La Administración Trump ha encontrado en las cuotas obligatorias de cine y contenido audiovisual en lenguas cooficiales en España una excusa para sus aranceles. En el extenso informe Barreras comerciales extranjeras que el propio Trump esgrimió el miércoles, mientras anunciaba los aranceles, se menciona a España como uno de los países europeos que, junto Italia, Países Bajos y Polonia, establecen limitaciones a la penetración de contenido estadounidense en el mercado audiovisual.

En concreto, el documento destaca que, en España, por cada tres días de proyección de una película de un país no perteneciente a la UE, se debe proyectar una película de la UE en las salas de cine. Esta proporción se reduce a cada cuatro días si el cine proyecta una película en una lengua oficial de España distinta del español y la mantiene en esa lengua durante todo el día.

Además, el catálogo de servicios a la carta debe incluir al menos un treinta por ciento de contenido de la UE, del cual al menos la mitad debe estar en una lengua oficial de España. Además, las emisoras y los servicios a la carta con ingresos superiores a 50 millones de euros (aproximadamente 52 millones de dólares) deben invertir el cinco por ciento de sus ingresos en la producción de obras de la UE y españolas, y el 40 por ciento de esta asignación debe reservarse para obras de productores independientes en cualquiera de las lenguas oficiales de España, recoge el informe.

Estas limitaciones emanan de la Ley Audiovisual que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en 2022. Para garantizarse el apoyo de ERC, Sánchez obligó a plataformas como Netflix y Amazon a garantizar un 6 % de su catálogo en catalán o alguna otra lengua cooficial. También a destinar al menos 15 millones de euros anuales de las arcas del Estado a la producción de películas y series en catalán y a crear un fondo para asegurar el doblaje y los subtítulos en catalán de las producciones de plataformas internacionales.

El documento, accesible aquí, menciona a nuestro país en una docena de ocasiones. También cuestiona la tasa de servicios digitales aprobada en 2021. Y critica que la legislación española limite la participación individual no comunitaria en licencias audiovisuales al 25 % por parte de una sola empresa, y al 50 % la participación conjunta no comunitaria. Igualmente recuerda que nuestro país estuvo entre los sancionados por la primera administración Trump por, supuestamente, subsidiar de manera ilegal a Airbus, competencia de la norteamericana Boeing.