La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto este viernes diligencias contra el eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, en dos causas distintas. Una de ellas, por aceptar supuestamente 100.000 euros de un empresario para financiar su campaña de las últimas elecciones europeas y otra, por difundir una prueba falsa de Covid del ahora presidente catalán, Salvador Illa.

En la primera de ellas, el Supremo investigará a Alvise por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental después de que la Audiencia Nacional recabara indicios que señalaban al eurodiputado y lo remitiera al alto tribunal, el competente para imputarle por estar aforado.

Las diligencias en esta causa se abren también a Álvaro Romillo, el empresario que supuestamente pagó los 100.000 euros al partido de Alvise en mayo de 2024, en plena campaña de las elecciones europeas. Las posibles responsabilidades de ambos aparecen unidas y conexas y no se pueden separar en dos tribunales distintos.

Los hechos expuestos en la exposición razonada que remitió la Audiencia Nacional podrían haber vulnerado la ley de financiación de partidos políticos, pues “refieren una conducta sobre elusión de los deberes de contabilidad y control de ingresos de los partidos”.

“Indiciariamente podrán ser subsumidos en los delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental”, añade el auto del Supremo.

A juicio del alto tribunal, los hechos podría encajar en el artículo 304 bis del Código Penal, que castiga con hasta cuatro años de prisión por la infracción de la ley de financiación de partidos políticos. En el mismo auto de apertura de diligencias, la Sala de lo Penal admite la personación como acusación popular del PSOE, al que se exigirá la prestación de una fianza de 15.000 euros. Asimismo, el tribunal acuerda nombrar como instructor de la causa al magistrado y ex fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar.

En la otra causa, el tribunal investigará a Alvise por presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias en relación con la difusión en 2021 de una prueba de Covid falsa del actual presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa. Según el Supremo, “son múltiples los indicios fundados” que aportan las diligencias remitidas por el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona.

Por otra parte, el Supremo ha acordado no abrir causa contra el eurodiputado por un presunto delito de desórdenes públicos en relación con las protestas contra la ley de amnistía en noviembre de 2023 en las inmediaciones de la sede del PSOE de la calle Ferraz de Madrid, al considerar que no hay indicios suficientes.