Sin empleo no hay papeles. Y sin papeles no hay proyecto de vida ni esperanzas de labrar un futuro mejor en España, lejos de las miserias de sus castigadas patrias. Hace solo unos años, con el ladrillo en plena ebullición, para un inmigrante conseguir el pasaporte con el que abrirse camino en la provincia era relativamente fácil. Los autóctonos se podían permitir el lujo de elegir dónde trabajar y ellos aprovechaban las sobras. Mano de obra barata dispuesta a asumir las denominadas ocupaciones de difícil cobertura. Para ellos, la ansiada llave para regularizar su situación en Málaga. La crisis, sin embargo, ha dado al traste con sus aspiraciones. Con una tasa de paro del 30,65%, los extranjeros lo tienen más difícil que nunca para conservar una nómina y, por ende, sus permisos de residencia. Muchos de ellos, movidos por la desesperación de no querer regresar a un país sin oportunidades, caen en manos de mafias que se lucran a su costa vendiéndoles falsos contratos.

Así, como ha podido constatar este periódico, tras años de cierto letargo, este mercado negro, cual ave Fénix, está resurgiendo de sus cenizas. Ana (nombre ficticio) conoce este entramado de cerca. Su yerno vino de Ucrania hace meses dispuesto a encontrar una ocupación con la que mantener a su pequeña, nacida hace poco en la capital. Dice que lo ha intentado «todo». Desde ofrecerse para trabajar en el campo, de seguridad, en la construcción, en la restauración e incluso en el ámbito de las reformas domésticas. Pero no ha habido suerte.

Ante el temor a que le expulsen a su país, ha llamado a las puertas de este mercado clandestino, dirigido por bandas organizadas y empresarios sin escrúpulos. «Me piden 1.500 euros por ofrecerme un compromiso de contratación que me ayude a conseguir los papeles. Pero no me fío», admite con la voz quebrada.

Con la actual legislación de extranjería, el contrato laboral es imprescindible para que un inmigrante pueda regularizar su situación mediante el arraigo social u obtener un permiso inicial. Para que tengan carta blanca para quedarse permanentemente en España, deben acumular cinco años con la tarjeta de residencia en orden. Dicho papel se concede la primera vez por periodo de un año. Una vez caducado, debe renovarse otras dos ocasiones con una validez de 24 meses cada una.

Solo quienes lleguen al final de este camino logran la citada autorización definitiva. En total, un lustro de incertidumbre durante el cual el extranjero necesita un empleo como condición ‘sine qua non’ para seguir avanzando. Sin trabajo, no hay regularización.

Gerardo Márquez, responsable de la coordinadora de inmigrantes de Málaga, confirma que en tiempos difíciles como los actuales la venta de contratos, -«que siempre ha existido», matiza»- se acentúa. «El paro lo sufrimos todos, pero más aún los extranjeros. Hay quienes ven peligrar su situación regular y buscan una salida a la desesperada recurriendo al mercado negro, el cual nos parece una aberración. Hay compañeros que ven cómo su proyecto de vida en Málaga se está rompiendo en pedazos y no saben qué hacer», expone al tiempo que desaconseja a su colectivo tomar este atajo. «Es una muy mala solución, dado que te expones a que te pillen o te estafen», revela Márquez.

La secretaria de Política Social de UGT Málaga, Alicia Fernández, también advierte de la existencia de esta venta ilegal de puestos de trabajo; un fenómeno del que empieza a recibir casos en su despacho. Y todo, dice, por culpa de la crisis y del drama del paro. «Hay inmigrantes que llevan aquí años con un empleo y de repente se encuentran sin poder renovar su permiso al quedarse sin nómina, lo que les vuelve a convertir en irregulares. Para evitarlo, hay quienes compran un contrato, cuyo coste oscila entre los 1.500 y los 2.000 euros», sentencia.

En la misma línea, la secretaria provincial de Acción Sindical y Política Social de CC OO, Miriam Hernando, recuerda que la debilitada situación económica, social y laboral se está cebando con colectivos en situación más precaria y desfavorecida, como es el caso de los inmigrantes. «Durante años han desempeñado tareas que no interesaban al resto de los trabajadores y ahora ven amenazado su futuro», relata. Sobre el mercado negro, admite que existe y que los foráneos que compran un empleo tienen que pagarse además las cuotas de la Seguridad Social.