Calin Georgescu, un candidato nacionalista y prorruso, obtuvo una sorprendente victoria en Rumanía.

En diciembre de 2024, Rumania se vio sacudida por una decisión sin precedentes: el Tribunal Constitucional del país anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que Calin Georgescu, un candidato nacionalista y prorruso, había obtenido una sorprendente victoria. La justificación oficial fue la supuesta injerencia extranjera, señalando a Rusia como posible actor detrás de una campaña masiva de desinformación en redes sociales, especialmente TikTok. Sin embargo, esta intervención, respaldada por la Unión Europea (UE) y sus instituciones, ha levantado serias críticas que acusan al bloque europeo de actuar de manera autoritaria, emulando las tácticas de control político que se asocian con la Rusia de Vladimir Putin.

La victoria de Georgescu, un outsider político con un discurso euroescéptico y contrario a la OTAN, generó alarma en Bruselas y entre los partidos tradicionales rumanos. Aunque su ascenso fue meteórico y levantó sospechas por el uso intensivo de redes sociales, la anulación de los resultados ha sido vista por muchos como un intento de las élites europeas de sofocar una voz disidente. La UE, que se presenta como garante de la democracia y los valores liberales, apoyó tácitamente la decisión, lo que ha alimentado la narrativa de que el bloque está dispuesto a sacrificar procesos democráticos legítimos para preservar su hegemonía política. Este precedente plantea preguntas inquietantes: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la UE para mantener el control? ¿Se está convirtiendo en una autocracia encubierta, similar a los sistemas que critica?

los defensores de la anulación argumentan que la intervención era necesaria para proteger la democracia de influencias externas maliciosas. Según informes desclasificados por el Consejo Supremo de Defensa rumano, Georgescu habría recibido un impulso artificial mediante miles de cuentas falsas en redes sociales, lo que habría distorsionado el proceso electoral. La UE, en este sentido, se posiciona como un baluarte contra las tácticas híbridas de desestabilización que atribuye a Rusia. Sin embargo, la falta de claridad en las pruebas y la rapidez con la que se actuó han generado desconfianza. Si la democracia implica respetar el voto, incluso cuando los resultados no son los deseados, ¿no debería la UE haber permitido que el proceso siguiera su curso mientras se investigaba?

El caso rumano pone de manifiesto una paradoja: la UE podría estar adoptando métodos que erosionan su propia legitimidad democrática. La centralización del poder en Bruselas, la presión sobre los estados miembros para alinearse con su visión y la disposición a intervenir en procesos nacionales recuerdan, para algunos analistas, el control que Moscú ejerce sobre su esfera de influencia. La diferencia radica en el envoltorio: mientras Rusia lo hace con mano dura, la UE lo hace bajo el manto de los “valores europeos”. Pero el resultado, para los ciudadanos que ven sus votos anulados, puede percibirse como el mismo: una democracia que ya no lo parece tanto.

El futuro de Rumania y de la UE dependerá de cómo se gestione esta crisis. Las nuevas elecciones, previstas para mayo de 2025, serán un termómetro clave. Si la UE y las élites rumanas no logran recuperar la confianza de la población, el descontento podría alimentar aún más el auge de fuerzas nacionalistas y euroescépticas, paradójicamente el escenario que Bruselas quería evitar. Mientras tanto, la sombra de una autocracia planea sobre un proyecto europeo que necesita urgentemente demostrar que puede conjugar democracia y estabilidad sin caer en las tentaciones del control absoluto.

Por lo pronto, Georgescu, que sigue siendo el favorito en las encuestas, ha sido detenido y se le prohíbe ser candidato. La autocracia se impone sobre la democracia y la piratería sobre los derechos y libertades.