Los agentes intuyen un fraude de decenas de millones de euros a través del SAE.

Sobre el papel, las empresas solicitaban una subvención para impartir ciclos de formación con compromiso de contratación dirigidos a desempleados. La Junta, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), les entregaba un 75% de la ayuda y retenía el 25% restante hasta la conclusión del expediente. Los alumnos se apuntaban y el curso se realizaba. Sobre el papel. Porque, en la práctica, no siempre era así.

Los agentes del ‘caso Edu’, que investigan a una veintena de empresas por un supuesto fraude en los cursos de formación destapado en Málaga, han detectado en algunas de ellas indicios de haber sido creadas para percibir estas ayudas. Y que muchos de los asistentes a los cursos no eran tales. Solo nombres y apellidos destinados, presuntamente, a conseguir fondos públicos por la vía de la subvención.

Esa es la hipótesis en la que trabajan los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que indagan en un supuesto fraude que intuyen de decenas de millones de euros. Las pesquisas, no obstante, se encuentran en una fase muy inicial, aunque la hoja de ruta de los agentes pasa por examinar los 3.700 millones en ayudas para la formación concedidas entre 2009 y 2011 en Andalucía.

El primer capítulo de la investigación, que comenzó cuando los inspectores de la Seguridad Social detectaron unas anomalías en alumnos que no habían sido dados de alta, se ha plasmado en un informe que ya está en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga. El Ministerio Público abrió diligencias en mayo de 2013.

Expedientes de 17 empresas

El pasado 14 de enero, la UDEF reclamó a la Junta de Andalucía los expedientes relativos a 17 empresas, 16 radicadas en la provincia de Málaga y una en Granada, que obtuvieron subvenciones por valor de 1,5 millones de euros durante el año 2010 para impartir estos cursos.

El Gobierno autonómico remitió el 6 de febrero la documentación por la que se había interesado la policía. Los expedientes, de los cuales sólo uno estaba cerrado -el resto se encontraba pendiente de comprobación por parte de la Junta-, se refieren a dos asociaciones en el Valle del Guadalhorce y la Axarquía, 13 academias y centros de formación (desde informática hasta estética), una carpintería y un particular.

Los agentes de la UDEF empezaron a vislumbrar las posibles dimensiones del caso tras tomar declaración la semana pasada a 200 supuestos alumnos de los cursos, repartidos a lo largo y ancho de la provincia.

Los investigadores se encontraron con la sorpresa de que, al parecer, algunos ni siquiera sabían que estaban inscritos en esos ciclos formativos. Otros simplemente se habían apuntado, pero luego no los realizaron. También habría familiares o amigos de los empresarios que percibieron las subvenciones por, supuestamente, impartirlos. Y, en un último escalón, descubrieron que algunos de los asistentes incluso se les habría obligado a firmar un poder notarial en el que rechazaban la oferta de trabajo.

Del lado de los beneficiarios, los investigadores se han encontrado con empresas de todo tipo. Desde centros perfectamente reglados que cumplieron los compromisos por los que habían sido subvencionados, hasta sociedades supuestamente creadas ad hoc para percibir las ayudas -la Junta adelanta el 75% al inicio-, y que dejaban de tener actividad poco después, según las fuentes. De ahí que, en esos casos, nadie reclamara el 25% restante de la ayuda, que permanecía en las arcas de la administración.

También se investiga a centros formativos que se comprometieron a impartir ciclos y que, a priori, no tienen capacidad ni empleados para ello -los hay hasta con un solo trabajador-, o a empresas que cobraron ayudas para dar cursos con una temática completamente distinta a su actividad habitual o la que aparece en su razón social.

Con estos mimbres, el horizonte de la investigación ha comenzado a extenderse al resto de la región. Los agentes sospechan que las irregularidades destapadas en Málaga podrían salpicar también a otras provincias. Será la siguiente fase de la ‘operación Edu’.