El entonces secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, junto al almirante Carrero Blanco un día antes de su asesinato.

In Memoriam.-Ofrecemos una nueva entrega de los mejores artículos publicados por el malogrado Ismael Medina en AD. Sirva esta valiosísima pieza histórico-periodística como homenaje postrero a uno de los intelectuales más rectos y comprometidos de su tiempo. En ella se revelan datos de incalculable valor para desgranar la verdadera historia de la democracia española extramuros de la versión oficial.

Ayer tarde compré “23-F. La verdad”, de Francisco Medina. Un libro escrito con garbo periodístico cuya lectura concluí cuando ya amanecía. Más que de la verdad habría que hablar de las medias verdades autojustificativas o de las falsedades encubridoras de la mayoría de los entrevistados, incluidas las insinuaciones, más que revelaciones, de los dos misteriosos informadores con los que comió en Toledo y con las que cierra el libro. La verdad queda soterrada. No destapada. Francisco Medina deja a la iniciativa del lector que obtenga sus propias conclusiones, si bien le marca hábilmente el camino para identificar al “elefante blanco” de la acción institucional. Juan Pla atribuye a “algunos” esa cualificación. Pero le recuerdo, y no por vanidad, que fui yo quien la acuñó desde mi espacio en “El Alcázar” y la he mantenido desde entonces hasta hoy, cada vez con mayores motivos para aseverarlo.

Acción institucional fue en su origen y en su desenlace el 23-F, pues desde espacios institucionales bien definidos se montó la operación y desde parejos espacios institucionales se desmontó. Guardo en mi biblioteca todos los libros que se han escrito sobre la acción institucional del 23 de febrero de 1981, incluidos aquellos tres primeros de urgencia, escritos al dictado del coronel Calderón para desviar la atención sobre su personal implicación, la cual deja bastante clara Francisco Medina, y de la verdadera y nada reducida “trama civil”, integrada por un influyente sector empresarial. De todos estos libros considero los más atendibles los de Juan Blanco (“23-F: Crónica fiel de un golpe anunciado”, Ed. FN) y Ricardo Pardo Zancada (“23-F. La pieza que falta”, Ed. Plaza Janés).

Este mediodía del 23 de febrero, mientras tomaba el aperitivo en un bar de barrio, he asistido, en el espacio televisivo de la Quintana, a la disputa entre Francisco Medina y el locoide Miguel Ángel Aguilar, empecinado siempre en imponer su sectario criterio, se trate de lo que se trate. Fui el único en interesarme por el sonido y la imagen de la caja tonta. La casi docena de clientes y el dueño del establecimiento conversaban sobre sus asuntos y ninguno de ellos se interesaba por las versiones de lo que sucedió ese mismos día, hace 25 años. Un aniversario inflado artificialmente por los medios, aireando algunos como revelaciones lo que era de sobra conocido. También el Congreso de los Diputados ha encendido las candelas retrospectivas para ratificar su homenaje a Juan Carlos I como “salvador de la democracia”, pretensión abortada por ERC. Sería más consecuente hablar, a mi parecer, de salvador de sí mismo y de la monarquía. Y de rechazo, de un sistema pseudemocrático a cuyos más bajos escalones degenerativos asistimos como consecuencia del golpe de Estado encubierto montado sobre la matanza el 11 de marzo.

El esfuerzo rememorativo a que asistimos no sólo persigue convertir en mito democrático el desenlace del 23-F y en hacer ostentación de valor aquellos mismos que, dentro y fuera del Congreso, demostraron su cobardía. También, y sobre todo, enterrar responsabilidades y traiciones de lo alto a lo bajo. El 23-F no fue un hecho político aislable de un proceso que encadena crímenes, desmanes y conspiraciones causalmente ligados entre sí e inseparables del proceso de corrupción de un sistema que nació aquejado de poliomelitis institucional. He abordado en Vistazo a la Prensa el análisis de algunos de esos eslabones y suscitado en el Foro un prolijo debate sobre los mismos al que quienes participaron en ellos aportaron datos esclarecedores. Desde entonces se han incorporado a Vistazo miles de lectores, algunos de los cuales piden información que desconocen. Presumo que les interesará un recordatorio esquemático de los mismos.

EL MAGNICIDIO DEL 20 DE DICIEMBRE de 1973

Los problemas de salud de Franco y la proximidad de su muerte extremaron la pugna entre los implicados en la reforma hacia la democracia convencional que el Caudillo había trazado, fieles al heredero que había designado. Frente a éstos se situaban los partidarios de la ruptura, de los que la Junta Democrática era su centro de actuación, a los que don Juan de Borbón y Battenberg facilitaba el juego, en pugna con su hijo para ocupar el trono. Estos últimos consideraban a Carrero Blanco un obstáculo a remover, según escribió Rafael Calvo Serer (“¿Hacia la III República Española? En defensa de la Monarquía democrática”. Ed. Plaza Janés).

