Alberto Fabra (d) junto a su predecesor al frente del Gobierno de Valencia, Francisco Camps.

Fernando Soler.- Nada pone más nervioso a un partido político, oficina de colocación, que ir mal en las encuestas y el PP de la Comunidad Valenciana está en caída libre, surcado de problemas de corrupción –el último, enconado, gira en torno a Rafael Blasco- y con el agravante de la falta de liderazgo cada vez más evidente de Alberto Fabra.

La Convención de Peñíscola lejos de traer la paz al PP no ha hecho otra cosa que disparar sus contradicciones internas. Básicamente, en Peñíscola lo que hizo Mariano Rajoy fue evitar salir en la foto con cualesquiera de la legión de imputados y confirmar a Alberto Fabra, respaldarlo. Eso ha tenido efectos perversos inmediatos. El más llamativo es que Alberto Fabra se lo ha creído y se ha puesto a tomar decisiones que representan un auténtico golpe de mano sobre los delicados equilibrios de poder territorial sobre los que se basa en el PP valenciano.

La medida más llamativa ha sido colocar a la que se sitúa como amiga entrañable, o amante, como se decía antes, de directora general de Coordinación de la Generalitat valenciana, una especie de número dos, como lo que se pasa a una Generalitat de alcoba, llamada a generar entorno a la pareja una guardia pretoriana. Las alarmas se han disparado en el PP de Valencia y en el de Alicante. Alberto Fabra carece de base social propia y su disposición a tomar las riendas con todas las consecuencias puede provocar consecuencias indeseables. Por de pronto, los propios medios afines al PP hablan de un claro clima de división interna y de numerosas reuniones conspiratorias.

Como todos los liderazgos débiles, Fabra está funcionando por espasmos, generando más confusión que claridad, como indican fuentes del propio PP. En medio de este caos interno, estalla con toda su virulencia el caso Rafael Blasco, el rasputín del PP desde la época de Zaplana pasando por la de Camps, el viejo militante del grupo terrorista FRAP que recaló en el PSOE, donde ya fue acusado de corrupción, y evitó la cárcel porque la escucha de sus conversaciones fue declarada ilegal, y que fue acogido por el PP, junto con su esposa, Consuelo Císcar, hermana de Ciprià. Un matrimonio de advenedizos que ha hecho de su capa un sayo dentro de las filas de la gaviota y que ha dominado la cultura, las campañas electorales y las finanzas, con un enriquecimiento ostentoso.

Blasco está acusado del desvío sistemático de fondos públicos destinados a proyectos de cooperación internacional para el tercer mundo, para los más pobres, en su etapa de conseller de Solidaridad. La fiscalía pide para él 14 años de cara a la inminente apertura de juicio oral y la abogacía de la Generalitat solicita 11. Este dato ha sido tomado por Blasco como una agresión directa de Alberto Fabra y ha elevado los retos hasta provocar la medida de la suspensión cautelar de militancia. Por añadidura, Blasco es diputado autonómico, uno de los nueve imputados. Otros dos están en la antesala de la imputación: Rita Barberá y Francisco Camps por sus contratos con Urdangarín. Tres de los imputados –Vicente Rambla, Angélica Such y Magdalena Martínez, los tres exconsellers- tienen ya el caso cerrado y se encaminan al juicio oral. De ser coherente, Fabra debería expulsar a los nueve, pero eso le podría llevar a perder el poder. No se descarta que otros imputados hagan causa común con Rafael Blasco, que hasta el momento había contado con el apoyo cerrado del PP de la provincia de Valencia.

Sin liderazgo, el PP de la Comunidad Valenciana se encuentra en sus peores momentos.