El gobierno federal de Estados Unidos anunció el miércoles 12 de marzo de 2025 que ha cesado la colocación de niños inmigrantes no acompañados en los refugios operados por Southwest Key Programs, una organización sin fines de lucro con sede en Austin, Texas.

Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) confirmó que todos los menores que se encontraban en estas instalaciones han sido trasladados a otros refugios en el país. Esta medida responde a graves acusaciones de abuso sexual y acoso presentadas por el Departamento de Justicia (DOJ) en una demanda interpuesta en julio de 2024, que señala un patrón de conducta indebida por parte de empleados de la organización hacia los niños bajo su cuidado.

Southwest Key Programs, que hasta hace poco era el mayor proveedor de alojamiento para menores migrantes no acompañados en Estados Unidos, operaba 27 refugios distribuidos en Texas, Arizona y California, con capacidad para albergar a más de 6,300 niños. Estos menores, en su mayoría provenientes de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, llegan a la frontera sur sin padres ni tutores legales y son puestos bajo la custodia del HHS hasta que se reúnen con familiares o se les asigna un patrocinador verificado. La organización, que ha recibido más de 3 mil millones de dólares en fondos federales entre 2015 y 2023, había sido un socio clave del gobierno en esta tarea durante casi dos décadas.

Sin embargo, la relación entre Southwest Key y el gobierno federal se vio gravemente comprometida tras la demanda del DOJ. El documento legal, presentado en el Distrito Oeste de Texas, alega que desde al menos 2015 hasta 2023, múltiples empleados —incluidos supervisores— sometieron a los niños a «acoso sexual severo y generalizado». Entre los incidentes detallados se encuentran casos de abuso sexual, violaciones, solicitudes de actos sexuales y fotos desnudas, así como amenazas para silenciar a las víctimas. Un ejemplo escalofriante incluye a un trabajador en Casa Franklin, El Paso, que presuntamente abusó repetidamente de tres niñas de 5, 8 y 11 años, amenazando con matar a sus familias si lo denunciaban. Otro caso documentado relata cómo un empleado en Arizona llevó a un niño de 15 años a un hotel durante varios días para pagarle por actos sexuales.

La respuesta del gobierno

El HHS, encargado de supervisar el cuidado de estos menores a través de su Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), emitió un comunicado confirmando la suspensión inmediata de nuevas colocaciones en los refugios de Southwest Key. «Esta acción refleja nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de cada niño bajo nuestra custodia», señaló el departamento, subrayando su política de «tolerancia cero» hacia el abuso sexual y el acoso. Los niños que aún estaban en las instalaciones —cuyo número exacto no fue especificado— han sido reubicados en otros refugios operados por diferentes proveedores, un proceso que, según fuentes del HHS, se completó con celeridad para minimizar el impacto en los menores.

La decisión llega ocho meses después de que el DOJ iniciara su acción legal, que busca no solo sanciones civiles y compensación para las víctimas, sino también una orden judicial que obligue a Southwest Key a implementar reformas para prevenir futuros abusos. El secretario del HHS, Xavier Becerra, había advertido previamente que las acusaciones planteaban «serias preocupaciones sobre patrones o prácticas» en la organización, y prometió trabajar con el DOJ para garantizar la rendición de cuentas.

Reacciones y antecedentes

Southwest Key, por su parte, ha cuestionado las acusaciones desde el inicio. En julio de 2024, su portavoz, Anais Biera Miracle, afirmó que la demanda «no presenta una imagen precisa del cuidado y compromiso que nuestros empleados brindan a los niños». La organización insistió en su colaboración continua con el gobierno y su dedicación a la seguridad de los menores, pero no ha emitido una respuesta oficial al anuncio del HHS del 12 de marzo.

El caso ha reavivado el debate sobre la supervisión de los refugios para migrantes. Durante la administración Biden, más de 500,000 menores no acompañados cruzaron la frontera sur desde 2021, un aumento récord que puso presión sobre el sistema de cuidado. Southwest Key creció exponencialmente en este contexto, recibiendo cerca de 980 millones de dólares solo en el año fiscal 2024. Sin embargo, críticos como Neha Desai, del National Center for Youth Law, han argumentado que el gobierno sabía de condiciones abusivas en varias instalaciones de Southwest Key desde hace años, cuestionando por qué se mantuvo la dependencia de este proveedor pese a las señales de alerta.

La suspensión marca un punto de inflexión para Southwest Key, que podría enfrentar la pérdida permanente de sus contratos federales si las acusaciones se sostienen en los tribunales. Para el HHS, el desafío ahora es garantizar que otros proveedores puedan absorber la demanda de alojamiento sin comprometer la calidad del cuidado. La reubicación de los niños a otros refugios también plantea interrogantes sobre la capacidad y las condiciones de estas alternativas, en un momento en que el flujo de menores migrantes sigue siendo un tema candente en la política estadounidense.

Mientras el proceso legal avanza, esta medida del gobierno federal subraya un intento por responder a las fallas sistémicas expuestas por el caso Southwest Key. La atención se centra ahora en las víctimas, cuya búsqueda de un «sueño americano» —como lo describió el fiscal Alamdar S. Hamdani— se convirtió en una pesadilla, y en las reformas necesarias para evitar que la historia se repita. En un país dividido por el tema migratorio, el destino de estos menores sigue siendo una prueba crítica de los valores y la eficacia de sus instituciones.