La Familia Real, el día de la proclamación de Felipe VI.

Un mes y nueve días después de haber heredado el trono, Felipe VI empieza a tomar decisiones que afectarán al funcionamiento de la Casa Real. La Zarzuela ha anunciado hoy su intención de someter las cuentas de la institución a una auditoría externa de la Intervención General del Estado (hasta ahora sólo había controles internos) y de hacerla pública cada año a partir del próximo ejercicio.

Es sólo uno de los “gestos” que, según fuentes de la Casa del Rey, se pondrán en marcha antes de que acabe el año. Además del régimen de incompatibilidades que ya afecta a los altos cargos y a todo el personal al servicio de las administraciones públicas, el Rey quiere aprobar un Código de Buen Gobierno, similar al que tienen las entidades públicas, pero adaptados a las singularidades de la institución monárquica.

Habrá también un régimen jurídico que establezca qué regalos pueden recibir los miembros de la Familia Real, que, además, sólo podrán dedicarse en exclusiva a actividades de naturaleza institucional.

En estos momentos, esa limitación tiene pocos efectos prácticos porque la Familia Real se reduce ahora a los propios Reyes, don Felipe y doña Letizia, a don Juan Carlos y doña Sofía, a la princesa de Asturias, doña Leonor y a la infanta Sofía. Pero tiene su valor simbólico al calor del escándalo del caso Nóos en el que están imputados los duques de Palma, Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón.

Cabe recordar que hasta que acabe el año, pues las cuentas se aprueban anualmente, don Felipe seguirá cobrando lo que cobraba cuando era Príncipe de Asturias, 146.376 euros brutos anuales; mientras que don Juan Carlos recibirá hasta entonces 292.752 euros brutos al año.

Las razones

Felipe VI ha tratado de dar respuesta, en todo caso, a muchas de esas cuestiones que alimentan la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y de la que tampoco escapó su padre, Juan Carlos de Borbón. Es un intento de dotar, siquiera parcialmente, de contenido, las palabras que pronunció en su discurso de proclamación ante las Cortes. “Que la ejemplaridad presida la vida pública, con el Rey a la cabeza”, dijo entonces.

Don Felipe quiere también que antes del 31 de diciembre la Casa Real firme un convenio con la Abogacía General del Estado para que sea esta la que, a partir de ahora, le asesore jurídicamente de manera ordinaria. La Abogacía ha asesorado hasta ahora a la Monarquía de manera esporádica, en situaciones concretas, pero en múltiples ocasiones don Juan Carlos recurrió a despachos de abogados privados.

Hay también intención de firmar un convenio con la secretaria de Estado de Comercio para regular y “atender debidamente las funciones representativas” en la promoción de los intereses económicos de España.