¿Acaso hemos hecho algo, cometido algún pecado, por lo que tengamos que pasar por una especie de “purgatorio”, o tal vez nuestros ancestros?

Dice Ayn Rand en su libro “La virtud del egoísmo” que “un gobierno es una institución que posee el poder exclusivo de poner en vigor ciertas reglas de conducta social en un área geográfica dada…” A continuación pregunta: ¿Necesitamos una institución así?

Ayn Rand nos advierte de que una sociedad que le roba al individuo el producto de sus esfuerzos, lo esclaviza o intenta limitar la libertad de su mente, o lo obliga contra su voluntad, por la fuerza a actuar contra su propio juicio racional, una sociedad que crea un conflicto entre sus dictámenes y los requerimientos de la naturaleza humana, no es, estrictamente hablando, una sociedad sino una turba que se mantiene unida bajo el poder de un grupo dedicado al pandillaje político institucionalizado. Una sociedad así destruye todos los valores de la coexistencia humana, no tiene justificación posible y no representa una fuente de beneficios, sino la más mortal de las amenazas para la supervivencia de sus miembros.

Para que las personas puedan vivir juntas en una sociedad pacífica, productiva y racional, relacionándose para su mutuo beneficio, deben aceptar el principio social básico sin el cual no puede existir una sociedad moral o civilizada: el principio de los derechos del individuo.

Reconocer los derechos del individuo significa reconocer y aceptar las condiciones que requiere la naturaleza humana para una supervivencia adecuada. Los derechos del hombre sólo pueden ser violados mediante el uso de la fuerza física. Únicamente así un hombre puede quitarle a otro la vida, esclavizarlo o robarle, impedirle que persiga sus propias metas u obligarlo a actuar en contra de su propio juicio racional.

Para excluir la violencia de las relaciones sociales se necesita una institución que se encargue de la tarea de proteger los derechos de las personas de acuerdo con un código de reglas objetivo. Ésta es la misión de un gobierno -de un gobierno justo-, su misión básica; es su única justificación moral y la razón por la cual los hombres necesitan un gobierno. Un gobierno es el medio para mantener el uso de la fuerza física represiva bajo un control objetivo, es decir, bajo leyes objetivamente definidas.

El gobierno debe poseer el monopolio del uso legal de la fuerza física. Debe retener tal monopolio, ya que es el agente que tiene que restringir y combatir el uso de la fuerza, y por esa misma razón deben definirse, delimitarse y circunscribirse rígidamente sus acciones, sin permitir que ningún antojo o capricho interfiera en su actuación; debería ser una especie de “robot impersonal”, cuya única fuerza motriz fuera la ley. Para que una sociedad sea libre, es preciso que su gobierno esté controlado.

En un sistema social adecuado, un ciudadano particular está en libertad de realizar toda acción que desee (siempre y cuando no viole los derechos de los demás), mientras que el funcionario público se halla restringido por la ley en todos y cada uno de sus actos oficiales. Un individuo particular podrá hacer todo lo que desee, excepto aquello que está legalmente prohibido; un funcionario público no podrá hacer nada excepto aquello que le esté legalmente permitido. Éste es el único modo de subordinar la “fuerza” al “derecho”. Éste es el concepto de “un gobierno de leyes y no un gobierno de hombres”.

La naturaleza de las leyes adecuadas para una sociedad libre y la fuente de la que emana la autoridad de su gobierno deben derivar de la naturaleza y del propósito de un gobierno adecuado.

Como decía la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, “para asegurar estos derechos -del individuo- se instituyen los gobiernos entre los hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados […]”. Dado que la protección de los derechos del individuo es el único propósito correcto de un gobierno, es también el único asunto adecuado susceptible de ser abordado por la legislación: todas las leyes deben basarse en los derechos del individuo y estar dirigidas a su protección. Todas las leyes deben ser objetivas (y objetivamente justificables): las personas tienen que saber claramente, antes de realizar una acción, qué es lo que la ley prohíbe hacer (y por qué), qué constituye un crimen, y de qué sanción se hacen corren el acreedores si lo cometen.

