“El sentido común es el conjunto de prejuicios acumulados a través de los siglos, que generalmente la gente suele alcanzar alrededor de los 18 años de edad”. Reflexión atribuida a Albert Einstein.

La principal prioridad que Mariano Rajoy manifestó –con absoluta rotundidad- que tendría su gobierno, el Gobierno de España, tras el triunfo del Partido Popular en las Elecciones Generales de 20 de noviembre de 20011, era –lo decía entonces sin ruborizarse- “luchar contra el paro”… el “noble compromiso” de mejorar una situación trágica e indeseable: más de 5 millones de españoles están desempleados (es decir, no están produciendo los bienes y servicios necesarios para sustentar sus vidas).

Es relativamente frecuente que algunos economistas, a riesgo de ser linchados, demonizados y propuestas aún más ocurrentes, por tener la osadía de cuestionar uno de los tabúes más importantes del llamado Estado del Bienestar, hagan una sugerencia concreta para cambiar esa situación que, aunque no sea la única, reduciría en mucho el actual desempleo en España: La sugerencia es eliminar el salario mínimo interprofesional.

Una de las formas más frecuentes de intervencionismo gubernamental es la fijación de salarios mínimos. En algunos países los tipos de salario mínimo los decreta directamente el gobierno. En otros lugares los gobiernos no intervienen directamente en la fijación de los salarios. Le dan carta blanca a los sindicatos, permitiéndoles que coaccionen a los patronos y empleados recalcitrantes. Si no fuera así, las huelgas no lograrían nunca los fines que los sindicatos persiguen. Si el patrono estuviera en libertad de sustituir a los huelguistas, las huelgas no conseguirían forzarles a aumentar los salarios. La esencia de la política sindical actual es la aplicación o amenaza de violencia bajo la benévola protección del gobierno. Los sindicatos representan, pues, una parte vital del aparato estatal de coerción. Cuando los sindicatos imponen salarios lo hacen en nombre y por delegación del Gobierno.

Cuando los sindicatos de trabajadores consiguen forzar a los empresarios a aumentar los salarios, consiguen a su vez el paro permanente –o casi permanente- de una parte considerable de la mano de obra potencial. Con la elevación forzosa de salarios, los empresarios se ven obligados a restringir la producción, y la demanda de mano de obra se reduce. Rara vez se preocupan los sindicatos del inevitable resultado de sus actividades; no les importa lo que les pueda suceder a quienes no son miembros de su asociación. Estos lamentables efectos de los salarios mínimos se han hecho cada vez más perceptibles a medida que se han ido afirmando los sindicatos. Mientras sólo una parte de la mano de obra, en su mayoría trabajadores especializados, estaba organizada en sindicatos, el aumento salarial obtenido por los sindicatos no condujo al paro, sino a un aumento de oferta de mano de obra en aquellos sectores industriales en los que no había sindicatos eficientes o la presencia sindical era nula. Los trabajadores que perdían su empleo como consecuencia de la política sindical pasaban al mercado de los “sectores libres”, provocando en ellos el correspondiente descenso de los salarios. La consecuencia, y la secuela, de la subida de salarios para los trabajadores organizados, era un descenso de salarios para los trabajadores no organizados.

Pero las condiciones cambiaron con la difusión del sindicalismo. Ahora, a los trabajadores que pierden el empleo en un sector de la industria les resulta más difícil emplearse en otros. Sencillamente “se les sacrifica”.

Evidentemente el desempleo existe, incluso cuando no intervienen el gobierno o los sindicatos. Pero en un mercado laboral libre prevalece la tendencia a hacer que el paro desaparezca. El hecho de que los desocupados busquen trabajo deberá llevar a la fijación de tipos salariales a un nivel que permita a los empresarios contratar a todos aquellos que quieren trabajar y ganar un salario. Pero si los salarios mínimos impiden un ajuste de los tipos salariales a las condiciones de la oferta y la demanda, el desempleo tiende a convertirse en un fenómeno de masas permanente.