El compromiso de Carrero con Franco no era, como todavía se sostiene, perpetuar el franquismo, sino garantizar un progresivo proceso de marcha hacia la democracia de partidos mediante sucesivas reformas de las Leyes Fundamentales, uno de cuyos objetivos era la confirmación de su sucesor como rey de España. Remover a Carrero no sólo suponía para los rupturistas bloquear la presunta continuidad del franquismo. También impedir la sucesión en la persona del Príncipe de España, postular la candidatura de su padre y, con la aceptación de éste, promover un referéndum para que los españoles se decidieran entre monarquía y república, convencidos de que sería ésta última la que ganaría por goleada. Desconocían que Carrero Blanco, aún más monárquico que Franco, había entregado al Príncipe de España una carta de dimisión sin fecha tras ser nombrado presidente del Gobierno. Franco lo supo tardíamente a través de sus servicios de información y acaso fuera el origen de su enigmática frase “no hay mal que por bien no venga”, contenida en su discurso de condolencia por la muerte de Carrero.

Los impulsores del atentado contra el presidente del gobierno fueron doce políticos, entre ellos miembros de la Junta Democrática, reunidos en un chalé de Aravaca. Uno de éstos trasladó la iniciativa al grupo comunista que preparaba el atentado de la calle del Correo. De allí, a través de un joven militante de la Liga Comunista Revolucionaria, se pasó el recado a ETA. Es posible que con el beneplácito del secretariado del PCUS para los partidos comunistas en los países no comunistas al que ambas organizaciones pertenecían. El grupo de los cuatro desarrolló el aparato logístico de respaldo a la cuadrilla de ETA encargada de materializar el atentado. Está relatado con minuciosidad por Genoveva Forest Tarrat, mujer de Alfonso Sastre, ambos componentes del grupo que dispuso el atentado de la calle del Correo. Pero se han ocultado datos esenciales para un mejor entendimiento de aquella conspiración. Me refiero a los aportados por González-Mata, en un tiempo jefe de estancia de la CIA en España, en “Les vrais maitres du monde” (Ed. Grasset & Fasquelle, 1979), nunca traducido y editado en España.

De acuerdo con las revelaciones de González-Mata las muy precisas informaciones de la CIA sobre los preparativos del atentado, así como los avisos de los jesuitas y de la Embajada de Italia, fueron bloqueadas a determinados niveles de los servicios de seguridad del Estado, lo que hace suponer que también del lado de la operación reformista existía la conveniencia de provocar con la muerte de Carrero un clima aprovechable de tensión. Ante la inutilidad de los avisos, el mando superior de la CIA resolvió que sus agentes facilitaran el atentado, una vez que a nuestras instituciones no parecía importarles la muerte de su presidente de gobierno y ésta convenía a sus previsiones políticas para democratizar España una vez que Franco desapareciera. Fue así como un mercenario especializado en los más sofisticados ingenios explosivos, el mismo que terminó con la vida de lord Mountbatten, introdujo por Torrejón dos minas de última generación y las colocó sobre la parrilla dispuesta por ETA. Me refiero a Johny Maxwell, más conocido con el apodo de El Afortunado, que habitualmente residió en Panamá.

La investigación policial y la indagatoria judicial habían progresado mucho y estaban a punto de descubrir todo el pastel cuando, tras el referéndum sobre la Ley de Reforma Política, fueron legalizados los partidos políticos y estos constituyeron el Congreso de los Diputados. Uno de los objetivos principales de la inmediata ley de amnistía fue el archivo de la causa del magnicidio y la ocultación para siempre de quienes fueron los inductores. También, por supuesto, del conexo atentado de la calle del Correo, en cuya investigación se habían encontrado relaciones institucionales con el PCE clandestino en el registro de la casa en que se ocultaba Sánchez Montero.

EL ATENTADO DE LA CALLE DE ATOCHA TAPADERA EMOCIONAL DE LA LEGALIZACION DEL PCE

La legalización del PCE era un compromiso que venía de lejos y en el que se involucraron personajes de la confianza del Príncipe de España como el general Díez Alegría y Nicolás Franco Pascual de Pobill. El problema para Adolfo Suárez, para Gutiérrez Mellado, para Rodolfo Martín Villa y para el entorno más directo de éstos residía en la cerrada oposición de los cuadros de mando de las Fuerzas Armadas y en el peligro de que su reacción derivara en la liquidación del transacionismo democratizador. Era necesario un respaldo emocional susceptible de dotar de cobertura política y social a la pactada inserción del PCE en el entramado institucional del Estado. La proporcionó el atentado contra el despacho de abogados de Comisiones Obreras en la calle de Atocha.

Agentes del SECED, infiltrados en entre los incautos y apasionados miembros de Fuerza Joven, se dieron a la recluta de los más propicios para una sangrienta operación de la que fueron mero instrumento encubridor. Los agentes del SECED apodados Barco y Barber se entrevistaron dos días antes con el cabecilla del grupo en la cafetería Dólar. Barco, por cierto, estuvo destinado en la comandancia de la Guardia Civil de Valencia, a las órdenes del general Prieto, y fue el que interfirió los avisos de un sargento de la Benemérita, situado en París, de que se preparaba un atentado contra el almirante Carrero Blanco.

