Bruselas destinó casi 80 millones de euros a ONG en Hungría y en Polonia para «desestabilizar» a los gobiernos patriotas de Orbán y del PiS
Un reciente informe del centro académico húngaro MCC Brussels —con sede en Bruselas— revela cómo la Comisión Europea utiliza el presupuesto común para financiar organizaciones afines al «europeísmo progresista», muchas de las cuales operan como brazos políticos contra gobiernos soberanistas en Europa Central.
Sólo a través del programa Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), Bruselas ha canalizado 41 millones de euros a ONG en Hungría y 38 millones en Polonia. Lejos de destinarse a fines neutrales o asistenciales, una parte sustancial de estos fondos ha ido a parar a organizaciones implicadas directamente en campañas de agitación contra gobiernos legítimos, como el de Viktor Orbán en Budapest o el anterior Ejecutivo del PiS en Varsovia. Estas entidades actúan, en la práctica, como instrumentos de injerencia política al servicio del proyecto federalista que promueven las élites comunitarias.
El informe denuncia que, bajo la apariencia de promover los llamados «valores de la UE», ha construido «una red de propaganda por delegación«, en la que ONG y think tanks actúan como «instrumentos ideológicos» al servicio del proyecto federalista europeo. La estrategia, lejos de fomentar el pluralismo político, se ha convertido en una herramienta de presión contra gobiernos que no comparten la visión progresista del establishment comunitario.
En el caso de Hungría, la fundación Ökotárs —que recibió más de tres millones de euros— fue señalada por el Gobierno de Orbán como un «centro de distribución local de influencia extranjera». En Polonia, tras la derrota del partido conservador Ley y Justicia en las elecciones de 2023, una de las fundaciones receptoras de fondos comunitarios celebró abiertamente el resultado, destacando el papel de la «presión de la UE y la sociedad civil» en el cambio de Gobierno.
El informe del MCC Brussels va más allá: documenta cómo la Comisión ha destinado miles de millones de euros a través del programa CERV y otras líneas presupuestarias para impulsar su agenda política, incluyendo la creación de un Estado federal europeo y la imposición de la agenda ‘woke’: inmigración, género y fanatismo climático. «Este modelo de propaganda por delegación es fundamentalmente antidemocrático», concluye el estudio.
