Soledad Becerril.

La entrega de gran parte de los inmigrantes ilegales que ocuparon el islote de Tierra a la policía de Marruecos será investigada por la Defensora del Pueblo.

El desalojo tuvo lugar la noche del lunes 10 al martes 11 y en él participaron efectivos de la Guardia Civil y de la Gendarmería Marroquí. Mientras España acogió a diez de ellos, de los cuales ocho eran menores de edad, Marruecos se hizo cargo del resto y los trasladó hasta la frontera argelina.

El Gobierno de Melilla calificó el operativo de ‘modélico’, pero varias ONG que trabajan con inmigrantes criticaron que el Gobierno de Mariano Rajoy no socorriera desde el primer momento a las personas que se encontraban en el islote y lo acusó de vulnerar la Ley de Extranjería.

Organizaciones como Amnistía Internacional, Prodein o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía han sido algunas de las que han denunciado la vulneración de procedimientos administrativos, como el traslado de los extranjeros desde el islote a una comisaría española, donde según ellas se les debió tramitar un expediente de expulsión individual. “También se les privó de asistencia letrada, no se realizó su identificación ni se determinó su lugar de origen ni se comprobó si tenían derecho a solicitar asilo político”, señalan los oenegeros subvencionados por el mismo Estado al que ahora denuncian.

Ahora la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha abierto una investigación ante las denuncias de numerosas ONG. El encargado de este asunto será su adjunto primero, Francisco Fernández Marugán, a quien corresponde el área de Inmigración y Derechos Humanos, que ya ha abierto un expediente a iniciativa propia.

La Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, ya ha recibido un escrito en el que la se le piden explicaciones y aclaraciones sobre el procedimiento y sobre el trato que recibieron los inmigrantes de Tierra antes de ser expulsados.

Actualmente está en vigor un acuerdo suscrito por España y Marruecos en 1992 que facilita la readmisión de inmigrantes irregulares en dicho país si se demuestra que su lugar de salida fue algún punto del Reino alauí. Como el islote de Tierra está a unos 50 metros de la costa marroquí, se da por hecho que salieron de allí.

Pero la Ley de Extranjería prohibe las expulsiones colectivas y establece una serie de garantías en los procedimientos de expulsión que, en estos casos, no se habrían cumplido.

Desde el Gobierno continuaron las palabras de agradecimiento al Reino de Marruecos. Ayer, en una entrevista en Onda Cero, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, alabó la ‘generosidad’ de ese país por aceptar al grupo de migrantes del islote de Tierra.