El entierro de los asesinados se convirtió en una multitudinaria y bien organizada manifestación fúnebre, no sólo de la izquierda, en la que se apoyó Suárez para sancionar definitivamente la “democratización” del PCE, operación en la que tanto empeño puso Martín Villa para que Carrillo viniera a España. Y de coartada para presionar a los altos mandos militares con el argumento de que una reacción extemporánea podría conducir a enfrentamientos guerracivilistas.

La investigación policial sustrajo a la indagatoria judicial datos relevantes de los que cito los más llamativos:

* En el despacho de abogados se debía celebrar a esa hora una reunión preparatoria de dirigentes comunistas para preparar una huelga destinada a ejercer presión conducente a la aceptación plena del PCE en el nuevo régimen partitocrático.

* Una hora antes del atentado dichos dirigentes recibieron un telegrama avisándoles de que la reunión quedaba suspendida. Pero lejos de irse a sus casas, aguardaron en una cafetería cercana. Y debió ser uno de ellos el que sacó del despacho de abogados los tres millones de pesetas destinados a financiar la huelga.

* Los impactos de los disparos en la pared y en los cuerpos de los muertos y los heridos superaban holgadamente en número los que podían hacerse con las pistolas, habida cuenta, además, de que uno de los agresores se abstuvo de hacerlo. Los impactos de la pared fueron rápidamente tapados

* Detrás de aquellos a los que se imputaron los disparos se encontraron once casquillos con marca en caracteres cirílicos del calibre utilizado por las metralletas Ingram, Pero su existencia no apareció en el sumario. Años más tarde fue tomada en Italia a un terrorista de aquella nacionalidad, vinculado al atentado de la calle de Atocha, una metralleta Ingram cuyo número estaba registrado entre las de dotación del ya en ese momento CESID.

* Una tarde me visitaron en casa los padres de uno de los encausados. Habían leído mis artículos sobre el atentado y venían a pedirme que insistiera en mis argumentos pues así ayudaría a su hijo y a que se conociera la verdad. Les dije que sólo podría avanzar en la investigación si su hijo me concedía una entrevista en la cárcel y me confiaba lo que conocía de la preparación y de lo que realmente sucedió. Días más tarde volvieron cariacontecidos. La iniciativa había irritado al hijo, quien les exigió de manera abrupta que se abstuvieran del cualquier iniciativa en su favor.

EL ATENTADO DEL HOTEL CORONA DE ARAGÓN LO COMETIÓ ETA

El gobierno Suárez, bajo la dirección del vicepresidente Gutiérrez Mellado, realizó un esfuerzo desmesurado para ocultar que ETA había cometido el atentado del Hotel Corona de Aragón, el cual pudo costar la vida la viuda de Franco y a alguno de sus allegados. Fuera por cuenta propia o fuera por inducción, como en el magnicidio del 20 de diciembre de 1973, ETA escogió el escenario y la fecha con indudable sentido estratégico si lo que pretendía era extremar la tensión militar y civil, ya acentuada por la sangrienta reiteración de sus atentados. Y estuvo a punto de conseguirlo, al menos en Zaragoza. Era lo que temía el gobierno, empavorecido por el riesgo de que una salida de los cadetes de la Academia General Militar prendiera una mecha difícil de atajar. Gutiérrez Mellado se aplicó con ahínco en tres direcciones, sobre todo: bloquear la comunicación con el exterior a los cadetes y a los familiares presentes para que no conocieran la existencia del atentado hasta después de concluida la ceremonia de entrega de despachos; falsear la existencia del atentado atribuyéndolo a un incendio procedente de la churrera de la cafetería ubicada en el semisótano; y silenciar a toda costa la autoría de ETA, tarea esta última a la que se aplicó el gobernador civil, al que luego se premiaría con la subsecretaría de Interior. Laína consiguió que no se publicara la llamada de ETA a la prensa zaragozana atribuyéndose la autoría. Y el gobierno de que no trascendiera en España la reivindicación hecha posteriormente por ETA a Radio Bayona. Al propio tiempo se proporcionaba a los medios material insistente para consolidar en la opinión pública y en lo ambientes castrenses la especie del incendio de la churrera.

Estuve tres veces n Zaragoza para investigar lo sucedido. En todas esas ocasiones visité el Hotel Corona de Aragón acompañado por el jefe del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, cuyos técnicos habían investigado a fondo las causas del siniestro. El informe no dejaba lugar a dudas: la explosión se había producido en el vestíbulo del hotel, generando en torno a las 2.000 calorías y propagando el fuego escaleras abajo hacia la churrera de la cafetería. Lo evidenciaban, por ejemplo, que el lugar más afectado era el centro del vestíbulo, junto a la columna en que fue depositado el ingenio explosivo, y que un sofá estaba quemado por delante, pero no por la trasera, cercana a una rejilla de aireación que habría de ser la afectada a tenor de la teoría oficial de la churrera. Mantuve asimismo una larga entrevista con el juez instructor que, pese a los intentos de que asumiera la tesis gubernamental, concluyó que el incendio se debió a “causas exógenas”. En definitiva, a un atentado. También al magistrado se le ocultó que ETA había asumido la autoría. Sobre lo recogido en mis visitas a Zaragoza escribí detallados informes en “El Alcázar”, el último de ellos con un largo número de incisivas preguntas al gobierno que nunca tuvieron respuesta.

