Un modelo regulatorio claro: Seguridad y ética en el trabajo sexual español
La industria del placer ha sido una constante en la historia de la humanidad, adaptándose a los cambios sociales, culturales y legales de cada época. En nuestra actualidad, unos de los modelos de negocios nacidos de esta particular actividad son las casas de citas. Dichos establecimientos generan debates significativos sobre su impacto económico, su regulación y su papel en la sociedad. Mientras algunos las consideran una actividad comercial legítima, otros cuestionan sus implicaciones éticas y sociales.
Para muchas asociaciones y grupos de activistas que apoyan a las trabajadoras sexuales, esta industria debe ser vista como una actividad laboral legítima que necesita ser regulada para garantizar los derechos de quienes la ejercen. Abogan por la regularización del trabajo sexual, lo que les permitiría acceder a derechos laborales, seguridad social y condiciones más dignas de trabajo. Desde esta perspectiva, la prostitución es entendida como una opción profesional, y no como una forma de explotación.
Por el contrario, otra parte de la sociedad, El movimiento abolicionista defiende la erradicación de la prostitución a través de la criminalización de los clientes y los proxenetas, al igual que el modelo nórdico (adoptado en países como Suecia). Consideran que la prostitución es una manifestación de opresión y no debe ser aceptada como una práctica normalizada.
Ciertamente, se trata de dos puntos de vista muy polarizados. Un análisis de distintos modelos regulatorios puede aportar información valiosa para encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de las trabajadoras, la seguridad de los clientes y la percepción de este tipo de negocios dentro de la sociedad.
Percepción Social
Diferentes estudios sociológicos han abordado la percepción de la prostitución y las casas de citas en la sociedad actual. Un informe de la Fundación Scelles (2021) destaca que la regularización del trabajo sexual en ciertos países ha reducido la criminalidad asociada a la industria y ha mejorado las condiciones de las trabajadoras. En contraste, en países donde la prostitución es ilegal, como en Francia desde la implementación de la ley de penalización del cliente en 2016, han aumentado los casos de violencia contra las trabajadoras sexuales debido a la clandestinidad en la que deben operar.
La existencia de la prostitución y lugares donde se es legítimo ejercerla siempre concluye en enfrentamiento. Algunos sectores ven estos establecimientos como una forma de regular y dignificar una actividad que ha existido siempre, otros consideran que perpetúan desigualdades y estereotipos de género. En países con regulaciones más claras, el estigma sobre el trabajo sexual tiende a ser menor, permitiendo una integración más efectiva dentro del tejido social y económico.
Asimismo, una encuesta de la Universidad Complutense de Madrid (2023) reveló que el 58% de los ciudadanos considera que la prostitución debe regularse para garantizar la seguridad de las trabajadoras, mientras que un 30% opina que debería prohibirse totalmente por razones morales y de género. Comentarios extraídos de foros y redes sociales reflejan también esta dicotomía: “Prefiero que existan casas de citas donde haya control y protección antes que obligar a estas mujeres a trabajar en pisos clandestinos en condiciones peligrosas” frente a opiniones contrarias como “Legalizar la prostitución solo perpetúa la idea de que los cuerpos de las mujeres están en venta”
La denominación “Escort” y como influye en la percepción:
El término “escort” se refiere generalmente a una persona que ofrece servicios de acompañamiento, ya sea para eventos sociales, cenas, viajes u otros compromisos, y cuya relación con el cliente es más amplia que un simple intercambio sexual. A diferencia de términos tradicionalmente asociados a la prostitución, como “trabajadora sexual” o “prostituta”, el término “escort” ha ganado una connotación más neutral y, en muchos casos, incluso de lujo o exclusividad.
Durante los últimos años el término “escort” y sus búsquedas por localidad como “escorts Barcelona”, “escorts Valencia”, o “escort geneve” por ejemplo, se han usado con mucha más presencia que otros términos más despectivos hacia la actividad sexual, lo cual indica una inclinación social a una evolución de la percepción de la actividad, incluso en la jerga común usada coloquialmente por la población en diferentes contextos culturales. Este cambio es particularmente evidente en localidades como Barcelona, nuevamente con el término de búsqueda “escorts Barcelona” – Google Trends
La evolución en la manera en como la población se dirige hacia las trabajadoras sexuales, refleja un cambio significativo en la percepción social del trabajo sexual. A medida que el término ha ganado popularidad y ha sido asociado con servicios de alto nivel y exclusividad, ha logrado despojarse en gran medida de las connotaciones negativas que históricamente lo vinculaban a la prostitución marginalizada.
El aumento de su presencia en búsquedas y su uso en la jerga cotidiana indican que, en muchos contextos, la actividad se está viendo con una perspectiva más neutral y profesional. Este fenómeno no solo subraya una evolución en el lenguaje y la forma en que la sociedad percibe el trabajo sexual, avanzando hacia una visión más normalizada y menos estigmatizada de lo que alguna vez fue considerado un sector tabú.
