privilegiada, al lograr el “borrado” de un 22% de su deuda con el mencionado fondo. Es decir 17.104 millones de euros, uno de cada cinco del total que se perdonará.

El acuerdo saldrá adelante a pesar de que las Comunidades Autónomas del PP votarán en contra, según explicaron ayer. Y también porque el Gobierno tiene en ese comité la mitad de los votos que unidos al de Cataluña lo harán posible. El voto negativo de todas las comunidades populares hará que el acuerdo, una vez aprobado por el Consejo de Ministros, se convierta en un Proyecto de Ley que se tramitará en el Congreso y el Senado, donde el PP espera poder retrasarlo gracias a su mayoría. En todo caso, el pacto entre el Gobierno y ERC saldrá adelante más tarde o más pronto, ya que forma parte de los acuerdos para hacer presidente de Cataluña a Salvador Illa y también por la exigencia de Junts.

Para ser claros, todos los españoles nos echaremos a nuestras espaldas toda esta deuda, en lugar de ir por el camino de la reestructuración y pagarla con plazos que no dañen las cuentas de las comunidades. El sistema elegido prima la población y no a las más endeudadas y penaliza a las que hayan bajado el IRPF. Este último caso afectaría a la Comunidad de Madrid que, paradójicamente, no tiene ninguna deuda con el FLA, por lo que los madrileños pagaremos de nuestros bolsillos el despilfarro de los sucesivos gobiernos catalanes. Sí lo hará con otras comunidades gobernadas por el PP que han realizado rebajas en el IRPF.

Hay que dejar claro, por último, que la reunión no se ha convocado para hablar del gran problema de las comunidades autónomas que, por supuesto no es dar satisfacción a las exigencias de Cataluña, sino cambiar el sistema de financiación de régimen común, obsoleto desde la era Zapatero, concretamente, desde finales de 2009. Una vez más, queda claro quien gobierna España.