El gobierno interfirió por todos los medios a su alcance, que eran muchos, el recorrido judicial hasta llegar al Tribunal Supremo que años más tarde hubo de reconocer la existencia de “causas exógenas” en el origen del incendio, sin precisar que se trataba de un atentado atribuible a ETA.

Se pudo concretar que en el hotel pernoctaron tres jóvenes que se registraron con nombres falsos. Un empleado vio salir del hotel a dos de ellos muy poco antes de la explosión, dejando en el vestíbulo una bolsa de mano. No se les pudo encontrar o no se los quiso buscar. Entre los muertos hubo uno cuya cadáver quedó sin identificar y nunca fue reclamado. Llama poderosamente la atención, de otra parte, la laxitud de las medidas de seguridad en torno al hotel y en su interior cuando eran frecuentes los sangrientos atentados de ETA y en él se alojaban la viuda del anterior Jefe del Estado, varios de sus familiares y numerosos mandos militares, algunos de ellos de indudable notoriedad.

A los familiares de las víctimas, en particular las militares, se les trató de compensar y acallar mediante diversos arbitrios. Pero se cumplió el objetivo predeterminado de que muertos y heridos no fueron víctimas de ETA, motivo por el cual no se contabilizaron como víctimas del terrorismo. Una infame elusión que no corrigieron los gobiernos posteriores. Una sistemática conjura de ocultación similar a la que se reprodujo con el atentado del monte Oiz y con la matanza del 11 de marzo. Ahora, tras una larguísima pelea jurídica, ha conseguido uno de los heridos que se le reconozca una indemnización. Pero no como víctima de ETA, sino de un genérico atentado.

EL AVIÓN “ALHAMBRA DE GRANADA” FUE DERRIBADO

No sólo traigo a colación estos atentados, insisto, por mor de su sórdido trasfondo político y lo que encierran de perverso ocultamiento gubernamental. También algunos lectores que no vivieron aquellos acontecimientos han solicitado en el Foro información acerca los mismos, en particular el del monte Oiz a raíz de un esclarecedor artículo de Oscar Molina sobre seguridad aérea en el que aludía al siniestro del avión “Alambra de Granada”. También lo investigué y resumo los datos más sobresalientes del atentado.

El vuelo anterior de Iberia con destino a Bilbao fue suspendido a causa de una amenaza de atentado. No obstante se dio la salida a primera hora de la mañana al “Alhambra de Granada” en el que viajaba el ex ministro López Bravo, entonces alto directivo bancario. Tenían reservado billete en ese vuelo Francisco Fernández Ordóñez y un notorio diputado socialista cuyo nombre se resiste ahora la memoria a facilitarme. Poco antes de la salida del avión cancelaron el viaje. Habían recibido una llamada desde Barcelona advirtiéndoles que si tomaban el avión corrían peligro sus vidas. La llamada la hizo un exgobernador de Guipúzcoa que había mantenido contactos con ETA a través de una periodista de la que se decía era su amante. No avisó, sin embargo, a su compañera de bufete en Madrid, cuyo marido viajaba en ese avión, pilotado por un irreductible patriota, frecuentemente denigrado, el comandante José Luís Patino, al que cuadraba políticamente atribuirle una irregularidad en el acercamiento al aeropuerto, a despecho su bien ganada fama de concienzudo y avezado profesional.

La investigación técnica demostró que el “Alhambra de Granada” iba ya en caída libre cuando tropezó con la antena instalada en el monte Oiz. Una anciana casera declaró que vio caer el avión tras una llamarada antes de alcanzar la antena. Uno de los motores fue encontrado a distancia de dicho monte, aproximadamente a la altura de donde la anciana dijo que entró en caída al tiempo de la llamarada. El motor fue entregado aceleradamente al Mossad para su análisis y nunca se ha sabido más de él.

No se tomó la precaución, como es habitual, de cerrar de inmediato la zona del siniestro a curiosos o interesados que bien pudieron arramblar con piezas vitales para la investigación. Se ocultó con presteza que la Guardia Civil encontró un artilugio lanzagranadas en un altozano próximo a la línea habitual de descenso de los aviones con destino a Bilbao.

¿A qué pasajero o pasajeros pretendían los inductores del atentado sellar la boca con la muerte? Es la pregunta clave que a nadie interesó desentrañar. ¿Acaso la de Gregorio López Bravo? Un amigo que conversaba frecuentemente con López Bravo me dijo que en las dos últimas reuniones lo encontró muy decepcionado ante el desarrollo de los acontecimientos políticos en España y le insinuó que estaba dispuesto a sacar a la luz graves secretos que conocía. ¿Acaso lo sabía alguien importante al que las eventuales revelaciones del ex ministro podían afectarle? El periódico “Ya” comenzó a publicar unos reportajes sobre el caso en los que se recogían algunos de los datos antes anotados y algunos más. El tercero, harto más explícito, no vio la luz. Fue secuestrado. Así me lo confesó su autor, no periodista, con el que había intercambiado información.