Hay sólo un medio de hacer que los tipos salariales de mercado suban para todos los que desean trabajar: aumentar el volumen de los capitales disponibles que permita mejorar los métodos técnicos de producción, aumentando de este modo la productividad marginal de la mano de obra. El gasto público no es un medio adecuado para acabar con el paro. Si el gobierno financia sus gastos mediante impuestos o mediante empréstitos, restringe la capacidad de inversión y de gasto del ciudadano particular en la misma medida en que aumenta su propia capacidad de gasto. Si el gobierno financia sus gastos mediante la inflación (emisión de papel moneda adicional o petición de préstamos a bancos comerciales) provoca una subida general de precios. Si entonces los tipos salariales nominales no suben o no tanto como los precios de los bienes de consumo, es posible que desaparezca el paro. Pero desaparece precisamente porque los tipos salariales reales se han reducido.

El progreso tecnológico aumenta la productividad del trabajo humano. Con la misma cantidad de capital y de mano de obra se puede producir hoy más que antes. Se puede disponer de un excedente de capital y de mano de obra para la expansión de las industrias existentes o para la creación de otras nuevas. Puede tener lugar un «paro tecnológico» como fenómeno transitorio. Pero el parado puede encontrar pronto nuevo empleo bien en las nuevas industrias o en las existentes en vías de expansión. En la actualidad están empleados millones de trabajadores en industrias creadas en las últimas décadas. Y los principales compradores de los productos de las nuevas industrias son los propios asalariados.

Sólo hay un remedio para el paro duradero de grandes masas: el abandono de la política de subida de salarios por decreto gubernamental o mediante la violencia o la amenaza de violencia.

El salario mínimo es una cantidad de dinero por debajo de la cual ningún individuo, empresa o entidad -llamémosle “empresario”- puede legalmente contratar a otro individuo -llamémosle “empleado-. En estos momentos, en España ese valor es aproximadamente 750€ al mes, incluyendo las pagas extraordinarias. Contratar o ser contratado por un sueldo inferior es un delito.

Quienes defienden la existencia de los salarios mínimos parten de dos premisas: a) sería deseable que todo trabajador ganase por lo menos esa cantidad, cantidad que se considera a su vez como renta mínima para atender a las necesidades básicas de cualquier persona; y b) si no hubiera un salario mínimo, podrían llegarse a pagar sueldos mucho más bajos, lo cual conduciría a la explotación de los más débiles.

Como veremos a continuación, tales afirmaciones son absolutamente mendaces, puras falacias.

Indudablemente, es loable, nobilísimo, deseable que nadie gane menos de una determinada cantidad de dinero, pero ese “deseo” no es algo que se pueda conseguir mediante la coacción, de manera forzosa. Indudablemente, sería “deseable” que todos los españoles ganaran un mínimo de 750€ al mes; ¿y por qué no 1.000, o 5.000? ¿No sería es aún mejor? ¿No es apetecible que todos los españoles tuvieran plena salud física y mental, que comieran de forma sana e hicieran ejercicio diario? ¿No sería “deseable” que todos trabajáramos menos y ganáramos sueldos superiores? También sería deseable -¿No? que cada español tuviera casa en propiedad, con piscina, garaje, criados, e incluso “jakuzzi” (bañera con una instalación que emite chorros de agua a presión para hidromasaje), y que todos pudiéramos veranear en Eurodísney, pongo por caso… ¿No sería “deseable”? E insisto, ¿por qué 750€ y no 700€? ¿O 650€?

Indudablemente no existe argumento alguno para determinar qué es y qué no es deseable… El salario mínimo interprofesional (como la pensión mínima y máxima de jubilación) es resultado de una decisión arbitraria de políticos profesionales, burócratas…  que imponen a los demás sus decisiones a la fuerza.

