El pasado 28 de febrero se cerró una operación de Europol que dejó 25 detenidos, 8 de ellos en España. Se les acusó de tenencia y distribución de pornografía infantil. El cabecilla de esta red, un ciudadano danés, generaba las imágenes con inteligencia artificial y luego las distribuían. No eran víctimas reales, pero el delito sí lo es.

Esta operación de Europol muestra cómo están cambiando las cosas al otro lado de las pantallas, que van más rápido que la propia legislación. Y es ahora cuando estamos viendo cómo las administraciones tratan de adaptarse a esas realidades. Un camino muy largo que empieza en las aulas, empieza por la educación y por la prevención, y acaba en los juzgados, cuando se traspasa la línea del delito.

El Gobierno ha dado luz verde a la Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales y plantea una serie de medidas que vamos a dividir en dos grandes grupos. La primera, las medidas con consecuencias penales, que contemplan nuevos tipos de delito ligados a las redes sociales y la inteligencia artificial. Y el segundo grupo, las medidas que tienen que ver con la educación.

Tablets y móviles fuera de las aulas

La Educación está transferida a las comunidades autónomas. Administraciones que están comenzando a reaccionar al limitar el uso de dispositivos digitales como ha hecho ya la Comunidad de Madrid y Murcia. Esta ha reducido el uso de portátiles y tablets a una hora diaria en Primaria y a dos horas en la ESO. Además, recomienda a los colegios evitar el abuso de videojuegos para la enseñanza.

A nivel estatal, ¿qué propone este proyecto ley en relación a los alumnos según sus edades?

Lo primero que recomienda la ley es que los menores de 6 años solo hagan uso de los dispositivos digitales acompañados de los profesores. Piden que sea prioritaria la enseñanza analógica en toda la Primaria. En la ESO y FP proponen el uso de ordenadores, pero solo como herramienta didáctica, justificada y supervisada.

Es una de las mayores preocupaciones que tienen ahora mismo los padres. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, asegura que es un asunto de “claro impacto social” de “una preocupación de un enorme porcentaje de la población”. De hecho, ha agregado que la edad media en España para que los menores tengan móvil es de 11 años y que de los que los tienen, el 99% están en redes sociales.

“Hemos logrado una norma, por supuesto, integral, omnicomprensiva, que aborda los problemas fundamentales de los menores en su acceso a Internet y que lo hacemos con un altísimo grado de participación de organismos públicos y privados que tienen algo que decir en esta tramitación de esta norma”, ha asegurado el ministro.

Luego, les tocará regularlo a los colegios e institutos de acuerdo con la normativa que apruebe cada comunidad autónoma.

Y los profesores, ¿cuál es su papel según esta ley?

Primero, deja en sus manos ese control del uso de las pantallas en los centros educativos y, segundo, les obliga a seguir cursos de formación para que ese uso de los dispositivos sea respetuoso con la privacidad de los niños, con la propiedad intelectual y se ajuste a la normativa de ciberseguridad.

Consecuencias penales: eleva a los 16 años la edad para tener redes
La educación es importante también para prevenir, para que los niños sepan protegerse de las amenazas que pueden estar ocultas detrás de una pantalla. Pero cuando esas amenazas se convierten en realidades, en esta ley también se contemplan consecuencias penales novedosas, por ejemplo con el uso de la inteligencia artificial.

Se añaden nuevos delitos en el Código Penal para castigar, por ejemplo, los montajes de imágenes pornográficas con Inteligencia Artificial e incluyen órdenes de alejamiento virtual para los que cometan esos delitos contra los menores. Además, se considerará delito poner a disposición de menores ese contenido pornográfico en la red y se permite la intervención judicial para interrumpir un servicio digital que esté ofreciendo contenido inadecuado a menores.

La ley obliga a los fabricantes a incluir de serie sistemas de control parental de serie y eleva a los 16 años la edad mínima de acceso a las redes sociales.