Vicente Vallés.- He expuesto en varias ocasiones las bondades democráticas que, según el criterio de quien la firma, supone que las legislaturas lleguen a término y, como consecuencia, se evite el adelanto de los procesos electorales solo motivado por el interés partidista de quien las adelanta.

Los ciudadanos son convocados a las urnas para elegir a sus representantes para un periodo de cuatro años. Y esos representantes tienen la obligación de gestionar los asuntos públicos durante ese tiempo. Si los votantes han decidido que nadie disfrute de una mayoría suficiente, es responsabilidad de las instituciones resolver ese problema, y es responsabilidad de quienes han votado asumir las consecuencias de su voto.

Pero si examinamos la cuestión desde la perspectiva del poder el análisis varía, porque un gobernante ha de atender a los usos democráticos, que no siempre están escritos. Igual que la costumbre es fuente de derecho (derecho consuetudinario), también es una guía para la actuación política: en las democracias liberales se considera que el poder ejecutivo no está en condiciones de ejercer su labor -y pierde su legitimidad- si no consigue el apoyo del poder legislativo a los presupuestos. Y ante una circunstancia como esa, el «derecho consuetudinario» establece que el jefe del gobierno dispone de dos opciones: o convoca elecciones, o se somete a una cuestión de confianza. En este segundo caso, si no consiguiera la confianza del parlamento, se deben convocar elecciones.

Ha dicho el presidente Pedro Sánchez que, a pesar de no disponer de presupuestos actualizados desde hace quince meses, no convocará elecciones «porque España necesita estabilidad». Pero la estabilidad solo está en condiciones de aportarla, precisamente, un gobierno que tiene la confianza del Congreso. No hay mayor inestabilidad que la de un gobierno en minoría parlamentaria, ni peor ejemplo de ingobernabilidad que la ofrecida por un gobierno de coalición, con ministros que se dividen en las votaciones parlamentarias.

Estar en el poder no es sinónimo de gobernar. La estabilidad de un país no se asegura, necesariamente, evitando elecciones, sino con gobiernos sólidos. Y no es el caso.