Legalidad
En España, la prostitución no está ni legalizada ni prohibida explícitamente, situándose en una zona gris legal. Esta falta de regulación facilita la explotación y condiciones laborales precarias. Sin un marco regulatorio claro que garantice los derechos laborales y la protección de las trabajadoras sexuales. Cabe destacar que únicamente Cataluña intentó regular el sector con una normativa propia.
Aunque el Código Penal sanciona la explotación sexual y la trata de personas, la prostitución en sí misma no está prohibida, lo que ha llevado a la existencia de diferentes modelos de negocio.
Las casas de citas, situadas en el medio de esta disyuntiva. En Cataluña deben cumplir con una regulación estricta, empezando por licencias obligatorias para la actividad y someterse a inspecciones policiales rutinarias. De cierto modo, dicha operativa beneficia al cumplimiento de medidas de protección de las colaboradoras, haciendo de las casas de citas un punto seguro para ejercer su actividad (por ejemplo, es común que asociaciones que velan por el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras hagan visitas a estos lugares, otorgando claridad a las trabajadoras). Lo cual no sucede con otras formas de ejercer la profesión.
Impacto Económico
Esta actividad, así como el entretenimiento asociado, ha mostrado un crecimiento notable en los últimos años. Según datos de Meetic Group, en 2016, los solteros españoles gastaron aproximadamente 3.400 millones de euros en actividades relacionadas con citas, con un gasto medio por cita de 65 euros. Este gasto incluye sectores como entretenimiento, restauración, moda y cosmética, todos beneficiados por la actividad de citas.
Aunque no se dispone de cifras específicas sobre el impacto económico directo de las casas de citas en España, es razonable inferir que su contribución es significativa. Estos establecimientos generan empleo directo e indirecto, desde personal administrativo, operativo, publicitario y de servicio hasta proveedores externos, así como también contribuyen a la recaudación fiscal y dinamizan sectores como la hostelería y el turismo.
Esta actividad, atrae a un segmento de turistas que buscan experiencias específicas, lo que incrementa el consumo en sectores como el transporte. Esto último es fácilmente visible durante los “picos de consumo” o durante macro ferias como el Mobile World Congress, este año 2025, con más de 100.000 visitantes.
En España, este fenómeno es particularmente notable en ciudades como Barcelona y Valencia, donde las casas de citas operan en un marco legal que les permite funcionar. Un ejemplo destacado es el Grupo Felina, que gestiona establecimientos como Felina Barcelona o Felina Valencia. Estos negocios no solo generan empleo, sino que también contribuyen a la economía local a través de servicios relacionados, como transporte y hostelería.
La prostitución en Suiza en contraste con España o Francia
A nivel internacional, países como Suiza han adoptado regulaciones claras respecto a la industria del placer. En Ginebra, el grupo también cuenta con presencia; Felina Genève opera bajo un marco legal que permite la supervisión y control de sus actividades, garantizando condiciones laborales específicas y seguridad tanto para los trabajadores como para los clientes. Este contraste en las regulaciones ofrece una oportunidad para analizar cómo diferentes enfoques legales pueden influir en la percepción y funcionamiento de la industria. Cada cantón suizo tiene la autoridad para establecer sus propias regulaciones sobre la prostitución. En el cantón de Ginebra, por ejemplo, las trabajadoras sexuales deben registrarse en la Brigada contra la Trata y la Prostitución Ilícita (BTPI) y completar una formación obligatoria de sensibilización. Este proceso de registro y formación busca garantizar que las trabajadoras ejerzan de manera libre e informada, sin coacción de terceros.
En comparación con Francia, Suiza se destaca por su enfoque pragmático hacia la prostitución, donde esta actividad es legalizada y regulada. En Suiza se exige que los burdeles cumplan con estrictas normativas de seguridad, salud y derechos laborales para las trabajadoras sexuales, lo que permite su inclusión en el sistema legal. Francia, por su parte, adoptó un modelo abolicionista en 2016, penalizando a los clientes de la prostitución y buscando erradicarla a través de la criminalización de la demanda, paradójicamente esto último resultó en un incremento de los casos de violencia asociados a la actividad, lo que contrasta con la regulación suiza, que reconoce la prostitución como un trabajo legítimo y le otorga protección.
¿Debe España seguir un modelo más regulado como el suizo?
En este sentido, España podría beneficiarse de seguir un modelo más regulado y estricto, ya que garantizaría mejores condiciones laborales para las trabajadoras sexuales, así como mayores protecciones contra la explotación. La regulación podría asegurar que las trabajadoras tengan acceso a salud, seguridad social, y una salida digna si así lo desean, ayudando a transformar una industria que actualmente opera en la sombra y sin garantías.
Una regulación también podría contribuir a reducir el estigma social asociado a la prostitución, permitiendo que las trabajadoras sexuales sean reconocidas como trabajadoras legítimas con derechos, lo que podría mejorar significativamente su calidad de vida y bienestar.
En el contexto global, donde los derechos humanos, la igualdad de género y las normativas laborales están recibiendo mayor atención, parece cada vez más probable que España se vea presionada a adoptar un enfoque más regulado, similar al modelo suizo o al de otros países como Nueva Zelanda. De no hacerlo, el sector seguirá operando en condiciones de vulnerabilidad tanto para las trabajadoras sexuales como para los clientes.