Ramón Pérez-Maura.- Con perdón por la auto cita, ayer decía aquí que las declaraciones de Ramón Tamames en Trece TV invocando el artículo 8.1 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas intervengan en defensa de la Constitución quizá fuesen un brindis al sol. Me dice quien habló con él después del programa que lo afirmaba completamente en serio y que él, que había tenido esa misma tarde una sesión de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, dice no ser el único que lo piensa.

Yo recordaba que el problema es que el mando ejecutivo sobre el Ejército lo tiene el Gobierno y obviamente no va a actuar el Gobierno contra sí mismo. Horas después teníamos la prueba del algodón de lo que está pasando. Como ustedes ya saben, el Ministerio de Defensa ha prohibido a la presidente de la Comunidad de Madrid co-presidir desde la tribuna una jura de bandera por parte de civiles en Alcobendas. Un acto que es normal que en cada comunidad co-presida el presidente de la comunidad autónoma. Hay testimonio gráfico de ello en comunidades gobernadas por socialistas y populares. Pero no. El Gobierno ha decidido que va a vetar la presencia de Díaz Ayuso.

Tiene delito que la ministro de Defensa se atreva a vetar la asistencia a la tribuna de la presidente de la comunidad cuando según el Real Decreto 2099/83 en actos en las comunidades autónomas la precedencia es de quien preside la comunidad. Es decir, que Ayuso es la primera autoridad del Estado en la Comunidad de Madrid y de acuerdo con la legislación vigente pasa por delante de los ministros, no del presidente, pero sí de todos los ministros. Esto podrá gustar más o menos, pero es así incluso cuando el presidente de una comunidad autónoma era alguien como Carles Puigdemont. Esto es lo que hay.

A pesar de la Ley, que a este Gobierno le importa una higa, el Gobierno ha vetado la presencia de la primera autoridad de la Comunidad de Madrid en un acto en la Plaza Mayor de Alcobendas. Me sorprende lo imprudentes que son los frentepopulistas que nos gobiernan. Especialmente siendo magistrados como lo es la ministro Robles. Tal vez Díaz Ayuso haría bien en aprovechar esta enfermiza obsesión en su contra y acudir al acto forzando a la Policía Nacional —¡qué placer sentiría el Delegado del Gobierno!— a que le impidan por la fuerza acceder a la tribuna de autoridades. Acto seguido, Ayuso debería personarse en el juzgado de guardia e instrucción y querellarse contra las autoridades civiles y militares responsables. Eso tiene consecuencias. No invitar a ministros al 2 de Mayo solo tiene un resultado: que se vayan de puente. Y que no busquen la comparación con el veto a Félix Bolaños para acceder a la tribuna en la Puerta del Sol: no había avisado de su asistencia y, por lo tanto, quizá fue una torpeza, pero no fue una ilegalidad como la que ayer se conoció. Esto es flagrantemente ilegal y los militares deben tener cuidado de participar en actos ilegales.

Si no quieren autoridades civiles (parece que también se ha vetado la presencia de la propia alcaldesa de Alcobendas) lo menos que cabría pedir es que la jura de bandera tenga lugar en un acuartelamiento. Porque cabe deducir que, si el acto público congregando a un número relevante de población tiene lugar en la plaza mayor de un municipio, tendrá que haberlo autorizado la autoridad civil competente. O ¿es que ya se ha producido la intervención a la que aludió Tamames, pero al revés? ¿Está en marcha el golpe de Estado contra la Constitución? Al menos sí que lo parece…