Este jueves a las 13:00 horas se despejarán las dudas que se ciernen sobre la celebración de la jornada liguera del 2 de enero. Ese será el momento en el que los tres magistrados del tribunal de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional desvelarán si aceptan las medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y a las que se opone la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

A la vista, que se prolongó durante tres horas y media, acudieron el presidente de la AFE, Luis Rubiales, y su homólogo de la Liga, José Luis Astiazarán, ambos acompañados de sus abogados. La clave estuvo en dirimir si los representantes de los futbolistas conocían con meses de antelación la fecha de la jornada y la aprobaron. Otra de las discrepancias fue la cuantía de la fianza que debe depositar el sindicato de futbolistas por posibles perjuicios en caso de ser atendida la suspensión cautelar. La patronal consideró “irrisoria” la caución de 5.000 euros propuesta por la AFE y solicitó 16 millones de euros por las pérdidas que ocasionaría a los operadores de televisión, más 100.000 euros, por la posible multa que debería afrontar la Liga por incumplir el contrato.

El sindicato de jugadores mantuvo que disputar partidos entre el 23 de diciembre y el 2 de enero supone incumplir el convenio colectivo en vigor que establece ese día como descanso navideño, aunque sí pueden realizarse entrenamientos. También explicó que el mismo documento estipula que las concentraciones deben realizarse 36 horas antes del encuentro, por lo que significaría tener que renunciar al 1 de enero. Acusaron a la Liga de fijar “unilateralmente el calendario” y de ignorar las cuatro cartas enviadas por la AFE en las que se pedía cambiar la fecha, además, de las últimas propuestas para disputar la jornada 17 de Primera División y 18 de Segunda el lunes 3 de manera íntegra o en su defecto, el domingo a las 17:00 horas, para permitir a todos los clubes viajar el mismo día del partido.

“Medida de presión”

Sin embargo, la patronal rechazó las acusaciones y dudó de “la urgencia” de las medidas cautelares solicitadas por la AFE. Según la Liga, los futbolistas no se quejaron de esa fecha a pesar de que conocían desde mayo el calendario, que, además, fue aprobado el 20 de julio por la Asamblea General de la Federación en la que están representados los jugadores. La Liga considera que la actitud de la AFE responde a una “medida de presión” para aumentar el fondo de garantía salarial destinado a sufragar el impago de los clubes a los jugadores, en especial, del Betis y Recreativo. Astiazarán aseguró que en las reuniones del 16 y 21 de diciembre no se habló de la jornada del 2 de enero sino de aumentar el aval para esas deudas.

Por otra parte, la Liga consideró que si se disputase la jornada el día 3 se verían afectados los partidos de vuelta de los octavos de Copa del Rey previstos para el 5 de enero y, por ende, la próxima jornada liguera, ya que la ley establece la necesidad de que transcurran 48 horas entre un partido oficial y otro. La patronal defendió su postura al asegurar que no hay fechas libres en el calendario. Desde su punto de vista, si se aplazase la jornada se retrasaría el final liguero previsto para el 22 mayo hasta el 12 de junio, lo que supondría recortar en tres semanas las vacaciones de verano de los jugadores.

Durante la vista comparecieron cuatro testigos: Luis Gil, gerente de la AFE, Santiago Nebot, asesor jurídico del sindicato, Manuel García Gurruchaga, secretario general de la Liga y Miguel García Cabo, asesor jurídico de la patronal. Al acabar la vista, Astiazarán insistió en los argumentos expuestos y Rubiales no quiso hacer declaraciones. Los jueces tendrán la última palabra.