Antonio R. Naranjo.- Es comprensible que, en estos tiempos de divertimento fugaz, donde casi nadie quiere dedicarle más de treinta segundos a nada, la pandemia de corrupción que acorrala al Gobierno se concentre en la parte más escabrosa del asunto: la querencia del hombre que le reformó el PSOE a Pedro Sánchez, para convertirlo en una herramienta de uso y disfrute estrictamente personal, por las chicas monas de elevadas aspiraciones económicas y laxos rendimientos laborales, al menos diurnos.

El morbo es la satisfacción barata de la venganza, que es mucho más compleja y lleva tiempo, así que los detalles íntimos del culebrón prevalecen, como si todo el problema fuera casi de índole moral: de tíos que por la mañana defienden la abolición de la prostitución y por la noche son usuarios de ella, con unos principios similares a los que Sánchez despliega con el PSOE, que es su Jésica: la utiliza o la olvida según sus necesidades, pero siempre la coloca para que se calle.

Pero las necesidades amatorias de Ábalos, con ese componente hortera de lograr con billetes, casas y marisquerías lo que le niega su atractivo personal, son secundarias en la trama: esto no va de un ministro putero con pasión por las ligas, los crustáceos y las mansiones; sino de una organización criminal con tentáculos en decenas de actividades y penetración en varios Ministerios y Comunidades Autónomas, con la complicidad por acción u omisión del presidente del Gobierno y con la participación, en alguna escena al menos, de su propia familia.

Todos ellos fueron una especie de mafia que vendió mascarillas al Gobierno por importe de al menos 52 millones de euros, aprovechando que la gente se moría o estaba encerrada en casa a la fuerza. También negociaron los rescates millonarios de empresas como Air Europa, y quién sabe si antes de Plus Ultra, que abrevó de la misma fuente pública para salir adelante mientras miles de pequeñas empresas y de autónomos se arruinaban en soledad. Lograron comercializar hidrocarburos, organizaron «visitas de Estado» de siniestros mandamases venezolanos, se repartieron en apariencia contratos de obra pública, viajaron juntos al extranjero y ya veremos si hay o no más novedades demoledoras cuando avancen las investigaciones en la República Dominicana, la Organización Mundial del Turismo, Venezuela, China o Marruecos, por citar varios hitos plagados al menos de sospechas.

Para que todo esto prosperara hizo falta que alguien por encima de todos ellos no mirara, no se enterara o participara. Su responsabilidad in vigilando ya es manifiesta y suficiente, y el mismo Sánchez impuso ese nivel de exigencia para justificar su moción de censura: no hacía falta que Rajoy se beneficiara de nada para que pagara un precio por su absentismo o su fracaso como controlador.

En la versión más benévola para él, tenemos un presidente al que se la colaron por todos los lados, con una especie de Cosa Nostra fundada por los máximos promotores de su conquista del PSOE, aprovechándose de esa ascendencia para hacer negocios sucios o permitírselos a sus amigos. Que incluso reclutó a su esposa, receptora de dádivas que más allá de su potencial penal son incompatibles con su residencia en la Moncloa, al lado de quien firma cheques y en el BOE.

Y en la peor hipótesis, Sánchez es cómplice voluntario de esta trama y, más allá de sus ganancias personales por determinar quizá, pagó con su pasividad premeditada los favores que les debía y permitió que Begoña Gómez se anotara algún tanto para sentirse empoderada.

Da igual cuál sea la respuesta correcta, la conclusión inmediata es la misma. Sánchez no puede ser presidente del Gobierno ni un minuto más: nunca debió serlo gracias al obsceno mercadeo de las Sagradas Escrituras Constitucionales con Puigdemont, Otegi y Junqueras, en un fraude de libro.

Pero no puede seguir siéndolo si, a ese escándalo, le suma otros perpetrados entre luces de neón, somieres desgastados y cabezas de gamba rechupeteadas por los suelos.