Pantano de la Almendra, en Salamanca.

Jorge Sanz Casillas.- A comienzos de esta semana, hubo una información que pasó un tanto desapercibida entre las rufianadas habituales. La noticia era que la Unión Europea señalaba siete proyectos de minería española como fundamentales para el futuro comunitario, lo que se traduce en una protección y financiación especiales. Siete localizaciones de las 47 que marcaron desde Bruselas son españolas, lo que nos convierte en el segundo país de la Unión —solo por detrás de Francia— en número de proyectos valiosos.

Me acuerdo de esta noticia después de ver a Pedro Sánchez exponiendo su posición ante el plan de rearme al que nos ha llamado Europa. Y me acuerdo después de ver lo triste que resulta tener un presidente sin plan, sin presupuestos y sin votos para aprobarlos. Un presidente que lo único que tiene es una investidura, un Falcon y un país para vender por piezas. El único plan que conoce Sánchez, a la vista de los hechos, es el de su supervivencia personal. Un plan que no va más allá de la siguiente votación, lo que me confirma en la hipótesis de que en España hace tiempo que no se legisla nada con vocación de perdurar. Bueno, hace tiempo que no se legisla nada, en general, o nada de lo que sentirse orgulloso de aquí a treinta años.

En el año 2009, con Zapatero como presidente, la Dirección General del Agua autorizó a la Confederación Hidrográfica del Júcar a redactar un proyecto para adecuar y drenar el barranco del Poyo con un presupuesto estimado de 221 millones, que es menos de lo que le costó Neymar al Paris Saint-Germain o menos de lo que tienen presupuestado los ministerios de Juventud o de Consumo, carteras de dudosa utilidad puestas para comprar el voto de Sumar a la investidura de Sánchez. Aquella adecuación del barranco del Poyo nunca se hizo (ya saben: la crisis económica, los brotes verdes, las pensiones congeladas…) y en 2024 llegó una dana y se llevó 227 vidas solo en Valencia, donde ahora estiman que el coste de los destrozos alcanza los 18.000 millones. Es decir, por esa torpeza, ya sea ideológica o financiera, vamos a pagar (solo en dinero, ya no hablo de vidas) 81 veces más de lo que nos hubiera costado prevenirlo.

Imagina por un momento que esto ocurre en una empresa privada. Y que ocurre por ejemplo en una consultora, en un banco, en una aseguradora. Y que uno de los jefes rechaza gastarse, pongamos, un millón de euros en un antivirus fiable que proteja los equipos de sus trabajadores. E imagina que por no hacerlo les provocan un daño informático valorado en 81 millones de euros (más el lucro cesante y la pérdida de información correspondiente). ¿Dónde estaría ese responsable? Pues donde debería estar Sánchez desde julio de 2023: buscándose la vida.