El origen de la autoridad de un gobierno es “el consentimiento de los gobernados”. Esto significa que el gobierno no es el soberano, sino el servidor o agente de los ciudadanos; que como tal no posee derechos, excepto aquellos que le fueron delegados por los ciudadanos para un propósito específico. Existe un solo principio básico al que un individuo debe dar su consentimiento si desea vivir en una sociedad libre, civilizada: el principio de renunciar al uso de la fuerza física y delegar en el gobierno el derecho a su propia defensa física con el fin de posibilitar una aplicación ordenada, objetiva y definida legalmente: o, en otras palabras, debe aceptar la separación entre la fuerza y las decisiones caprichosas (incluso las suyas propias).

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando surge un desacuerdo entre dos hombres en relación con una empresa en la que ambos están involucrados?

En relación a esto tiene atribuida el gobierno una de las más importantes y complejas funciones: actuar como árbitro en las disputas entre los hombres, de acuerdo con leyes objetivas.

Los criminales son una pequeña minoría en cualquier sociedad civilizada. Pero la protección y la observancia forzosa de los contratos a través de tribunales civiles es la necesidad más crucial de toda sociedad pacífica; sin tal protección no hay civilización que pueda desarrollarse o mantenerse.

El hombre civilizado no puede sobrevivir si actúa, como lo hacen los animales, atendiendo sólo al momento inmediato. Está obligado a planear con anticipación sus metas y alcanzarlas en un tiempo dado; debe calcular sus acciones y planificar su vida a largo plazo. Cuanto más avanzada y más compleja sea una civilización, más prolongado será el curso de acción que requiera y, por ello, más largo deberá ser el alcance de los acuerdos contractuales entre los hombres y más urgente la necesidad de protección para garantizar esos acuerdos. El incumplimiento unilateral de un contrato implica el uso indirecto de la fuerza física: consiste, en esencia, en que un hombre recibe valores materiales, bienes o servicios de otro y se niega luego a pagar por ellos, reteniéndolos así por la fuerza -por la mera posesión física- y no por derecho; o sea que se queda con ellos sin el consentimiento del propietario.

El fraude también implica un uso indirecto de la fuerza: consiste en obtener valores materiales sin el consentimiento del dueño, mediante pretextos o falsas promesas.

La extorsión es otra variante de este uso indirecto de la fuerza: consiste en obtener valores materiales no a cambio de otros valores sino con la amenaza del uso de la fuerza física, la violencia o el daño.

Algunas de estas acciones son obviamente criminales. Otras, tales como el incumplimiento unilateral de un contrato, pueden no tener intención delictiva, pero sí haber sido causadas por negligencia, irresponsabilidad e irracionalidad. Otras pueden ser cuestiones complejas en las cuales ambas partes tienen cierto derecho de hacer una reclamación justa. Sea cual sea el caso, todas esas cuestiones deberán estar subordinadas a leyes objetivamente definidas, y deberán ser resueltas por un árbitro imparcial que administre la ley, es decir, un juez (o un jurado cuando sea procedente).

El gobierno debe velar porque los derechos de una persona no queden a merced de la decisión unilateral, la elección arbitraria, la irracionalidad o el capricho de otra persona. Tal es, en esencia, el propósito adecuado de un gobierno: hacer que los hombres puedan vivir en sociedad, protegiendo los beneficios y combatiendo los males que puedan causarse entre sí.

Las funciones propias de un gobierno se dividen en tres grandes categorías, todas ellas relacionadas con el uso de la fuerza física y la protección de los derechos del individuo: la policía para defender a los hombres de los criminales, las fuerzas armadas para protegerlos de invasores foráneos, los tribunales de justicia para solucionar las disputas entre ellos de acuerdo con leyes objetivas.

El propósito –único- de la ley y del gobierno debe ser la protección de los derechos del individuo.

En la actualidad este principio se olvida, se ignora o se evade. El resultado es el estado actual del mundo, en el cual la humanidad retrocede a la ausencia de derecho propia de las tiranías absolutistas, y de allí al salvajismo primitivo del imperio de la fuerza bruta. la idea de una constitución creada como medio para limitar y restringir el poder del gobierno constituyó un logro incomparable.

En la actualidad son muchos los gobernantes que hacen lo posible para ignorar esta cuestión, es por ello que es imprescindible repetirles hasta la saciedad, hasta ser pesados, que la Constitución es una limitación impuesta al gobierno y no a los individuos privados; que no prescribe la conducta de los individuos sino la del gobierno; que no es una carta de privilegios para el poder del gobierno sino una carta de derechos para la protección de los ciudadanos contra el poder del gobierno.