LA ACCIÓN INSTITUCIONAL DEL 23 DE FEBRERO DE 1981

Creyeron los transaccionistas hacia la democracia partitocrática que, además de cerrar las indagatorias judiciales a las que ya he aludido, la precipitada amnistía, de la que se beneficiaron conocidos terroristas etarras en prisión, así como la recuperación del Estatuto de Vascongadas, daría sobrada satisfacción a los cabecillas de ETA y al PNV, de cuyo seno nació la banda. Pero les equivocó su antifranquismo, recién estrenado en muchos casos. ETA se dio en adelante con criminal fruición al asesinato de militares, guardias civiles, policías, políticos y paisanos de diverso rango. La tensión crecía dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, acentuada por el secuestro de las víctimas y su entierro subrepticio, todo ello a instancia del vicepresidente Gutiérrez Mellado, en el que Suárez, un trepador nato, había depositado su plena confianza para estos y otros indignos menesteres. Suárez llegó a creer que su intimidad con el monarca le garantizaba la continuidad sine die en el poder. No llegó a calibrar que trataba con un Borbón para el que era sólo un instrumento con fecha de caducidad.

Conviene recordar que el Club de Bilderberg, en cuyas listas aparece ahora la reina Sofía, celebró una reunión extraordinaria en el Hotel Son Vida de Palma de Mallorca, en septiembre de 1975, bajo la presidencia el general Haig, para tratar exclusivamente de España y Portugal. Se acordó que el tránsito a la democracia tras la muerte de Franco, una vez accedido don Juan Carlos al trono, debía encomendarse a “hombres nuevos”. No por carecer de antecedentes franquistas sino por pertenecer en su mayoría a la generación del rey, objeto de un libro esclarecedor de José Luís Navas. Todavía siendo Príncipe de España recibía discretamente en el Palacio de la Zarzuela a muchos de los que asumirían el transaccionismo democratizador, entre ellos a Felipe González, cabecilla del llamado “socialismo del interior”, creado por el SECED a instancias de Carrero Blanco, para disponer de un PSOE doméstico frente al histórico en el exilio. Y subrayo que se trataba de reuniones discretas y no secretas por cuanto los servicios de información tenían enterado a Franco de tales visiteos.

Ya desde aquellos años estaba persuadido el actual monarca de que para consolidar la monarquía precisaba que, una vez apuntalada la democracia por un gobierno centrista, que debía encabezar Adolfo Suárez, quien tan variados servicios le había prestado, era conveniente un gobierno socialista, a ejemplo de lo que ocurría en Suecia, que tenía por modelo. Se imponía una alternancia en el gobierno similar a la de dos mandatos, habitual en los USA. La ocasión para cumplir ese proyecto se consolidó a lo largo de 1980. Comenzaron en el seno de UCD, las conspiraciones contra Suárez. UCD era en realidad una ocasional amalgama de pequeños partidos de variado pelaje doctrinario, más que ideológico, muy propicio para su voladura interna. Y la ocasión llegó con el Congreso de UCD a celebrar el mes de enero en Mallorca. Suárez se vio traicionado por aquellos en quienes más confiaba, al tiempo que el monarca le forzaba a dimitir. Pero Suárez no se resignaba y con la esperanza de retornar algún día al poder contraopó con la designación de Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor, aún a sabiendas de que su osada maniobra era anticonstitucional. El monarca parecía persuadido de que la desaparición de Suárez aflojaría la ya insoportable tensión militar y civil y de que contribuiría a conseguirlo un gobierno socialista manejable a causa de la previsible mayoría relativa en el parlamento. Las amigables relaciones mantenidas con Felipe González desde hacía años contribuían sin duda a fortalecer esa presunción. La operación estaba avalada desde los USA. El poder real establecido en torno a la presidencia norteamericana contaba con varios hombres de su confianza en la dirección del PSOE que le garantizaban la disponibilidad de Felipe González para que España se incorporase a la OTAN sin que afectara a lo acuerdos bilaterales firmados en tiempos de Franco y a la permanencia de sus bases militares.

La operación de la alternancia se vio seriamente condicionada, sin embargo, por las agudas tensiones que se registraban entre los mandos militares, en cuyos cuartos de banderas circulaban con profusión escritos contra el gobierno y el sistema, algunos de los cuales recogí en mi libro “España indefensa”. El malestar por la legalización del PCE, la irrupción altanera de Santiago Carrillo, el temor a la quiebra de la unidad de España implícita en el Estado de las Autonomías y los constantes atentados del bandolerismo etarra se habían exacerbado. Y tanto el gobierno como el monarca conocieron que un grupo de coroneles, que contaban con el apoyo implícito de una amplio sector de la oficialidad, preparaba un golpe de Estado de corte nasserista. Cundió la alarma y poco a poco fue fraguando el proyecto de un contragolpe que lo anulara. Sobre el proyecto de un “golpe de timón”, a imitación del que llevó a De Gaulle al poder, trabajaban desde hacía meses adictos a la monarquía. Francisco Medina identifica en su libro a Luís María Ansón como uno de sus más entusiastas promotores.

