Hoy, 28 de febrero, Andalucía conmemora el referéndum del año 1980, que otorgó autonomía plena a la comunidad.

Treinta y tres años han transcurrido desde entonces y que poco se ha notado aquel acercamiento de la administración hacia el administrado, del que tanto se alardeaba entonces, y fundamento principal en el que se inspira el Estado de las autonomías.

El referéndum de aquel 28 de febrero, se nos revelaba como la apertura del camino que los andaluces ya podíamos recorrer en una armonía no exenta de esfuerzo y sacrificio, en busca de nuestra tierra prometida, aunque me temo que sin ser conscientes —ni entonces, ni ahora— de que como decía Heinrich Böll, “Uno tiene que ir muy lejos, para saber hasta dónde se puede ir”.

Dimos el primer paso y nos hicimos la ilusión de haber alcanzado la tierra de promisión en la que se nos había prometido que hallaríamos la justicia y un futuro más promisorio para nosotros y para nuestros hijos.

Se nos hicieron muchas ofrendas de igualdad, de justicia social, de progreso y tras más de tres décadas de ostentar el poder, lo único que hemos tocado con las manos, ha sido el progreso del fracaso. Aunque no sé como conductas basadas en afirmaciones como: “No descansaré hasta conseguir que el médico lleve alpargatas”, pueden conducir a progreso alguno. Manifestaciones como la citada, hecha en un mitin en 1982, en Jerez de la Frontera, lo que denotan es resentimiento, revanchismo y solo conducen a la fractura social.

También nos prometieron transparencia, honradez y una regeneración de la vida política y social cuando afirmaron: “Podremos meter la pata, pero no meteremos la mano”.

Cuando esto afirmaban, aún no se hablaba de los ERE, ni del fondo de reptiles, ni de Mercasevilla, ni de Invercaria, ni de los suntuosos gastos del Palacio de San Telmo, ni de los cientos de coches oficiales y los casi cuarenta mil móviles, ni de las embajadas andaluzas, ni del fracaso de los metros, ni de las fundaciones, ni del río de las subvenciones que tienen a la Junta arruinada.

Claro que hay que admitir el profundo sentimiento familiar de algún alto mandamás de la Junta hacia sus hermanos, o sus hijos. Como tampoco se puede ignorar la política de protección familiar de la Junta con altos dirigentes del Partido.

Por aquella época, cuando se votó el referéndum del 28F, era muy frecuente escuchar cómo se aludía a los privilegios de los señoritos andaluces; a los pobres y los ricos y al “Tó p´al pueblo”. Todo era puro teatro y una excusa bajo la cual se escondía la idea del “ahora me toca a mí”. Siguen existiendo los señoritos andaluces. La única diferencia es que entonces la mayoría ostentaban un título nobiliario y ahora, aquellos, han sido sustituidos por profesionales de la política —no pocos “analfabetos” utilizables a los fines del partido— que constituyen una casta privilegiada, cuyos protagonistas se han convertido en los nuevos terratenientes de una autonomía de la que han hecho su finca particular.

Quienes tengan edad para ello, recordarán los tiempos de indignada reprobación contra la atribuida corrupción del régimen franquista. Curiosamente, muchos de aquellos que tanto vociferaban llenos de fingida agitación, eran los herederos directos de los notables del franquismo, que ahora continúan disfrutando de los mismos privilegios o mayores que los de sus antecesores. Bien aprendieron la cínica lección que en “El gatopardo”, el personaje de Tancredi da a su tío Fabrizio con la conocida frase: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. Es curioso que sean las nuevas generaciones herederas de los antiguos franquistas, las que ahora se arroguen una suerte de derecho de conquista similar al que ejercían aquellos sus antecesores a los que, para seguir disfrutando de sus prerrogativas, no tienen el menor embarazo en afrentar. Utilizan el agravio contra sus propios progenitores a modo de detergente que limpie sus orígenes, para de este modo, obtener una falsa legitimación democrática que les permita ejercer las mismas prácticas o mayores que las de sus predecesores.

