El Tribunal Constitucional ha comunicado hoy al Parlamento catalán que la declaración de soberanía de Cataluña que aprobó el pasado 23 de enero queda suspendida a todos los efectos por un período mínimo de cinco meses.

La decisión de la corte fue automática una vez que acordó admitir a trámite la impugnación presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la disposición del Parlament, por considerar que es un acuerdo con efectos jurídicos que viola varios artículos centrales de la Constitución, por lo que debe ser anulada.

La Carta Magna obliga al tribunal a tomar la medida cautelar de suspensión si así lo reclama el Gobierno en cualquier recurso o impugnación contra leyes o disposiciones de las autonomías. En un plazo máximo de cinco meses el Constitucional deberá decidir si prorroga la suspensión o la levanta si para entonces no ha resuelto todavía sobre el fondo del asunto.

El Ejecutivo planteó al Constitucional la nulidad en marzo, nada más contar con los informes de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado, que coincidían en la inconstitucionalidad del texto que declara a Cataluña sujeto politico soberano. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ya visó que será la primera de todas las decisiones legales que impulsará el Ejecutivo para frenar la senda soberanista emprendida por la Generalitat.

Vulnera la Carta Magna

Los estudios jurídicos en manos del Ejecutivo señalan que la declaración viola al menos los artículos 1.2, 2 y 9.1 de la Carta Magna, que consagran que la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto, la unidad indivisible de la nación y la obligación de todas las administraciones de estar sujetas a los mandatos de las leyes y la Constitución, además de ignorar el sistema de reforma agravada de la ley fundamental del artículo 168, que es el único procedimiento válido para modificar los capítulos especialmente protegidos del texto, como son los afectados por la rotunda afirmación de que el pueblo catalán es soberano.

Los informes de los expertos juristas niegan que se trate de una simple declaración de intenciones, como siempre ha defendido el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Muy al contrario, sostienen que es un texto con efectos jurídicos que debe ser anulado porque declara a Cataluña como sujeto político soberano e inicia un procedimiento que mandata a las instituciones autonómicas y a los ciudadanos a poner en marcha procesos y mecanismos hacia el ejercicio del derecho de autodeterminación, que deberían culminar en 2014 con la celebración de una consulta.

RAJOY AFIRMA QUE SEGUIRÁ “AYUDANDO” AL GOBIERNO CATALÁN

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles en el Congreso que acudirá a los tribunales si la Generalitat de Cataluña emprende acciones que “vayan en contra del interés general de la política exterior” de España. “Este Gobierno irá a los tribunales como ha ido al Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones en los últimos tiempos”, ha remachado.

Rajoy ha respondido así a la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien le ha preguntado en la sesión de control al Gobierno si va a “hacer algo” para “evitar” que la Generalitat “ponga verde” a España fuera de sus fronteras mientras le pide ayuda financiera.

En su respuesta, el presidente del Gobierno ha recalcado que las comunidades autónomas tienen derecho a hacer “acción exterior”, pero con la “obligación de someterse a las líneas maestras” que marque el Ejecutivo de España, que es quien tiene la “competencia” en esta materia. Por eso, ha advertido a las autoridades catalanas que “siempre que se hagan cosas que vayan en contra del interés general de la política exterior española” el Gobierno acudirá a los tribunales”.

La diputada de UPyD había instado al presidente del Gobierno a tomar medidas para impedir que la Generalitat se dedica a “hacer propaganda contra España en el exterior” con el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), en lugar de dedicarlo a “mantener” los servicios sociales, la educación y la sanidad.

“¿Usted cree que le darían dinero?”

Rosa Díez ha asegurado que Rajoy “no hace” nada para evitarlo y le ha pedido que se imagine cómo actuaría la Unión Europea si España le pidiera 40.000 millones de euros “sin condiciones” para reflotar sus entidades financieras y después le dijera que quiere “salir” de Europa para dedicarse a “ponerles verde”, diciendo que la UE es “una opresora”, que su déficit se debe “al de la UE”, que España es “demasiado solidaria” y que en Europa “son un desastre”.

“¿Usted cree que le darían el dinero? Sería tremendo, no le darían nada”, ha señalado la diputada, para después apuntar que “eso es lo que está ocurriendo en España con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que en el resto del mundo, fuera de España, dice todas esas lindezas refiriéndose a España”.

Además de anunciar acciones contra la Generalitat si va contra la política exterior española, Rajoy ha dejado claro que, aunque no está de acuerdo con “algunas cosas” que hace la Generalitat, está “ayudando” al Gobierno catalán porque lo que hace es “ayudar al conjunto de los ciudadanos catalanes, que tienen derecho”, y ha asegurado que va a seguir haciéndolo.

Tres puntualizar que el FLA se destina “en primer lugar” a cubrir el vencimiento de deuda exterior y después al pago de proveedores, Rajoy ha insistido en que va a “seguir tratando a todos los españoles por igual, vivan en el sitio que vivan” y sea del color que sea el Gobierno de su comunidad. “Yo, desde luego, no soy un sectario ni lo voy a ser nunca”, ha afirmado.