Tampoco se daba descanso en parecida línea el general Armada, al que el monarca había retirado su confianza, cansado de que su antiguo preceptor le diera lecciones y criticara algunos de sus comportamientos. Lo sustituyó por Sabino Fernández Campo y lo alejó a un puesto de mando en Lérida. Surgió así un enfrentamiento entre ambos que influyó no poco en el desenlace de la acción institucional del 23 de febrero de 1981, cuyo primer objetivo radicaba en congelar el golpe de los coroneles disidentes. A dicho propósito obedecieron las reuniones que el teniente general Milans del Bosch mantuvo con sus representantes para anunciarles la existencia de una acción institucional encabezada por los generales y auspiciada por el rey que satisfaría sus exigencias. Los coroneles cayeron en la trampa y debieron pensar: “Que se mojen los generales”.

El golpe tipo De Gaulle preveía un gobierno de concentración bajo el mando de un militar de prestigio y de la confianza del monarca entre cuyas misiones figuraba la reforma de la Constitución. Un proyecto que coincidía con el que había trabajado asiduamente el general Armada con el concurso de profesores y periodistas y al que se debían sus encuentros en Lérida con dirigentes socialistas. En este sentido enviaba informes al monarca. La decisión de éste de forzar el nombramiento de Armada como segundo de Gabeiras tropezó con la resistencia de Gutiérrez Mellado, entre otros, y no parece que fuera del agrado de Sabino Fernández Campo, quien consciente de la gravedad de la situación acaso se sintiera postergado. Se produjo así una duplicidad que se haría patente el 23 de febrero en el palacio de la Zarcuela. La confianza del rey estaba depositada en Armada y en Sabino la de la reina. El golpe de los coroneles en Grecia y el posterior fracaso de la torpe intentona del todavía rey Constantino hicieron mella en doña Sofía y le crearon un consistente recelo hacia los militares. No era favorable a la acción institucional que se preparaba.

Llegado a este punto, y para no incidir en pormenores de la acción institucional de sobra conocidos, anotaré algunos datos generalmente silenciados:

* La llamada “operación Galaxia” no fue tal. Resulta absurdo imaginar que un militar inteligente y de sólida formación como Antonio Tejero pudiera pensar que la ocupación del Congreso de los Diputados prosperase sin contar con el respaldo activo del Ejército. Se trataba en realidad de un estudio teórico que había madurado y sobre el que debatía con su amigo Sáez de Ynestrillas en una cafetería, el lugar menos adecuado para una conspiración. Estudio de otra parte ampliamente conocido que el CESID y Juan José Rosón aprovecharon para presumir la preparación de un golpe de Estado inexistente, pero cuya divulgación como cierto y la subsiguiente represión podría servir de vacuna.

* Armada debió convencerse de que la ocupación del Congreso de los Diputados podía servir de detonante y ofrecerle la coartada para postular como salida el gobierno de concentración que había proyectado. Precisamente para que la opinión pública contemplase su aceptación por los diputados que Tejero tenía retenidos se mantuvieron abierta la cámaras de televisión, a la espera también de que para sancionarlo apareciera el “elefante blanco”, que no era Armada ni ninguno con cuyos nombres se especuló. Sólo el monarca, en mi criterio, tenía competencia constitucional para sancionar lo que aprobara el parlamento a instancias del gobierno que había de presidir Armada.

* La entrevista entre Tejero y Armada en el despacho de abogados de Pintor Juan Gris fue organizada por José Luís Cortina y su hermano Antonio, muy vinculado a la GODSA fraguista y a la CEOE cuyos dirigentes contemplaban con buenos ojos la acción institucional. Tejero se comprometió con Armada a que la ocupación del Congreso sería incruenta. Pero Armada le ocultó su propósito de encabezar a su costa un gobierno de concentración en el que estuvieran representados todos los partidos, incluido el comunista.

* Durante la tradicional reunión del Consejo Superior del Ejército la víspera del Epifanía se ajustó la estrategia de la acción institucional. Se mostraron los mejor dispuestos los capitanes generales monárquicos y el republicano González del Yerro el más reticente.

* El 23 de febrero estuvieron acuarteladas y en estado de alerta las unidades operativas de la mayoría de las capitanías generales. En varias de ellas con dotación de combate.

* El mando de la unidad de transmisiones encargada de la línea verde que enlazaba al monarca con los capitanes generales recibió dos días antes de la acción institucional orden de mantener la red libre de interferencias.

* El único civil al que Miláns del Bosch confió su plan de ocupación de Valencia, como parte de la acción institucional dispuesta por Armada en nombre del Rey, le preguntó consternado si había contado con los jefes de las unidades operativas. La respuesta de Miláns fue terminante: “Yo no conspiro. Doy órdenes”. En efecto, y como es sabido, entregó a dichos mandos un sobre sellado con las instrucciones de lo que les competiría hacer, el cual sólo abrirían cuando recibieran orden de hacerlo mediante un mensaje en clave. Tan seguro estaba Miláns del Bosch de que el rey encabezaba la acción institucional que en su nombre sacó las tropas a la calle y las retiró cuando el monarca se lo ordenó.

