No son muchos, y sobre todo no suelen ser muy dados a la participación, pero la población inmigrante ya es lo suficientemente numerosa como para inclinar la balanza durante las próximas elecciones municipales del 22 de mayo en ciudades clave de Cataluña, Andalucía, Murcia o Madrid. http://www.youtube.com/watch?v=WTlClxXorAQ&feature=player_embedded

Hasta ahora, solo aquellos que provenían de la Unión Europea podían elegir al alcalde de su ciudad en igualdad de condiciones con sus vecinos españoles, pero la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de impulsar convenios de reciprocidad con los principales países de origen ha abierto la puerta al grueso de la población iberoamericana. Entre unos y otros, suman dos millones de extranjeros con derecho a voto. PSOE y PP hacen ya sesudas cábalas para ver el modo de recabar su apoyo.

Se trata de una tarea compleja porque la política de inmigración será, sin duda alguna, uno de los principales ejes de la campaña para los comicios autonómicos y locales, como ya lo fue en Cataluña el pasado mes de noviembre, y ni el mensaje de los populares es de fácil digestión para quienes vienen de fuera, ni los socialistas pueden sustraerse a un debate que, según confiesan en la dirección federal del partido, cala profundamente entre sus votantes habituales y puede arrebatarles muchas papeletas. Mal negocio sería si lo que se intenta ganar por un lado, el apoyo de los nuevos electores extranjeros, se evapora por otro, fundamentalmente, el de las clases trabajadoras.

El secreto está en focalizar los recursos y moverse rápido para lograr captar ya el mayor número de simpatizantes. Los algo más de 350.000 nuevos votantes no comunitarios -principalmente ecuatorianos, colombianos, bolivianos, peruanos, paraguayos y chilenos, aunque también hay noruegos y neozelandeses- que quieran ejercer de manera efectiva su recién adquirido derecho deben inscribirse en el censo electoral y tienen de plazo para hacerlo, tan solo, hasta el 15 de enero, desde el 1 de diciembre pasado. Es primordial llegar hasta ellos en esta fase porque luego puede ser tarde y porque quien los ayude a dar el primer paso a la participación será, probablemente, quien se lleve el gato al agua.

Los magrebíes, sin papeleta

Los socialistas gastarán 150.000 euros en animar a la inscripción con una campaña específica centrada en eslóganes como ‘Que tu voz se oiga’, ‘Por tus derechos y los de los tuyos’ o ‘Contra el racismo y la xenofobia’. Dicen en el PSOE que no hay riesgo de incomodar a aquellos de sus votantes que -guste a la dirección del partido o no- ven con cierto resquemor este tipo de planteamientos porque ni pervierte el principio de la inmigración ordenada ni tan siquiera les llegará. «Solo se insertará en medios de comunicación por ejemplo latinos, en locutorios, en lugares de encuentro para estas comunidades, pero se conocerá poco por el público en general», explican.

El partido gubernamental maneja encuestas que indican que la población inmigrante es «ampliamente» más favorable al PSOE que al PP. Especialmente, la iberoamericana, pero también la marroquí, aunque estos últimos no votan porque, pese a los intentos del Ejecutivo, no ha sido posible suscribir convenio alguno. Los déficits democráticos del país magrebí hacían inviable la reciprocidad que exige la Constitución. Eso abre un nicho de oportunidad claro. Solo en Madrid hay 94.123 ecuatorianos y más de 80.000 bolivianos y peruanos.

Los conservadores, que también han puesto en marcha una campaña con idéntica segmentación -peluquerías, locutorios, clubes sociales- y la ayuda de asociaciones de inmigrantes, tienen más predicamento entre los de los países del este. Rumanos y búlgaros votan también por primera vez después de la integración de sus países en la UE. Y no son pocos: más de 750.000. El secretario popular de Interior, Gonzalo Robles, asegura aún así que su formación no renuncia a ganarse apoyo alguno y, aunque admite que la idea del ‘contrato de integración’ o el polémico videojuego de la candidata del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, pueden haber despertado cierto malestar entre algunos colectivos, tiene claro que pesará más el pragmatismo.

«Las preocupaciones del inmigrante no son distintas de las del resto; votará pensando en la crisis, el trabajo y el empleo», sostiene. Según asegura, los estudios cualitativos con los que trabajan en Génova muestran que todos los colectivos, independiente de su nacionalidad, tienen mayor confianza en el PP que en el PSOE para gestionar la situación económica. Pero en todo caso, defiende que los inmigrantes integrados son los primeros partidarios de una política de control como la que propugna su formación porque «saben que lo contrario conduce a la explotación».