Carlota Sales.- Nos estamos acostumbrando a la discriminación positiva en contra de los españoles. Es sabido que el Gobierno de Pedro Sánchez -y la izquierda en general- prioriza el interés de los inmigrantes por encima del de los nacionales. Mientras cada día más los españoles sufren los rigores de la crisis y son ya legión los que viven en permanente roce con la pobreza, los inmigrantes disponen de todo un arsenal de ayudas procedentes de las instituciones y entidades benefactoras.

Los españoles de origen sufren la precariedad en todas sus formas, en triste contraposición al esfuerzo de nuestros mayores de construir un país mejor para sus hijos.

Varias mujeres españolas y europeas en situación de exclusión social, entre ellas dos militantes de España 2000, que están viviendo en un piso compartido de una ONG pro inmigración de la Pobla de Vallbona (Valencia), denuncian que esta misma entidad pretende finalizar el contrato de alquiler, de manera unilateral, sin otra opción para ellas que abandonar su vivienda.

Aseguran estar al corriente de todos los pagos, e incluso denuncian que la propiedad les amenazó con medidas coercitivas si no abandonaban el piso.

Por desgracia, es ya habitual que oenegés proinmigracionistas conviertan las ayudas a inmigrantes ilegales con recursos en el eje de sus actuaciones el algunos casos discriminando a los españoles.

Los servicios jurídicos de España 2000 ya están estudiando el caso para realizar las acciones legales que sean necesarias de cara a ayudar a estas víctimas de un sistema que ha convertido a los españoles en ciudadanos de segunda.

Lo peor es que estas oenegés sobreviven en muchos casos gracias a los recursos públicos que el gobierno depreda a los de casa.