Un ex alto cargo del gobiernito andaluz revela la existencia de un «fondo de reptiles» para despidos y prejubilaciones
El ex director general de Trabajo de la Consejería de Empleo desde 1999 hasta 2008, Francisco Javier Guerrero, reveló a la policía el pasado diciembre que en su departamento existía un «fondo de reptiles» no reglado para auxiliar a empresas en crisis con ayudas para prejubilaciones y despidos. Según el escrito de la Policía Judicial y que ayer dio a conocer el Partido Popular, el montante de ese fondo de ayudas supuestamente ilegales y concedidas de forma «arbitraria» podría ascender a 647 millones de euros. La policía propone revisar todas las actuaciones del alto cargo ante la sospecha de irregularidades en el manejo de los fondos públicos durante el citado periodo.
Las supuestas irregularidades están relacionadas con el caso Mercasevilla, empresa participada por el Ayuntamiento de Sevilla, con varios procedimientos judiciales abiertos, uno de ellos por los expedientes de regulación de empleo en la empresa en los años 2003 y 2007 y motivo por el que Guerrero fue llamado por la policía para declarar.
El Partido Popular remitió ayer a los medios una copia del escrito que la Policía Judicial envió a la juez del caso Mercasevilla, Mercedes Ayala, con la declaración el pasado 21 de diciembre del ex cargo de la Junta.
Guerrero reconoció a los agentes que en su etapa las ayudas para los ERE o despidos de las empresas no se tramitaban como una subvención excepcional aprobada por Consejo de Gobierno, que, según recuerda la policía, hubiera sido la fórmula legal, sino como «un fondo de reptiles para crisis, con procedimiento distinto, una masa económica para empresas que necesitaban respirar».
Guerrero reconoce que esa fórmula era un procedimiento «no regulado». Cuenta a los agentes que se intentó reglar varias veces, -«tuvimos debates para ello»- a través de ocho borradores de decretos y diez de órdenes, pero que nunca se llegó a tramitar porque «era un tema de atención exclusiva a crisis muy particularizadas en el territorio».
El ex director general de Trabajo menciona ayudas a Egmasa para jubilar a personas mayores dedicadas a incendios, a Santana, Franja Piritica de Huelva, Cárnicas Molina y Dhul o Yogures de Andalucía.
Nulas de pleno derecho
El procedimiento de pago de las ayudas, según explica Guerrero, se hacía a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente convertida en Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). La policía detalla en su informe que en el periodo desde 2000 a 2008 la citada empresa pública de la Junta dispuso de 647.869.175 euros. Con posterioridad al cese de Guerrero, se destinaron otros 120 millones, pero en 2010 ya fueron gestionados directamente por la Consejería.
La policía considera que todas las disposiciones realizadas con cargo a estas partidas sin haberse seguido el «procedimiento preceptivo» para sufragar prejubilaciones de empresas en crisis son, además de «nula de pleno derecho, constitutiva de infracción penal por su arbitrariedad».
La Policía Judicial insta en su informe a revisar todas las actuaciones del ex director general de Trabajo, así como los convenios suscritos por la dirección general de Trabajo y Seguridad Social o la Consejería de Empleo con el IFA o IDEA desde 2000 a 2008. En ese periodo de tiempo fueron consejeros de Empleo José Antonio Viera, actual secretario provincial del PSOE en Sevilla, y Antonio Fernández, director del Consejo Regulador del vino de Jerez.
Fernández negó ante la juez Mercedes Alaya el pasado día 31 que existiese un acuerdo para «ahuyentar la legalidad» en la promoción y tramitación de expedientes de regulación de empleo en Andalucía. La juez ha reclamado a la Consejería de Empleo una relación de las subvenciones y ayudas públicas concedidas desde 2002 hasta el momento de igual naturaleza, según informa Efe.
Soborno
Griñán defendió a Fernández y recordó que fue este consejero el que destapó el caso Mercasevilla denunciándolo al Juzgado. Se refiere al primer procedimiento, el que hace referencia al supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce sobre dos empresarios del grupo hostelero La Raza.
Respecto al caso de los ERE, la Junta también ha denunciado posibles irregularidades en el de 2007, negándose de hecho a hacer efectivo su pago.
Entre las irregularidades destapadas está la aparición de dos personas como aspirantes a percibir una prejubilación en Mercasevilla cuando nunca habían trabajado en esta empresa. Uno de ellos es un ex cargo del PSOE de Jaén. En su declaración ante la policía, Guerrero dijo que Juan Lanzas, ex dirigente de UGT, había gestionado muchos expedientes de empleo.
