Por Roberto Centeno y Antonio García Trevijano.- Para una conciencia normal ya no se puede soportar vivir en la atmósfera irrespirable que invade todos los ámbitos de la vida pública española. La incompetencia más absoluta de los llamados a resolver los problemas de la nación,  como hemos visto en la desastrosa gestión –al borde del delito contra la salud pública– del primer caso de ébola, la ineficacia del Estado en todos sus niveles, la mentira como forma de gobierno y los mares de nepotismo y corrupción no son más que fenómenos consecuentes a la degeneración moral que ideó y cristalizó la “fórmula política” imperante en España desde la Transición. La nueva clase política nos impuso un régimen oligárquico de partidos, llamado cínicamente democracia, donde el pueblo no puede elegir ni a sus representantes ni a su presidente, y donde además el poder judicial depende absolutamente del poder ejecutivo.

Semejante barbaridad constitucional no habría podido realizarse sino a través de un golpe de gobierno que impuso a los españoles una Constitución sin libertad constituyente. El Poder estatal se dividió en 17 feudos territoriales contrarios a la realidad histórica y cultural de la Nación, lo que ha conducido directamente a la ruina moral y económica de España y a la corrupción sistemática en todos los ámbitos públicos. Sin este reparto territorial del poder político no habrían sido ni tan fáciles ni tan impunes el desgobierno y la disolución moral del propio concepto histórico de España. El separatismo catalán es una creación directa del sistema autonómico combinado con un sistema electoral concebido en beneficio de las minorías políticas nacionalistas.

No se puede dejar por más tiempo el país en manos de tal cuadrilla de corruptos e insolventes. ¿Cómo es posible, en el caso del ébola, que el personal sanitario militar, que tiene experiencia en NBQ (nuclear, bacteriológico, químico) con amplio entrenamiento dentro y fuera de España y con equipos adecuados, haya sido apartado por los ineptos políticos al frente de la Sanidad de Madrid, apoyados por el Gobierno? Si la enfermera, que sin entrenamiento y sin medios adecuados -traje nivel II y no IV como tiene el personal NBQ- muere o hay más contagios, este Gobierno de insensatos debería pagar por ello. La necesidad de una acción colectiva que cambie radicalmente el rumbo de la sociedad política y del Estado, y que siente las bases éticas, culturales y jurídicas de unas nuevas reglas del juego político basadas en la decisión democrática de la sociedad gobernada, se ha hecho ya patente hasta en las mentalidades más conservadoras.

El Estado de saqueo: licencia para robar

La Transición en España de un régimen autoritario a otro de libertades individuales pero sin control del poder fue completamente diferente al paso de la dictadura a la democracia de los países del Este. Mientras en el primero la democracia nos fue hurtada por una oligarquía de partidos, sin separación de poderes ni representación de los votantes y una división de la nación en feudos administrativos con licencia para robar, en los segundos la transición fue diseñada por las burocracias exsoviéticas, donde la última generación de burócratas se alió con la primera generación adjudicataria de los monopolios estatales.

En España fue justo lo contrario: se creó una nueva burocracia que tomó al asalto todos los activos públicos en su propio beneficio y monopolizó el poder en los feudos territoriales, lo que permitió la acción continuada del expolio de la riqueza. Ejemplo, el del clan Pujol. Hasta ese extremo no han podido llegar ni siquiera los oligarcas del Este. No hay ni puede haber un Pujol en Rusia, como tampoco un Chaves o un Griñán. En una democracia verdadera, es decir, en un sistema presidencialista de gobierno con una asamblea de diputados representativos de los electores que los han elegido, sería más que imposible, inimaginable, que la vida política llegara al grado de degradación alcanzado en España. Otra consecuencia inevitable del reparto territorial es la ausencia de todo criterio de valía profesional. La competencia y la profesionalidad son inversamente proporcionales al número de centros de poder.

Un ejemplo de lo hasta ahora descrito lo tenemos en las tarjetas opacas de Bankia, una minúscula porción de lo ocurrido no ya en esa entidad, sino en la mayor parte de las 50 cajas de ahorro de españolas existentes hasta hace muy poco. Hasta la Transición, el sistema español de cajas de ahorro, con más de 150 años de historia, había sido un sistema modélico de banca pública donde los más modestos y humildes ahorradores del país habían depositado sus ahorros y encontrado financiación durante generaciones. Cumplían una función económica y social verdaderamente notable, y estaban gestionadas por excelentes profesionales.

Fue la Ley de Cajas de Ahorro 31/1985 la que metió a los partidos políticos, a los sindicatos y a la patronal en los consejos de administración, desde donde iniciaron el asalto a los puestos ejecutivos. Los gestores profesionales fueron expulsados o arrinconados, y una pléyade de ineptos y saqueadores procedentes de partidos y sindicatos con licencia para robar se hicieron cargo de estas instituciones, que tan bien habían servido a las capas más humildes y desfavorecidas de la población durante siglo y medio. Estos desalmados del PP, del PSOE o de los partidos nacionalistas como también de los sindicatos de clase –comunistas y socialistas– utilizaron los recursos económicos de las entidades en su propio provecho y el de los partidos y sindicatos que los habían nombrado.

