Santiago de Munck Loyola.- Durante las últimas semanas se han venido sucediendo noticias relacionadas con la financiación o la contabilidad del Partido Popular, de sus sedes locales o de las últimas campañas electorales. De una parte, el juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, ha ordenado varias diligencias para desentrañar las cuentas de la campaña electoral de las autonómicas de 2007. El magistrado ha solicitado a nueve empresas, radicadas en Valencia, Castellón y Alicante, información detallada sobre la contratación de vallas publicitarias del PP durante las semanas anteriores a los comicios celebrados el 27 de mayo de 2007. Hay también, al parecer, dificultades para conocer los gastos electorales populares en las municipales de la ciudad de Alicante. De otra, parece que está bastante extendida en sedes del PP de Alicante la costumbre de llevar un sistema de “contabilidades paralelas” a nombre de particulares o de asociaciones y no la contabilidad oficial del Partido. Una anómala práctica a la que, tras hacerse público por los medios de comunicación, ha decidido poner fin la Dirección Provincial Alicantina quien lo venía consintiendo desde hace tiempo, incumpliendo los Estatutos Nacionales del Partido Popular (http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/03/29/pp-regulara-finanzas-juntas-locales-atajar-descontrol-dinero/1358435.html).

Esta forma de proceder, conocida y consentida al parecer por la Dirección Provincial, resulta más que sorprendente para cualquiera que haya tenido responsabilidades en el Partido Popular en otras zonas de España. La ausencia de una contabilidad oficial del Partido en una localidad, la inexistencia de cuentas bancarias a nombre del propio partido, el manejo de fondos a través de asociaciones paralelas y la opacidad contable para los propios militantes no sólo vulnera los Estatutos del propio partido, sino que además constituye una práctica absolutamente fraudulenta que debería saldarse con la exigencia y depuración de responsabilidades, tanto de los autores como de los consentidores o encubridores. Un servidor que durante catorce años presidió una junta local en un municipio madrileño nunca conoció semejantes prácticas. El partido local contaba con una cuenta bancaria abierta con la presentación previa del apoderamineto de la gerencia regional (el equivalente a la provincial en Alicante). Los militantes eran informados anualmente de los ingresos y gastos de la sede local y aprobaban en asamblea el presupuesto anual. Periódicamente, el tesorero local se reunía con el gerente regional que fiscalizaba los libros y las cuentas de la Junta local. Un funcionamiento que nada tiene que ver con la práctica vivida en la Junta Local de Alicante durante los últimos diez años.

Aquí no se da cuenta a los militantes de los gastos e ingresos de la Junta local, eso sí, desde la provincial se pide un euro por afiliado sin explicar nada a los interesados. ¿Será ésta una de las razones para acabar con la Junta Local de Alicante y sustituirla por Distritos? ¿No será multiplicar por diez el descontrol económico existente? Resulta lógico que estando tan ocupados en la provincial en perseguir a los militantes que pedimos transparencia, honradez y participación en el Partido no hayan tenido tiempo ni para cumplir ni para hacer cumplir los propios Estatutos del Partido, ni para poner en limpio las cuentas de las juntas locales de Alicante.

No necesitan inventarse nada, ni improvisar supuestas medidas de control para contentar a la prensa. Todo ya está inventado y previsto. El Artículo 54.2 de dichos estatutos señala que los recursos del Partido estarán constituidos por las cuotas de todos los afiliados y por las aportaciones voluntarias de éstos; por las contribuciones económicas de los cargos públicos en el porcentaje que se determine por el Comité Ejecutivo Nacional; por las subvenciones oficiales que las Administraciones Públicas aporten al Partido y a todos los Grupos Institucionales; por los rendimientos de su propio patrimonio, por el producto generado por las actividades que se organicen y por las donaciones, herencias o legados que reciba.

Y el Artículo 55 de los mismos Estatutos señala por su parte que 1.- Los ejercicios económicos de todas las organizaciones territoriales tendrán la duración del año natural y se cerrarán a 31 de diciembre con el visto bueno del Presidente, autorización del Secretario e intervención del responsable correspondiente de finanzas.

2.- El Presupuesto anual de cada organización territorial deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo de ésta dentro de los cuarenta y cinco primeros días hábiles del nuevo ejercicio. Cuando en el transcurso de un ejercicio corresponda la convocatoria de elecciones se elaborará también un Presupuesto Especial en el que se contemplen las previsiones de ingresos y gastos necesarios para la concurrencia del Partido a dichos comicios.

3.- Anualmente se someterán las cuentas del Partido a una auditoría externa.

¿Se han cumplido estas disposiciones en todas las Juntas locales de la Provincia? ¿Y en la Junta Local de Alicante? Si es así, nada que objetar. Y si no se han cumplido los Estatutos ¿se abrirán expedientes disciplinarios a los responsables o éstos sólo se reservan a los llamados críticos? Dado que en diez años de pagar puntualmente la cuota de afiliado un servidor nunca ha sido informado, a pesar del derecho que le asiste a ello según los propios Estatutos del partido Popular, sobre el estado de gastos e ingresos de su Junta Local, la de Alicante, ni de los presupuestos de la misma aprobados conforme a la norma antes citada, es por lo que el pasado 15 de marzo solicitó por escrito al Presidente local, D. Julio de España, la información económica pertinente. Y, a pesar de haber pasado quince días desde entonces, mutismo total, silencio absoluto, nada de nada. Luego dicen que les molesta tener que enterarse de estas cosas por la prensa. ¿Y cómo creen que nos sentimos los militantes cuando nos enteramos por la prensa de sus decisiones? ¿Cómo creen que nos sentimos cuando comprobamos, día a día, que se pasan por el arco del triunfo los Estatutos del Partido y que nos niegan a los afiliados los derechos de información y de participación? Pues nada, ahora le reitero en público, a ver si lo lee, la misma petición: copia de los presupuestos anuales, balances y acceso a la documentación económica de mi Junta local porque quiero saber cómo se ha gestionado mi dinero y porque me preocupan tantas noticias negativas sobre las cuentas de mi partido. ¿Hay algo de malo en ello?