La otra cuestión a la que se suele acudir para “argumentar” a favor de establecer un salario mínimo, es la necesidad de proteger a la gente vulnerable, a quienes están en situación de ser víctimas de abuso por parte de empresarios desalmados… Pero entremos en el asunto: imaginemos que un posible patrón acuerda un contrato con un trabajador, por 700€, y el empleado está encantado de trabajar por 700€ – si ambos consideran que les beneficia realizar ese compromiso, si llegan a la conclusión de que a ambos les conviene (que conste que en España, actualmente está prohibido hacerlo),.. y el empresario sólo necesita a alguien para que le vigile su negocio, pongo por caso, y cuide a su perro y no tiene posibilidades de pagar más; e incluso, puede que el empleado viva con su madre, o esté estudiando y le interese ganarse un sueldo adicional, y considere suficiente lo que está dispuesto a entregarle el empleador. ¿No sería legítimo, lógico que ellos dos, solo ellos, decidieran voluntariamente llegar a tal convenio, si se pudiera, si la legislación laboral no lo prohibiera?

Como resultado de la actual normativa laboral, en España el patrón se queda sin recibir un servicio (al precio que puede pagar), y el empleado se queda sin un trabajo que aceptaría de buena gana al precio de mercado. O sea, al trabajador se le prohíbe, se le impide trabajar, y seguirá desempleado.

¿Cuál es la causa de que no tenga trabajo? No es la “maldita crisis”. Es una legislación absurda, estúpida e inmoral la que se lo impide. Resultado: el patrón (el posible contratador) no puede adquirir un servicio que él considera necesario para administrar su empresa (su proyecto productivo), y el trabajador (el posible contratado) no puede obtener ingresos, ya que no se le permite trabajar para ganarse la vida. Si el empresario no tiene a nadie que le vigile la tienda, tal vez tenga que reducir las horas de apertura,… o, incluso, cerrarla completamente y dedicarse a otra cosa; si el empleado no tiene ingresos, tendrá que vivir a costa de otros, sufrir, pasar hambre – o robar. Ambos individuos han sido seriamente perjudicados por la intervención del gobierno, por una institución cuya única misión y razón debería ser proteger los derechos individuales, o sea: el derecho de cada individuo a su propia vida, el derecho a actuar para ganarse la vida.

Claro, me dirán que “queda otro camino, otra opción”: la economía sumergida, contratar al personal de forma clandestina, ilegal (tal como ocurre en la actualidad) a riesgo de ser sancionado, sin posibilidad de dar de alta al empleado en la seguridad social, y etc.

Establecer un salario mínimo legal es exactamente igual que si el gobierno decide que se deben pagar 5 euros por un kilo de tomates, (por poner un ejemplo) considerando que esa cantidad le permitirá al vendedor conseguir una renta razonable, una vida digna, una vivienda digna, la posibilidad de alimentar conveniente a su familia, etc. Según ese “razonamiento” quien quiera comprar o vender tomates por menos de ese precio estará incurriendo en delito, y correrá el riesgo de ser castigado.

¿Qué acabaría ocurriendo en tal caso? Pues lo mismo que está pasando ahora con el empleo. El tendero se quedaría sin vender sus productos, y el cliente se quedaría sin comer tomates; uno no podría seguir regentando su negocio, y el otro pasaría hambre.

Si el Presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy desea pasar a la Historia como un héroe, si el Partido Popular realmente quiere eliminar las causas del paro, pueden empezar por una de ellas: derogar la absurda ley del salario mínimo. Evidentemente tendría que ir contra corriente, tendría que enfrentarse a una tremenda oposición, tendría que explicar, educar y convencer; pero los hechos y la lógica acabarían triunfando, porque de ese tipo de decisiones depende que millones de personas sigan desempleadas o que consigan trabajar para sustentarse. Si lo consigue, la actividad económica se reactivará, la producción y la inversión crecerán, el empleo y los salarios aumentarán, la bolsa se disparará, el círculo vicioso de la crisis se acabará. Ese tipo de decisiones es lo que la economía necesita — lo que España necesita — y lo que acabaría mostrando la diferencia entre prosperidad y pobreza.

Si se eliminara el salario mínimo no veríamos a millones de personas muertas de hambre por las calles, sino todo lo contrario: a millones de personas a las que se les ha devuelto la esperanza, la posibilidad –nada más y nada menos- de ganarse la vida.