La ONG DAWN, con sede en EEUU, hizo público un documento de 172 páginas enviado a la Corte Penal Internacional (CPI) el 19 de enero, en el que se acusa al expresidente Joe Biden y a otros altos cargos de “ayudar e instigar, así como de contribuir internacionalmente, a los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por Israel en Gaza”.

Además de Biden, se acusa por su nombre al exsecretario de Estado Antony Blinken y al exsecretario de Defensa Lloyd Austin.
Fundada por el periodista saudí Jamal Khashoggi y otros activistas, DAWN tiene como objetivo promover la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos para los pueblos de Oriente Medio y el Norte de África.

La Corte Penal Internacional fue creada para garantizar la justicia por crímenes contra la humanidad, pero su historial plantea preocupaciones sobre procesamientos selectivos, comunicó a Sputnik el analista político y profesor titular de la Universidad Walter Sisulu, Mbasa Mvenene.

“La CPI se centra principalmente en procesar a los dirigentes africanos, aunque a veces ignora la complicidad de los funcionarios occidentales”, subrayó.

Citó casos de alto perfil como el de Omar Bashir, de Sudán, y el de Uhuru Kenyatta, de Kenia, enfatizando que la verdadera justicia requiere imparcialidad. “Lo más importante de la ley es que se aplique por igual en todos los niveles”, destacó.

Un factor importante de este desequilibrio es la negativa de las naciones poderosas, como Estados Unidos, a someterse a la jurisdicción de la CPI.

“El Estatuto de Roma fue creado para proporcionar jurisdicción universal para el procesamiento de crímenes internacionales, pero Estados Unidos y otras potencias globales han logrado mantener la inmunidad”, explicó.

Esto ha reforzado la percepción de un control neocolonial sobre los mecanismos de justicia internacional, donde los líderes africanos y del sur global enfrentan el escrutinio, mientras los occidentales escapan a la rendición de cuentas.

Las recientes acusaciones de complicidad de Estados Unidos en crímenes de guerra en Gaza han puesto a prueba, una vez más, la voluntad de la CPI de desafiar a las naciones poderosas.

“El hecho de que no se haya actuado contra altos funcionarios estadounidenses como Biden y Blinken (…) sugiere que la corte es reacia a enfrentarse a estados poderosos y se refuerzan las sospechas de un doble rasero en la aplicación del derecho internacional”, enfatizó Mvenene.

Esta aplicación selectiva de la justicia ha provocado debates sobre si los países africanos y árabes deberían reconsiderar su participación en la CPI. “En 2017, la Unión Africana consideró una retirada masiva de la CPI, debido a la percepción de que la corte estaba injustamente centrada en África”, recordó.

Al comentar el caso DAWN, Mvenene lo describió como un paso hacia la rendición de cuentas por parte de quienes están en el poder.

“Creo que la acción tomada por DAWN es (…) un paso para garantizar que aquellos que tienen poder y dinero en forma de equipo militar, en forma de todo tipo de ayuda, puedan rendir cuentas en términos de cuán responsables son con esa ayuda, con ese dinero o con ese equipo militar”, destacó.

En última instancia, la credibilidad de la CPI depende de su compromiso con la justicia imparcial.

“Si los Estados poderosos pueden evitar abierta y públicamente rendir cuentas (…) se presentaría un escenario en el que las naciones más débiles y sus líderes estarían destinados a enfrentar las consecuencias de sus acciones”, subrayó.