Millones de españoles opinan que Pedro Sánchez viola las leyes, traiciona a España y merece estar encarcelado, esgrimiendo razones y argumentos sólidos para sustentar ese criterio.

Su última y más reciente traición a la Constitución es haber pactado con Junts que el 25% de las ayudas antiaranceles vayan a Cataluña, mientras el resto de las autonomías españolas no reciben cupo alguno.

Sin embargo, en un Estado de Derecho nadie es culpable ni puede ser condenado hasta que no sea juzgado con todas las garantías necesarias.

Pero, a pesar de esa verdad infalible, el hecho de que muchos millones de ciudadanos, de todas las edades, ideas y tendencias, le condenan sin paliativos y con datos de gran peso, representa un potente indicio de fracaso y culpa que por lo menos hacen de Sánchez un mal dirigente político, injusto, despreciable y odiado por su pueblo, lo que ya es, en sí mismo, un gordo pecado contra la democracia y la decencia política.

No podemos presentar pruebas sobre la culpabilidad de Pedro Sánchez, pero podemos ofrecer un análisis objetivo basado en las críticas y controversias que han surgido en torno a su figura, según información pública y opiniones que circulan en medios y redes sociales, dejando claro que estas no constituyen pruebas legales concluyentes, sino percepciones o acusaciones que requerirían investigación judicial para ser validadas.

Personalmente, creo que existen pruebas e indicios más que suficientes para que el personaje al menos sea investigado por los tribunales como sospechoso de graves delitos. Entre esas pruebas e indicios destacan los siguientes:

1. **Caso de corrupción vinculado a Begoña Gómez**: Una de las críticas más recurrentes proviene de las investigaciones sobre su esposa, Begoña Gómez, quien ha sido señalada por presunto tráfico de influencias. Se le acusa de haber utilizado su posición para beneficiar a empresas privadas a cambio de favores o contratos, especialmente durante la pandemia. Algunos detractores argumentan que Sánchez podría estar implicado indirectamente si se demostrara que sabía o facilitó estas acciones. Sin embargo, hasta abril de 2025, no hay evidencia judicial sólida que lo vincule directamente, y él ha negado cualquier irregularidad.

2. **Trama Koldo y presunta corrupción en el PSOE**: El escándalo conocido como “caso Koldo” involucra a José Luis Ábalos, exministro de Sánchez, y una red de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia. Críticos sugieren que Sánchez podría tener responsabilidad política o incluso penal si se comprobara que estaba al tanto o encubrió estas actividades. La Unidad Central Operativa (UCO) ha señalado vínculos cercanos entre Ábalos y otros implicados, pero no hay pruebas públicas que impliquen directamente a Sánchez.

3. **Gestión de la pandemia y contratos públicos**: Se ha cuestionado la transparencia en la adjudicación de contratos de emergencia durante la crisis del COVID-19. Algunos sectores alegan que hubo malversación de fondos públicos o favoritismo hacia empresas afines al PSOE. Aunque estas acusaciones han sido investigadas, no existe, hasta la fecha, una sentencia que responsabilice a Sánchez personalmente.

4. **Acuerdos con partidos independentistas y la ley de amnistía**: Otra línea de crítica sostiene que Sánchez cometió un abuso de poder o incluso un delito de prevaricación al negociar la ley de amnistía para los líderes del procés catalán a cambio de apoyo político. Organizaciones como Manos Limpias han presentado denuncias alegando usurpación de funciones judiciales, pero el Tribunal Supremo no ha admitido estas querellas como válidas contra él hasta ahora.

5. **Uso de recursos públicos**: Se le ha acusado de utilizar el avión presidencial (Falcon) para fines personales o partidistas, lo que podría interpretarse como malversación. Sin embargo, estas acusaciones suelen quedarse en el ámbito político y no han derivado en procesos penales concretos.

6. **Presuntas presiones a instituciones**: Hay quienes afirman que Sánchez ha influido indebidamente en el poder judicial o en la Fiscalía, especialmente tras el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general, quien enfrenta su propia investigación. Si se demostrara que Sánchez dio órdenes para alterar procesos judiciales, podría enfrentarse a cargos como obstrucción a la justicia.

Hay, además, una gran lista de abusos, arbitrariedades y daños causados a España y a sus ciudadanos por Pedro Sánchez que rozan el delito, entre los que destacan la promoción del odio, el estímulo a la división y el enfrentamiento, la protección a la corrupción, el perdón a delincuentes, el asalto a la Justicia y otros muchos.

Estas acusaciones provienen principalmente de partidos de oposición (PP, Vox), medios críticos y sectores de la sociedad que lo ven como un líder que prioriza el poder sobre la legalidad. Sin embargo, es crucial señalar que, hasta abril de 2025, ninguna de estas cuestiones ha resultado en una condena o imputación formal contra Sánchez. En un estado de derecho, cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante un proceso judicial justo, y las opiniones públicas o mediáticas no equivalen a pruebas.