Hasta tal punto hemos llegado que son muchos los gobernantes, y políticos en general, que conciben el gobierno no como un ente protector de los derechos del hombre, sino como su más peligroso violador; en lugar de defender la libertad, están estableciendo situaciones de esclavitud; en lugar de proteger a los hombres de aquellos que inician el uso de la violencia física, es en muchas ocasiones el gobierno quien la ejerce, y aplica la coerción de cualquier manera y en cualquier cuestión que se le antoje; están creando un reinado oculto, letal, de incertidumbre y miedo mediante leyes no objetivas cuya interpretación está supeditada a la decisión arbitraria de burócratas circunstanciales; en lugar de proteger a los hombres de los daños que puedan experimentar debido a conductas caprichosas, el gobierno es el que se arroga el poder de hacer valer sus caprichos sin límites, de manera que nos estamos acercando rápidamente a la etapa de la inversión final: el estadio donde el gobierno se halla en libertad de hacer lo que le plazca, mientras que los ciudadanos sólo pueden actuar si les da permiso. En esta etapa se retrocede a los períodos más oscuros de la historia humana, los del imperio de la fuerza bruta.

Leer a la filósofa y novelista norteamericana de origen ruso, Ayn Rand, me conduce inevitablemente a retomar a nuestro compatriota Joaquín Costa, y a la caótica y preocupante situación que está sufriendo España.

Parecía que el populismo-progresismo estaba dando sus últimos coletazos, parecía que no solamente se iba a producir un cambio de gobierno cuando hace poco más de medio año el Partido Popular ganó las Elecciones Generales, parecía que había llegado el momento de una profunda regeneración, e incluso de un periodo “reconstituyente”…

Sin embargo, transcurridos seis meses el Partido Popular está defraudando a la mayoría de los españoles que el 20 N votamos cambio; el partido que encabeza Mariano Rajoy prometió una profundísima regeneración que iría más allá de pequeñas y temerosas reformas; el partido de Mariano Rajoy nunca dijo durante la campaña electoral que se limitaría a apuntalar el sistema sin ir a la raíz de los problemas. Mariano Rajoy nos dijo que se debía de intervenir a la manera del “cirujano de hierro” del que nos hablaba Joaquín Costa en “Oligarquía y Caciquismo como forma de Gobierno en España”.

Mariano Rajoy nos prometió que su Gobierno tendría como principal objetivo poner a España en el camino de lograr un desarrollo sólido y perdurable (“sostenible” lo llaman ahora) prometió, también, gobernar para preservar los derechos de las personas, nos habló de recuperar la sensatez y actuar en sintonía con los intereses de la gente corriente, y por supuesto promover la salud de las instituciones “democráticas”, y evitar/erradicar situaciones de dependencia asistencial, de clientelismo-servilismo, “estómagos agradecidos”, servidumbres más o menos voluntarias.

También nos prometió Mariano Rajoy emprender acciones para acabar con la situación de absoluto desprecio hacia el orden legal que se viene practicando en España desde hace ya demasiado tiempo, por parte de quienes nos malgobiernan, que consideran que la ley es apenas un traje que se ajusta a su gusto y medida.

Durante la campaña electoral el Partido Popular nos prometió que el nuevo Gobierno dejaría de usar de forma arbitraria el presupuesto, no despreciaría de ningún modo la legalidad vigente, no boicotearía la seguridad jurídica, no espantaría las inversiones sino que las recibiría con los brazos abiertos, se abriría al comercio exterior y no distorsionaría las estadísticas para engañar a la ciudadanía.

Mariano Rajoy auguró que su Gobierno nos pondría en el camino de un mayor nivel de bienestar y de un mayor crecimiento,.. y que sería un gobierno “previsible” que acabaría infundiendo más confianza.

El Partido Popular durante la campaña electoral no paró de hablar de recuperar o implantar “la excelencia” en determinadas facetas de la vida; sin embargo transcurrido más de medio año aún no ha comenzado a predicar con el ejemplo y rescatar a quienes a lo largo de varias décadas han sido expulsados o han desertado debido al proceso que tan acertadamente describía Joaquín costa hace ya más de un siglo: “en el régimen caciquil los más capaces y los mejor preparados son apartados, es la postergación sistemática, equivalente a eliminación de los elementos superiores de la sociedad, tan completa y absoluta, que el país ni siquiera sabe si existen; es el gobierno y dirección de los mejores por los peores… España es una meritocracia a la inversa. El régimen selecciona a los peores y prescinde de los mejores individuos, de las personas componentes de la sociedad española. En el régimen caciquil oligárquico sólo triunfan los peores…”.