* Al general Aguado, que vivía en el mismo edificio que Armada, le extrañó dos noches antes de la acción institucional, la cual ignoraba, que la puerta de acceso al edificio permaneciera abierta después de la hora habitual de cierre y el conserje estuviera en su puesto. Este le informó que el general Armada tenía una reunión y le había rogado encaminar a los invitados. En ese momento entró el general Gabeiras y a Aguado le llamó la atención su sobresalto mientras lo saludaba. Se escondió en un recoveco del amplío vestíbulo y vio entrar a la mayoría de los que luego aparecerían en la lista de gobierno de Armada, además del marqués de Mondéjar. Señal inequívoca ésta última, a mi parecer, de que el monarca estaba tras la acción institucional. El general Aguado, a petición de don Adolfo de Miguel, defensor de Tejero, aceptó testificar sobre este extremo. Pero primero el juez instructor y luego el Tribunal Militar denegaron la prueba.

* Tejero y sus oficiales conocían que al menos 47 parlamentarios disponían de armas cortas. El grueso de la fuerza que debía acceder al hemiciclo tras de Tejero se entretuvo más de lo previsto en recoger las armas de los policías encargados del servicio de seguridad del Congreso, los cuales las entregaron de buen grado. Las imágenes de la entrada de Tejero en el hemiciclo evidencian que inicialmente sólo le seguían media docena de efectivos entre oficiales y números.

* Armada había organizado la operación de tal suerte que ninguno de los que intervinieron o se comprometieron a intervenir, salvo acaso José Luís Cortina y Calderón, conocían la operación en su conjunto, Sólo lo que directamente afectaba a cada sector. Gutiérrez Mellado estaba informado por el CESID de una parte de lo que se tramaba. Y en particular de que no corría peligro. Esa convicción fue la que le indujo a plantar cara a los ocupantes, posiblemente en la creencia de que los diputados seguirían su ejemplo y abortarían la operación, habida cuenta de que Tejero y sus hombres cumplirían el compromiso contraído de no hacer sangre. Fue en ese instante cuando uno de los tenientes disparó su metralleta al techo para intimidar a los parlamentarios y evitar una posible carnicería.

* El guardia civil que se situó junto al escaño que ocupaba Adolfo Suárez me contó durante la vista del proceso que el todavía presidente del gobierno se volvió airado a Gutiérrez Mellado y le dijo: “Esto no era lo acordado”. Parece evidente que no fueron pocos los que, de una u otra manera, estaban al tanto de la operación Armada.

* Al producirse la entrada de Tejero y sus hombres en el Congreso de los Diputados los componentes de la Brigada de Información fueron invitados por un superior a tomar las metralletas y acudir a apoyarlo. Pero ya estaban casi a las puertas del Congreso cuando se les ordenó el retorno. Así me lo relató un inspector de dicha Brigada. Laína encabezaría poco más tarde la comisión de subsecretarios que asumió la figura de un gobierno de emergencia en sustitución del inmovilizado en el Congreso. Su influencia en el desenlace fue harto menos resolutiva de lo que luego se propaló. En circunstancias tan confusas como la acción institucional propenden los que ganan a ponerse medallas.

* Pese a ser el jefe de la JEME y superior directo de Armada, el teniente general Gabeiras se mantuvo en pie junto a la mesa que ocupaba aquél y desde la que hacía llamadas telefónicas y daba órdenes ante 17 subordinados de diverso grado. Una confirmación más de que Gabeiras estaba en la trama. Una vez consolidada la operación Tejero, abandonó Armada la mesa y alzando en su mano derecha un ejemplar de la Constitución anunció: “Voy al Congreso para formar gobierno”. Gabeiras no opuso objeción alguna. Un teniente coronel le preguntó si le acompañaba junto a otros de los presentes. Respondió que no lo precisaba. Está comprobado que transcurrió algo más de media hora desde su salida de la Jefatura del Estado Mayor del Ejército, en Cibeles, a la Carrera de San Jerónimo. ¿Dónde estuvo? Uno de tantos misterios de la acción institucional. Corrió la voz de había acudido al palacio de la Zarzuela. Pero Sabino Fernández Campo se apresuró a desmentirlo.

* El mensaje del monarca a través de TVE fue grabado a las 22,30. Pero no se transmitió hasta casi tres horas más tarde. ¿Por qué ese retraso si para cuando se grabó ya estaba desfondada la operación? Una lectura minuciosa y suspicaz del mensaje real evidencia una calculada ambigüedad y que habría valido igual en el caso de que Tejero no hubiera impedido el acceso de Armada al hemiciclo y se formara el gobierno que había configurado con la aquiescencia de quienes habrían de integrarlo. Incluso la interpolación de un par de líneas, fáciles de suprimir sin que se perciba en una grabación estática como aquella, habría servido en el supuesto de un gobierno como aquel para cuya instauración creyó Tejero que se le había implicado en la acción constitucional.

