Manuel Granado y Juan Bravo reunidos con representantes de 22 ONG y asociaciones de inmigrantes en Extremadura, ayer en Mérida.

La Consejería de Salud y Política Social de la Junta de Extremadura se reunió ayer con representantes de asociaciones de inmigrantes de Extremadura para recabar sus aportaciones para la puesta en marcha de un Programa de Atención Sanitaria de Seguimiento (Pascae), iniciativa que regulará la asistencia sanitaria a este organismo de los extranjeros no autorizados ni registrados en España como residentes.

El director general de Planificación, Calidad y Consumo, Manuel Granado, y el de Política Social y Familia, Juan Bravo, explicaron a las asociaciones el proyecto en el que trabaja el Ejecutivo autónomico, que se traducirá en una instrucción que probablemente vea la luz en el segundo trimestre del año. Esta actuación responde a un mandato del Parlamento regional y a una de las demandas de Izquierda Unida, que presentó una propuesta de impulso ratificada por unanimidad el pasado 25 de octubre. Se trata de un “programa social en salud pública” mediante el que, según ha explicado Granado, se tiene controlado al ciudadano inmigrante desde el punto de vista de la salud pública, se regulariza su situación desde la perspectiva sanitaria y se protege a toda la sociedad frente a las enfermedades infectocontagiosas.

Mediante este programa se regulará y establecerá el procedimiento de atención y las prestaciones de asistencia sanitaria y se evitarán situaciones como que un ciudadano acuda en varias ocasiones a un servicio de urgencias por un proceso por el que podría ser atendido por en su centro de salud y, en caso necesario, ser derivado al especialista correspondiente. Así, Manuel Granado apuntó que la Consejería de Salud dictará una instrucción posiblemente en el segundo trimestre de este año en la que definirá “claramente hasta dónde va a llegar la asistencia sanitaria a estos inmigrantes”.

Respecto al número de inmigrantes irregulares que se podrán beneficiar, Granado manifestó que es “difícil” conocer la cifra, aunque señaló que en la base de datos de tarjeta sanitaria figuran unos 9.000 ciudadanos extranjeros con su tarjeta en situación de baja y pendiente de acreditación ante la Seguridad Social. Así, añadió que unos 6.000 de ellos tienen caducado el permiso de residencia, al tiempo que recordó que todos tenían un plazo de tres meses para regularizar su situación aunque lo que ha hecho la consejería es mantenerlos con una tarjeta en una situación de “baja temporal activa” para que pudieran recibir asistencia. A partir de ahora, una vez que se publique la citada instrucción, dispondrán de un plazo de tres meses para que regularicen su situación bien por la vía del aseguramiento o por la vía del Pascae, de modo que si no lo hacen “automáticamente se les dará de baja”.

El director general de Planificación reseñó que este plan no va en contra del decreto del Gobierno de España, que limita la atención sanitaria a ilegales, ya que “se trata de un programa social enfocado a la salud pública del paciente”.