Fueron ellos los mismos que nos prometieron una Arcadia poco menos que paradisíaca, los que desde el primer momento custodiaron primero y secuestraron después, la senda de nuestro destino, fracasando estrepitosamente en su misión por hacer de Andalucía una sociedad moderna, fuerte y competitiva.

En Andalucía, hoy, 28 de febrero, es un día festivo en el que nada hay que festejar. Aunque pensándolo bien, se podría festejar ser la primera comunidad en tener la renta per cápita más baja de España, o ser la primera comunidad en ostentar el más alto índice de fracaso escolar, o ser la comunidad en la más del cincuenta por ciento de nuestros jóvenes no tienen forma de encontrar un empleo o sobrepasar ya más del treinta por ciento de desempleados. Esta es la “Andalucía imparable” que nos dejó Manuel Chaves y que con el permiso de Izquierda Unida, ahora preside el señor Griñán, por cierto, consejero de Hacienda cuando se gestionaron los famosos ERES. Esta es la esplendorosa realidad lograda con la primera, la segunda y no sé si la tercera o la cuarta modernización de Andalucía, tan cacareada a los cuatro vientos. Yo no sé si alguien se dio cuenta de que todo era humo, un espejismo que tras los fatuos y pretenciosos nombres, solo se escondía el frío invierno de la cigarra que hoy festejamos.

Hoy, 28 de febrero, en Andalucía festejaremos esta situación a la que nos ha conducido el entramado clientelar de una Junta que se mantiene sobre los pies de barro de una insoportable administración autonómica; unos medios de comunicación sumisos por temor de perder las subvenciones y las sustanciosas campañas de publicidad institucional; una sociedad inerme y sin pulso; una juventud desencantada que ha obtenido los títulos pasando continuadamente de un curso a otro, con el lastre de varias asignaturas pendientes; un empresariado silencioso y en ocasiones hasta “comprensivo” con el poder; unos sindicatos adecuadamente engrasados para evitar que chirríen y una oposición política acomplejada a la que con el mayor descaro, desde el propio Gobierno de la Junta, se le hace un ejercicio de control, exigiéndole explicaciones sobre su gestión, haciendo así, oposición a la oposición. Una fórmula por demás efectiva para lograr que la oposición sea incapaz de plantar cara ante tan insostenible gestión de los recursos públicos.

Aunque quizá la razón de todo, radique en lo que una ministra se atrevió a decir públicamente y que no fue otra cosa que lo que en realidad anima la filosofía del partido que hegemónicamente ostenta el poder en Andalucía: “El dinero público no es de nadie”. Y si no es de nadie, ¿Quien puede impedir que la Junta de Andalucía, ayuntamientos y diputaciones provinciales despilfarren millones de euros en una imparable e irracional espiral de gastos?

A la vista están los resultados del oscuro y politizado sistema financiero andaluz, cuya quiebra solo se ha evitado con cargo a los exangües bolsillos de los contribuyentes.

Hoy, 28 de febrero, Andalucía festeja el reparto de subsidios, las asignaciones del PER, el decreto del enchufismo, los asaltos impunes a los supermercados considerados legítimos o al menos no delictivos, como parte del ejercicio de huelga, los subsidios, los sueldos millonarios o la dilapidación constante de fondos públicos en actividades como las falsas prejubilaciones, el riego constante de euros en subvenciones y ayudas a instituciones ideológicamente afines por parte de una Junta de Andalucía poco menos que en quiebra.

La ausencia de alternancia política durante más de tres décadas al frente de la Junta, es la que ha posibilitado tal desgobierno del PSOE; un socialismo que ha ensamblado los intereses del partido con los de la institución, con los personales y los clientelares. Un cáncer que ha extendido sus metástasis hasta el último de los órganos del cuerpo en que se introdujo hace treinta y tres años, gracias a su posición despótica y dominante.

El PRI, estuvo gobernando 71 años consecutivos en México. El PSOE, ya lleva casi la mitad de ese tiempo en el poder de Andalucía. La disyuntiva es clara: o alternancia y regeneración institucional o de lo contrario, descartada cualquier moralización de la política, tendremos que asistir con resignación a la aplicación de que es moral todo aquello que sirva a los intereses de la casta política.