GI.- En octubre de 1990, el nacionalismo catalán diseñó su hoja de ruta. Los mensajes de entonces son casi los mismos que ahora, pero redoblados por plataformas, centros de estudios económicos y medios de comunicación. De tener la viva voz a tener amplificadores que llegan ahora a cualquier rincón. La hoja de ruta en un documentó que se elaboró en ese año, con Miquel Roca como secretario de la formación, marcaba los pasos a seguir por parte de los nacionalistas.

“Controlar a los educadores para que cumplan lo estipulado en la doctrina nacionalista. Para ello, era necesario “vigilar la composición de los tribunales de oposición” para todo el profesorado”, según publicaba José Antich en El País.

Con la polémica de “españolizar” de los últimos días y las respuestas de “catalanizar” meses atrás por la Generalitat presidida por Artur Mas, el documento de 1990 indicaba que había que “reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza” y había que realizar un trabajo de pedagogía a las asociaciones de padres.

Así, tal y como establece la ley de inmersión lingüística en Cataluña, que pone de manifiesto que para que un alumno pueda aprender en español debe ser un juez quien lo ordene, un caso único en el mundo, teniendo en cuenta que Cataluña es una parte de España y que el Tribunal Constitucional sentenció en 2010 que el español también es lengua vehicular en la CCAA.

Sobre los medios de comunicación, según señala el diario, hay que “introducir gente nacionalista (…) en todos los puestos clave” o “incidir en la formación inicial y permanente de los periodistas y de los técnicos de comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana”.

Tal es así, que los independentistas se han hecho una televisión pública que critica u oculta todo lo español en Cataluña mientras que ensalza cualquier pequeño gesto de nacionalismo, como consultas populares con participaciones del 10% de la población o de que pueblos aprueban decretos sin ningún valor jurídico para declararse independientes de España. Asimismo, un ejemplo son las 360 horas que, según ha denunciado C’s, se han emitido en esta televisión en relación a la Diada independentista del pasado 11 de septiembre, como el Rey ha sido tiroteado de forma simulada en otro programa de la cadena, como la cadena no ofrece las ruedas de prensa del Consejo Ejecutivo de la Generalitat cuando las preguntas son en español o como la cadena veta en su programa de la mañana a periodistas críticos con el nacionalismo, como han sido los casos de Lluís Foix, Rafael Jorba, Joan Tapia o Eulàlia Vintró dejaron de ir tras el verano. Otros sin embargo, se han negado a ir, como Juan Carlos Girauta, hasta que no se normalice la situación.

Estos son algunos de los múltiples ejemplos que suceden en esta cadena, ahora investigada por la Fiscalía por el programa que simuló atentar contra el Rey, el pasado 12 de octubre con la concentración en Plaza Cataluña “de España y catalanes”, la única televisión que no dio cobertura es precisamente la que también pagan los que allí se manifestaron para trabajar por una Cataluña unida.

No son pocas las plataformas regadas con dinero público que promueven el catalanismo y nacionalismo. También están patronales económicas y sindicales, los primeros pidiendo el fracasado pacto fiscal de Mas y los segundos en silencio ante un recorte más en las subvenciones que reciben. También las hay sociales, como Som Escola y Escola en catalá, que se manifiestan a favor de la eliminación del español en los colegios. Ahora la lengua del país es relegada al nivel del inglés.

“Incidir sobre la administración de justicia y orden público con criterios nacionales”, y revisar los mecanismos de acceso y promoción del funcionariado. En este punto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala en numerosas sentencias la inmersión lingüística y hace que las familias tengan que llegar hasta el Supremo para poder estudiar en español. Todo ello, un periplo judicial que el Alto Tribunal siempre ha fallado a favor de las familias pero cuyas sentencias llegan tan tarde que en algunos casos, los alumnos ya habían terminado el colegio.

Para la promoción de los funcionarios, es requisito tener un nivel ‘C’ de catalán para poder acceder a un puesto público. Un hecho que se ha eliminado en Baleares, con el Gobierno autonómico del ‘popular’ José Ramón Bauzá. Asimismo, el Tribunal Supremo ha dejado sin efecto unas oposiciones fuera de la Generalitat en las que se pedía el catalán para poder acceder a las mismas.