En los últimos años, han salido a la luz cientos de denuncias de abusos sexuales cometidos por miembros de organizaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz, incluyendo la ONU, la Cruz Roja y diversas ONG. Estos casos han expuesto un preocupante patrón de impunidad y encubrimiento dentro de algunas de las entidades que, irónicamente, tienen la misión de proteger a las poblaciones vulnerables.

Cascos Azules de la ONU: denuncias reiteradas

Uno de los mayores escándalos de abuso involucra a las fuerzas de paz de la ONU. En Haití, un estudio reveló que entre 2004 y 2017, aproximadamente 2.000 mujeres y niñas fueron víctimas de abusos sexuales por parte de los Cascos Azules.

Según testimonios, en muchos casos las víctimas quedaron embarazadas y fueron abandonadas sin ningún tipo de apoyo.

Situaciones similares se han registrado en la República Democrática del Congo (RDC). Uno de los primeros escándalos grandes salió a la luz entre 2004 y 2006, cuando se reportaron más de 140 casos de explotación y abuso sexual por parte del personal de MONUC (Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo). Las víctimas eran en su mayoría mujeres y niñas. Se hablaba de violaciones, prostitución forzada e incluso intercambio de comida o dinero por sexo.

En 2015, un informe de la ONU registró 69 casos de abusos sexuales cometidos por cascos azules en todo el mundo, y la RDC fue uno de los epicentros, junto con la República Centroafricana. De esos, 16 ocurrieron específicamente en la República Democrática del Congo.

Otro caso importante ocurrió en 2023, cuando nueve Cascos Azules sudafricanos fueron repatriados tras ser acusados de agresión sexual en el este de la RDC.

Un informe reciente de la ONU señala que en 2024 se identificaron 125 víctimas de inconducta sexual en diversos países, 65 de las cuales eran mujeres que denunciaron haber sido violadas y posteriormente haber dado a luz, por lo que exigieron ayuda para la manutención de los hijos, indicó Associated Press.

En este sentido, desde 2006, se han reportado aproximadamente 750 casos de paternidad y reclamos de manutención infantil relacionados con personal de las misiones de paz de la ONU. Sin embargo, más de 500 de estos casos siguen sin resolverse.

La mayor cantidad de casos en 2024 se registraron en la República Democrática del Congo (44) y en la República Centroafricana (40).

Las acusaciones de conducta sexual inapropiada, que incluyen violaciones y explotación sexual, también alcanzaron a otras misiones, como las desplegadas en Sudán del Sur, Líbano y las operaciones políticas de la ONU en Haití, Colombia y Afganistán, señaló Associated Press.

Oxfam y Plan International: escándalos en ONG

Las ONG tampoco han estado exentas de acusaciones. En 2018, Oxfam, una organización dedicada a luchar contra la pobreza en el mundo, se vio envuelta en un escándalo cuando se reveló que trabajadores de su delegación en Haití contrataron a prostitutas, algunas presuntamente menores de edad, tras el terremoto de 2010 que acabó con la vida de más de 200.000 personas.

Posteriormente, la filial española Oxfam Intermón admitió haber registrado cuatro casos de “mala conducta sexual” desde 2012 hasta 2018 en África y América Latina. Dos están relacionados con comentarios sexuales de dos trabajadores hacia otras empleadas; uno está vinculado al acoso e intimidación de otro trabajador hacia una compañera; en tanto que el restante fue denunciado por el pago de servicios sexuales a una persona adulta. El empleado fue despedido.

Por su parte, Plan International confirmó que entre julio de 2016 y junio de 2017, se registraron al menos seis casos de abuso sexual infantil cometidos por sus empleados y colaboradores.

De estos casos, uno involucró a un miembro del personal, mientras que los otros cinco fueron perpetrados por asociados externos. El empleado fue despedido sin referencias, y los contratos de los asociados fueron terminados de inmediato. Además, cinco de los seis casos fueron considerados de naturaleza criminal en sus respectivos contextos locales y fueron reportados a las autoridades competentes.

En todos los casos, Plan International facilitó el acceso de las víctimas y sus familias a redes de apoyo locales, incluyendo asistencia médica y psicosocial.

La OMS y los abusos en la lucha contra el ébola

Otro caso alarmante fue el de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se denunciaron 83 casos de explotación y abuso sexual en la RDC entre 2018 y 2020, en el marco de una misión para combatir el ébola en la República Demócratica del Congo. Entre los implicados había 21 empleados de la OMS, lo que generó una ola de indignación internacional.

Las víctimas informaron haber sido incitadas a consumir alcohol y obligadas a mantener relaciones sexuales en hospitales y otros lugares. Algunas mujeres quedaron embarazadas como resultado de estas agresiones.