Quienes pensábamos (y seguimos pensando) que España está necesitada de una política quirúrgica de urgencia, nos preguntábamos y aún seguimos haciéndolo si se atrevería Mariano Rajoy a convertirse en el “cirujano de hierro” que la actual España necesita… Lamentablemente el tiempo está demostrando que no era “el cirujano” a quien deseábamos quienes votamos al Partido Popular el 20N.

Tal como proponía Joaquín Costa hace más de un siglo, es necesario un cambio constitucional, “este régimen caciquil que adopta una forma de monarquía parlamentaria, en vez de subordinarse los elegidos a los electores, son éstos lo que están sometidos a los elegidos. En la actual España caciquil los oligarcas se reparten el país por áreas de influencia política. Cada oligarca disfruta de su correspondiente feudo-taifa -ahora denominas Autonomías- los oligarcas se agrupan en asociaciones o “bolsas de empleo” llamadas partidos políticos y hacen como que deliberan en las Cortes. Los grupos políticos no responden más que a intereses pasajeros y provisionales personales y particulares de grupos de interés (lobbys, o grupos de presión se denominan hoy) Por lo demás, el parlamento no representa a la nación.

La alternativa al actual régimen parlamentario es el régimen constitucional de separación de poderes del Estado.

El caciquismo y la oligarquía como forma de gobierno, afecta también, ¡cómo no! a la Administración de Justicia, consiguiendo así una justicia corrupta y llena de parcialidades y partidismos caciquiles.

El diagnóstico que hacía Joaquín Costa del régimen salido de la Restauración Borbónica de 1876 puede serle igualmente aplicado al actual régimen, “El Estado de las Autonomías” nacido de la Restauración de 1978. En la actual partitocracia ningún partido posee una estructura y un funcionamiento democráticos. Son órganos del Estado subvencionados y están fuera del control de los ciudadanos. La corrupción se ha instalado como forma de gobierno en España. El actual régimen se podría afirmar sin exageración que es un Estado corrupto. No es posible ejercer castigo electoral frente al gobernante corrupto. Existe una especie de servidumbre voluntaria del electorado. El sistema electoral proporciona coartadas e impunidad a los partidos. Los ingredientes de esa oligarquía son los partidos y su articulación gubernamental, parlamentaria, judicial, autonómica y local. Esta oligarquía posee en torno a sí organizaciones satélites: asociaciones, ONGs., sindicatos, etc. Las subvenciones estatales cuidadosamente concedidas impiden cualquier tentación de independencia y de “ataque” al régimen.

Generalmente, en las elecciones nada se decide. Los programas de los partidos se parecen cada vez más y por tanto las elecciones no responden a la voluntad popular. Las elecciones adquieren cada vez más un creciente carácter plebiscitario y se convierten en un acto de adhesión inquebrantable al régimen. La voluntad popular es una retórica vacía e incluso cínica, que expresa el dominio absoluto de los partidos sobre las instituciones y la sociedad. Estos partidos designan los candidatos y se reparten el poder institucional del Estado así como sus territorios siguiendo cuotas electorales. El sistema lo deciden las direcciones de los partidos políticos.

El sistema caciquil-oligárquico ha corrompido, también, a la función pública.

En este paripé de régimen parlamentario, las Cortes ejercen casi de convidados de piedra. Las principales decisiones las adoptan los jefes de los partidos en reuniones secretas (asesorados por los diversos grupos de presión) y en negociaciones al margen del parlamento. Una vez concluidos los acuerdos, el parlamento escenifica el acuerdo con una votación.

El parlamento es por tanto una cámara de manifestación no de reunión ni de debate.

El partido gobernante controla el poder legislativo y el ejecutivo, y el poder judicial a través del Consejo General del Poder Judicial y mediante el Tribunal Constitucional. No hay división de poderes.

La España de la que nos hablaba Joaquín Costa hace más de un siglo, así como las formas corruptas de gobernar de las que nos advierte Ayn Rand, se parecen demasiado a la España actual.

Las comparaciones, en este caso no son odiosas.