Antonio R. Naranjo.- Los ERE son el mayor caso de corrupción de la historia: hubo otros, en todas las latitudes cromáticas, pero ninguno se perpetró desde el propio Gobierno y las instituciones andaluzas, a falta de que concluyan los múltiples escándalos que acechan a Pedro Sánchez y veamos si lo supera, que no es descartable.

Durante años, la Junta de Andalucía se sirvió de recursos públicos para generar un sistema clientelar que, en síntesis, dopaba al PSOE en las citas electorales domésticas y reforzaba el mayor granero de voto socialista para toda España. Aunque nadie lo señale, todas las elecciones generales de aquellos años también estuvieron condicionadas por ese chute andaluz destinado a gobernar endémicamente en Andalucía pero, también, a ayudar a Felipe y sobre todo Zapatero a tener más diputados en el Congreso.

Que los dos principales condenados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, llegaran a la presidencia del PSOE, no es casual. Es la prueba de la conexión estable de toda esta trama con Ferraz, rematada ya en tiempos de Pedro Sánchez con la obscena manipulación del Tribunal Constitucional para anular buena parte de las sentencias y convertir a los dos reos en mártires de la causa socialista.

Cuando Sánchez, con Conde-Pumpido en el TC ejerciendo un papel similar al de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General, intervino en auxilio de sus compañeros, probablemente se estaba exonerando a sí mismo en calidad de secretario general de un PSOE embarrado, hasta las trancas, por una trama de la que se benefició.

El pucherazo, en términos judiciales, puede ahora revertirse por la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de enfrentarse a la cacicada de Conde-Pumpido y sus mariachis.

En un acto de decencia y rigor, el tribunal le ha dado ya un varapalo tremendo al abuso, defendiendo su trabajo y el del Tribunal Supremo, y anunciando que acudirá a la Justicia europea para enmendar el apaño y recuperar la vigencia de su fallo.

La decisión, además de impecable desde el punto de vista de técnica jurídica, es un aldabonazo en la defensa del Estado de derecho, asaltado por Sánchez y sus ‘grupis’ con toga, que han convertido fraudulentamente el Tribunal Constitucional en un órgano de casación para enmendar todo aquello que disguste al líder socialista, contraviniendo su misión y arrogándose unos poderes que no tiene.

El propio Tribunal Supremo ya recordó, hace escasos días, que la máxima autoridad judicial la encarna él, que el TC solo puede entrar en materias muy concretas relativas a los derechos fundamentales y los preceptos constitucionales y que, alterar esas funciones para situarse en la cúspide jurídica, puede ser objeto de acciones legales contra los magistrados que lo intenten. Con el ínclito Pumpido como maestro de esas misas negras.

Los regímenes autoritarios se caracterizan por subordinar las instituciones al partido y generar un Estado falsamente democrático en el que todas ellas actúan al dictado del autócrata de turno, para dar apariencia de legalidad al abuso general. Los valientes que se opongan a ello no solo defienden la dignidad de su trabajo, sino que dan una esperanza a la propia democracia. Y por ello hay que aplaudirles y animarles. No están solos.