En respuesta a estos hallazgos, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió disculpas a las víctimas y prometió medidas contundentes contra los responsables.

La OMS rescindió los contratos de cuatro personas que aún estaban en nómina y se comprometió a implementar reformas para prevenir futuros abusos.

Este escándalo puso de manifiesto fallos estructurales y negligencia individual dentro de la OMS, resaltando la necesidad de reforzar las políticas de protección y mecanismos de denuncia en misiones humanitarias.

Cruz Roja: reconoce casos de inconducta sexual pero sin brindar detalles

La Cruz Roja también ha sido señalada en diversas investigaciones. En 2018, la organización admitió que algunos de sus trabajadores habían cometido abusos sexuales.

En febrero de 2018, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reconoció públicamente que, desde 2005, 21 de sus empleados fueron despedidos o renunciaron tras investigaciones internas por pagar por servicios sexuales. Además, a otros dos no se les renovó el contrato por sospechas de conductas sexuales inapropiadas. Esto lo anunció Yves Daccord, el director general de entonces, en una declaración oficial el 24 de febrero de 2018.

El CICR tiene una política estricta que prohíbe pagar por sexo, incluso en lugares donde es legal, porque lo ven como una violación a sus principios humanitarios.

Acusan de abuso sexual al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional

A pesar de que no se trata de una organización humanitaria, es necesario agregar la denuncia de abuso sexual contra Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI).

Surgió en mayo de 2024 y ha generado una controversia significativa. Según los detalles disponibles, una abogada de la CPI, cuya identidad se mantiene en anonimato por razones de confidencialidad, habría confiado a dos colegas cercanos que Khan la sometió a conductas sexuales inapropiadas y abuso de autoridad durante un período que abarca desde abril de 2023 hasta abril de 2024. Las acusaciones incluyen intentos de coaccionarla para mantener una relación sexual, tocamientos no consentidos y comportamientos como encerrarla en su oficina o insistir en que descansaran juntos en una cama durante un viaje oficial.

En octubre de 2024, Khan negó rotundamente las acusaciones, sugiriendo que podrían ser parte de una campaña de desprestigio relacionada con su trabajo, como las órdenes de arresto solicitadas contra líderes como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente ruso Vladímir Putin.

Los colegas de la presunta víctima reportaron estos hechos al Mecanismo de Supervisión Independiente (IOM, por sus siglas en inglés) de la CPI a principios de mayo de 2024. Sin embargo, cuando el IOM contactó a la mujer para investigar, ella decidió no presentar una denuncia formal, alegando desconfianza en el proceso interno y temor a represalias.

Esto llevó a que el IOM cerrara la investigación inicial en solo cinco días, sin interrogar a Khan, aunque recomendó que él minimizara el contacto con la abogada para evitar problemas adicionales.

El 11 de noviembre de 2024, la Asamblea de Estados Partes de la CPI anunció una investigación externa, apartando al IOM por posibles conflictos de interés, dado que el nuevo director del mecanismo tendría vínculos cercanos con Khan.

El caso sigue abierto, con la investigación externa en curso para determinar la veracidad de las denuncias.

Impunidad y falta de justicia

A pesar de las evidencias, muchas de estas denuncias han quedado impunes debido a la falta de mecanismos adecuados para juzgar a los responsables. En el caso de la ONU, por ejemplo, los Cascos Azules suelen gozar de inmunidad diplomática, lo que dificulta que sean procesados en los países donde cometieron los delitos.

Las víctimas, por su parte, enfrentan enormes obstáculos para obtener justicia. Muchas de ellas provienen de comunidades vulnerables donde denunciar puede significar represalias o el estigma social.

Conclusión

Los escándalos de abuso sexual en organizaciones como la ONU, la Cruz Roja, la OMS, diversas ONG y hasta la CPI revelan una crisis profunda que va más allá de casos aislados: un sistema que, en muchos casos, prioriza su imagen sobre la justicia y la protección de las víctimas. A pesar de las promesas de reformas y las investigaciones anunciadas, la lentitud en la rendición de cuentas y la persistente impunidad —reforzada por inmunidades diplomáticas y fallos estructurales— siguen dejando a las poblaciones vulnerables en un estado de desamparo.

Hasta marzo de 2025, los avances concretos brillan por su ausencia, lo que plantea una pregunta ineludible: si las instituciones encargadas de defender los derechos humanos no pueden proteger a sus propias víctimas, ¿cómo pueden seguir siendo un faro de esperanza para el mundo? La respuesta, por ahora, sigue pendiente, mientras la confianza global en estas organizaciones se erosiona con cada denuncia sin resolver.