El viraje de 180º en nuestra política exterior, que es una política que sin duda alguna es de las que merece ser considerada como de Estado, exige urgentes y rigurosas aclaraciones por parte de Sánchez. Quien sin ningún acuerdo con la oposición que fue la ganadora de las últimas elecciones generales el 23J de 2023, y sin debate alguno en el Congreso, no tiene derecho a hacer lo que está haciendo. Cambiar a los EE UU como aliado estratégico en el concierto mundial por la China comunista exige una urgente explicación.

Cada día que pasa se pone de manifiesto la voluntad de Sánchez de actuar cual si nuestro régimen político fuera una autocracia, marginando al poder legislativo que reside en las Cortes Generales de sus actuaciones. Su abuso de la Proposición de ley para sustraer del control de legalidad a las iniciativas legislativas que competen a los órganos constitucionales -CGPJ y Consejo de Estado- respecto a los Proyectos de ley que aprueba el Consejo de Ministros es una prueba importante de ello. A esta anómala actuación le añadimos su abusivo uso del Real Decreto Ley que la Constitución prevé para cuestiones de «extrema urgencia y necesidad», convertido por él en habitual y cuyo número supera el de cualquier otro gobierno desde 1978.

En definitiva es una aplicación práctica de la voluntad política que manifestó -ante el enfervorizado aplaudidor Comité Federal de su Partido, y más sanchista que nunca- de «seguir en el gobierno con o sin apoyo del legislativo». En cuanto al control parlamentario por las Cortes, sus reiteradas ausencias de las sesiones previstas para ejercer esa relevante competencia que la Constitución les atribuye son una constante.

Y a cuyos efectos tiene siempre una agenda internacional disponible e utiliza como coartada para ello. El tradicional Debate sobre el Estado de la Nación, que se realizaba anualmente en el Congreso, lleva varios años sin celebrarse, lo que podemos decir también respecto al Debate sobre el estado de las autonomías que se realizaba en el Senado como Cámara de representación territorial, y en la que hace más de un año que no comparece siquiera a las Sesiones de Control quincenal.

Respecto del Poder Judicial, su respeto por su independencia se refleja en la falta de respeto a las resoluciones judiciales con descalificaciones constantes por parte de sus ministros y portavoces oficiales para la ocasión. Sin olvidar su negativa a cumplir sus compromisos para modificar el procedimiento de elección de los miembros del CGPJ.

Estas conductas políticas son impropias de una democracia parlamentaria y más propias de una autocracia. Por hoy completamos este grave capítulo de su modelo del Gobierno.