Nuestra actual Constitución dota al poder político de los mecanismos necesarios, en su artículo 155, para mantener la cohesión y los interés de la Patria frente a los intereses particulares de las comunidades autónomas. Lo hace en términos siguientes:

Art. 155.1.- “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

El constante desafío y reto a las instituciones del Estado por parte de la Comunidad Autónoma Catalana son lo suficientemente claras como para poner en marcha los mecanismos del artículo citado y no obstante, el gobierno hace dejación de sus obligaciones al no aplicar dicho artículo. Asistimos al incumplimiento de sentencias del Tribunal Supremo, al desacato de sentencias de protección de los derechos de los catalanes a educar a sus hijos en la lengua oficial del Estado, a la persecución de todo lo español y por último a las declaraciones unilaterales de independencia de Ayuntamientos catalanes.

El poder político, el Gobierno es el primero en desatender sus obligaciones y por ello mismo, en el artículo 8 de la misma Constitución, se encarga a las Fuerzas Armadas por el ordenamiento constitucional. Lo explicita así:

Art. 8.1.- “ Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

Las Fuerzas Armadas asisten atónitas y sin palabra al esperpento que la Comunidad Autónoma Catalana y la Vasca, nos ofrecen a diario y al reto constante a que someten al resto de España. Es más, atados en la toma de decisiones y sin amparo en la más alta Institución del Estado, han de permanecer silentes viendo como los políticos no cumplen con sus promesas y/o juramentos a la Constitución. Permitiendo que ciertos territorios del país hagan mofa de las leyes que nos hemos dado y de los símbolos que nos representan. Y los símbolos dicen más de lo que muchos creen. Hoy, por ejemplo, el Sr. Mas tras reunirse con el Presidente del Gobierno, da una rueda de prensa en una pseudo embajada catalana en la capital del Reino, en dicha rueda de prensa, no aparece la bandera de España, solo la regional y la Europea y lo hace en catalán, primero y después en español.

Esta permisiva actitud frente al constante desafío de esta comunidad, mejor de sus dirigentes, al resto de la soberanía de los españoles, se va acrecentando a diario llegando al paroxismo de realizar manifestaciones independentista con el fin de hacer llegar mensajes de fuerza al resto del país.

Toda esta situación, permitida y alentada desde hace 30 años, por todos los Gobiernos de España, es aprovechada ahora, en los peores momentos económicos, para volver a hacer chantaje.

La no toma de las medidas que la Constitución otorga al Estado, supone una traición a sus ciudadanos, que se ven no protegidos, ni amparados por las leyes, y que a diario comprueban, cómo los intereses de unos pocos, priman por encima del “Interés General” que la Constitución consagra y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de proteger y defender, tal como indica el artículo 8 de la misma.

Los hermanos militares que no se pueden pronunciar asisten una vez más a los desmanes de una clase política que los ningunea, los arrincona y no los valora. Algunos, durante estas últimas fechas se han pronunciado dura y claramente.

¿Para cuándo se espera cumplir con los artículos que la constitución nos da para no ser arrollados por esta clase de políticos corruptos, insolidarios y secesionistas?