* La noche del 23-F también tuvo mucho de esperpéntico en el vecino Hotel Palace. Allí establecieron su puesto de mando los generales Aramburu y Sáenz de Santamaría. El vestíbulo estaba abarrotado de periodistas, políticos, policías y militares que entraban y salían continuamente. De vez en cuando accedían ujieres del Congreso portando grandes cestos para recoger bocadillos, escoltados por guardias civiles ocupantes. Pero nadie tomaba decisiones y los cordones de seguridad establecidos en los accesos a la Carrera de San Jerónimo más parecían destinados a preservar la ocupación que para contribuir a su liquidación. No opusieron resistencia alguna a que Pardo Zancada y sus hombres accedieran al Congreso. ¿Qué esperaban Aramburu y Sáenz de Santamaría para tomar decisiones? Sólo cuando Armada regresó del Congreso, derrotado por Tejero, comenzaron a moverse, aunque de manera incierta, como si carecieran de instrucciones precisas. Se sintieron liberados cuando Armada firmó el famoso “pacto del capó”.

* La unidad militar de transmisiones controló y anotó durante el juicio en la sede del Servicio Geográfico Militar las llamadas telefónicas que hacían o recibían los encausados. Todas menos las de Armada y José Luís Cortina en cumplimiento de órdenes superiores. Un sospechoso privilegio, sin duda.

* Durante la mañana de la vista de la causa en que tocó el turno a José Luís Cortina el fiscal le sometió a un inclemente e infructuoso interrogatorio que el tribunal suspendió con aparente anticipación para continuarlo por la tarde. Se supo entre los procesados que Cortina, malhumorado, hizo una llamada telefónica en el interregno. Cuando se reanudó la vista el fiscal cubrió con brevedad el expediente y ante la sorpresa general renunció a hacer más preguntas.

* Cuando se repasan las penas impuestas a los encausados, sólo una parte muy reducida de los militares y civiles que colaboraron con Armada en la preparación y ejecución de la acción institucional, resulta llamativo que fueran precisamente los procesados del CESID quienes salieron mejor parados, pese a ser, con Armada, los que la montaron y conocían todos sus entresijos. Existió un desmesurado interés político y judicial reduccionista a la hora de los procesamientos y en dejar a salvo otras implicaciones, en particular la extensa trama civil con cuya colaboración contó Armada. Algunos de los que colaboraron activamente en los preparativos de la acción institucional estaban en la lista de gobierno. Había que cargar la responsabilidad sobre selectivas cabezas de turco para evitar perjudiciales salpicaduras. Era difícil salvar a Armada, pero se contaba con su silencio por su devoción hacia la monarquía y al efecto hacia su titular, del que había sido preceptor y fiel secretario de la casa real. Miláns y Tejero, en particular este último, fueron los elegidos para atribuirles la condición de “sargento Vázquez”.

* Tiempo más tarde, al hilo de los tópicos aniversarios, una de las cadenas de televisión dedicó el programa “La máquina de la verdad” al 23-F. Estaban invitados para el debate varios periodistas, entre ellos los que habían escritos libros al dictado de Calderón, y algunos políticos de escasa monta. Pero el invitado estrella era el capitán de la Guardia Civil Gil Sánchez Valiente, ligado al CESID hasta que concluyó la acción institucional. Sánchez Valiente escapó de España llevando consigo un maletín con documentos comprometedores, según se comentaba con insistencia. Permaneció en los USA durante un prolongado periodo, al decir de algunos, protegido por la CIA, lo que no pudo ser probado. Pero a lo que iba: Sánchez Valiente se sometió a un interrogatorio conectado a la máquina de la verdad. Salió airoso de todas las preguntas. La última fue la más comprometida: ¿Quién era el esperado “elefante blanco”?. Sánchez Valiente, ante el estupor del presentador y de los asistentes, respondió sin vacilar: “El Rey”. El intérprete de la máquina anunció que no mentía. El presentador, consternado, requirió que se repitiera la prueba dos veces más con el mismo resultado. Como el programa no era en directo hubo tiempo para sustituir ese final y trucar uno neutro. Así me lo relató luego uno de los presentes.

LA OCULTACIÓN, LA FALACIA Y EL SECTARISMO COMO SISTEMA

El anterior rebobinado pone de manifiesto que el actual sistema se ha construido sobre corrompidos materiales históricos que lo impregnan. Aquellos mismos en buena parte que prostituyeron y desfondaron en gran medida los procesos democráticos desde la constitución de Cádiz a la de 1978. Una historia perversa de conspiraciones, de iluminismo, de violencia, de arbitrariedad, de corrupción y de sangre que alcanzó brutal dimensión el 11 de marzo en Madrid y cuyas consecuencias nos retrotraen, ahora en el interior de España, al abismal hundimiento nacional del 98 y a la disolvente remembranza izquierdista del frentepopulismo. Sobre la sangre y la traición se persigue hoy desde el gobierno y sus aliados ganar la guerra revolucionaria que provocaron y perdieron hace 66 años. En esas estamos.