El papa Benedicto XVI pretende que la Santa Sede sea gobernada con bolsillos de cristal. El pontífice tomó ayer una decisión histórica para luchar contra el blanqueo de dinero en las instituciones financieras del Vaticano tres meses después de que su banco fuera investigado por fraude fiscal en un nuevo intento por eliminar cualquier sombra de duda sobre las cuentas del ente más opaco de la Santa Sede, en otro tiempo relacionado con la Mafia.

A través de una carta apostólica con la forma del ‘motu proprio’ -que tiene valor de ley-, Benedicto XVI subrayó su «compromiso» en la adopción de los principios y los instrumentos jurídicos promovidos por la comunidad internacional para «luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo». La normativa, que entrará en vigor el próximo 1 de abril, será aplicada a los Dicasterios de la Curia romana -equivalentes a los ministerios- y a todos los organismos y entidades dependientes de la Santa Sede, al tiempo que se constituye la Autoridad de Información Financiera (AIF), la primera institución en la historia del Vaticano que se ocupa de la vigilancia de todas sus actividades financieras.

El Instituto para las Obras de Religión (IOR), que actúa en la práctica como banco de la Santa Sede, estará precisamente bajo la jurisdicción de la AIF, que se convierte en el único interlocutor del Vaticano para coordinar las actividades financieras con el resto de organizaciones internacionales. Todas las entidades vaticanas tendrán la obligación de justificar sus números al final del año, además de tener que presentar los informes sobre sus actividades e informar sobre los clientes que poseen una cuenta corriente en las diferentes oficinas.

La Santa Sede unifica así sus normas económicas a la normativa europea antifraude y antiblanqueo de dinero y pone en práctica la ‘Convención Monetaria’ firmada por la Comisión de la UE y el Estado de la Ciudad del Vaticano el pasado 17 de diciembre de 2009 para combatir las actividades ilegales en el campo financiero y monetario.

El documento establece que la Santa Sede deberá cumplir las directivas europeas relativas a la acuñación del euro con la imagen del papa, en circulación desde el pasado 1 de enero de 2010 a través de los diferentes negocios que se encuentran en la Ciudad del Vaticano como la farmacia, la Librería Editorial Vaticana o la oficina postal.

Penas de cárcel

Para luchar contra el blanqueo de dinero, la nueva ley promulgada por Benedicto XVI contempla «el establecimiento de controles sobre el dinero en efectivo que entre y salga del Estado Vaticano», además de penas de cárcel de hasta 12 años, mientras que en el ámbito de la lucha contra el terrorismo se prevé «congelar» fondos y recursos económicos con el fin de reprimir su financiación. En este caso, se fijan condenas de hasta 15 años de prisión para los que promuevan o financien actos de violencia con fines terroristas.

También se establecen penas específicas en ámbitos como la manipulación de mercado, la trata de personas, el contrabando o la conservación del medio ambiente. Con estas medidas el Vaticano aspira a entrar en la llamada ‘lista blanca’ o lista de Estados que respetan las normas para la lucha contra el lavado de dinero de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

A juicio del portavoz vaticano, Federico Lombardi, con la nueva normativa «se evitará en el futuro aquellos errores que tan fácilmente se convierten en motivo de escándalo para la opinión pública y para los fieles. En resumen, la Iglesia será más creíble ante la comunidad internacional y sus miembros». Lombardi hacía referencia a años de graves acusaciones contra el Vaticano por supuestas operaciones o transacciones ilegales, que han hecho planear la sospecha sobre la Santa Sede.

La quiebra en 1982 del Banco Ambrosiano, cuyo principal accionista era el Vaticano fue uno de los escándalos modernos más sonados. Su presidente, Roberto Calvi, que apareció muerto en Londres, expuso al banco en operaciones exteriores de alto riesgo por valor de 10,5 millones de euros, que contaban con la garantía de cartas firmadas por el cardenal Paul Marcinkus, presidente del IOR de 1971 a 1989 y célebre por su frase «no se puede dirigir la Iglesia con ‘avemarías’». El último escándalo financiero del banco del Vaticano se produjo hace tres meses. Una jueza congeló los 23 millones de euros de una cuenta corriente del banco Credito Artigiano a nombre del IOR al sospechar que incumplía la normativa europea contra el blanqueo de capitales.