Financiaron inversiones disparatadas en beneficio propio y de los partidos, dieron créditos ventajosos a amigos o previo pago de sustanciosas comisiones por debajo de la mesa, y se entregarían al despilfarro y el saqueo más absolutos en las empresas participadas. Hablando con propiedad, los verdaderos culpables de los crímenes financieros cometidos a través de las cajas de ahorro son los políticos, que lograron promulgar una ley para el expolio de las cajas de ahorro en beneficio de  la clase dominante. El antiguo ahorro popular que representaba el 53% del ahorro nacional está hoy en la banca privada, que ha doblado así sus pasivos. Esa ha sido la misión de los partidos y sindicatos corruptos a cambio de lucrarse y lograr altos puestos ejecutivos en esa banca privada. Ejemplo: caso Rato.

Y cuando acabaron con los recursos de las entidades, pasaron a los pequeños ahorradores, a los que engañaron con la colaboración del Banco de España y de la CNMV para que invirtieran los ahorros de toda la vida en unas cosas llamadas preferentes, que, con el señuelo de una mayor rentabilidad, los llevaría a la pérdida a veces total de sus ahorros. Nadie entre estos saqueadores ha tenido que responder de nada. El rescate de bancos y cajas nos ha costado ya más de 300.000 millones de euros entre dinero efectivo, préstamo de Bruselas, esquema de “protección” de activos, Sareb –comprando activos inmobiliarios al doble de su precio de mercado–, avales, etc. De ellos, según el FMI, casi la mitad serán irrecuperables. De momento, el dinero perdido por los contribuyentes supera los 50.000 millones, a pesar de que el ministro De Guindos asegurara solemnemente que el rescate no costaría un euro a los españoles.

Pero el tema es mucho peor que el saqueo: es la impunidad y la protección otorgada por el Gobierno a estos delincuentes comunes. El FROB, que tiene todos los datos, al igual que la Inspección del Banco de España, prometió hace un año que investigaría todos estos asuntos para descubrir quiénes se habían enriquecido, y sin embargo ha suspendido todas sus actuaciones. Alguien desde el Gobierno, de acuerdo sin duda con la oposición, ha paralizado las investigaciones, que no se limitan a los 87 salteadores de Caja Madrid –todos los cuales saldrán impunes–, sino de las 50 cajas. Podemos estimar en más de 4.000 los políticos, sindicalistas y sus secuaces que han estado robando impunemente dinero público.

Guindos acaba de afirmar: “Estoy convencido de que lo ocurrido en Caja Madrid es un caso singular”. ¡Pero cómo osa! No tiene ni vergüenza ni perdón. Es una degeneración tan colosal que necesita para mantenerse la corrupción institucional y personal en todos los centros donde han de resolverse las cuestiones públicas. En el caso concreto de Caja Madrid, una cúpula directiva de delincuentes compraba voluntades y silencios de consejeros, sindicalistas y políticos que contabilizaban como “quebrantos por errores informáticos”. Con 15 millones han conseguido un expolio de 23.000. Y los responsables ni siquiera están imputados. En otro país europeo, Blesa, Rato y otros estarían en la cárcel, junto con Pujol y Bárcenas.

El 20 de septiembre del pasado año, Soraya Sáenz de Santamaría anunció solemnemente, con el impávido triunfalismo que la caracteriza, la puesta en marcha de un proyecto de “regeneración democrática” donde la utilización de tarjetas de crédito por altos cargos, concejales y demás hermanos mártires se restringía drásticamente. A día de hoy, no se ha hecho absolutamente nada, pero a doña Soraya no se le ha caído la cara de vergüenza, y continúa imperturbable prometiendo regeneraciones en un régimen de poder irregenerable. Montoro, por su parte, ordena a la Agencia Tributaria que investigue a las empresas privadas del Ibex, pero ¿por qué excluye a los nidos de corruptos (cajas rescatadas, empresas públicas y políticos y sindicalistas con mando)?

La degeneración del Estado: la Ley 30/1984

La Ley de la Función Pública de 1984 completa este cuadro normativo de la corrupción. Eliminó el sistema de selección basado en los principios de mérito y capacidad y lo sustituyó por los nombramientos a dedo, lo que nos ha llevado de tener una de la Administraciones Públicas mejor organizada de Europa a la más ineficiente y voluminosa de los países desarrollados. La ignorancia y la falta de preparación es algo que alcanza ya límites de escándalo. ¿Cómo es posible, si no, que la señora Mato sea la ministra de Sanidad de España? ¿Qué compromisos inconfesables existen entre el pusilánime Rajoy con esta incompetente ministra, que ni siquiera sabe el origen del lujoso automóvil que tiene su marido en el garaje de su casa ni conoce quién paga las costosas fiestas de su hijo? Algún secreto debe ligar al presidente con la ministra cuando la pone en ridículo despreciándola públicamente y, sin embargo, no la cesa.

Después de cada proceso electoral desde principios de los 80, los nuevos mandamases nombran a familiares, amigos y gentes de su partido y quitan a los funcionarios de carrera competentes, y además los someten a todo tipo de humillaciones y acoso laboral hasta límites inimaginables. Los primeros son casi dos millones. Un cáncer que ha destruido económica y moralmente a la nación. No se exige ninguna condición especial ni conocimiento para ser empleado público. “A la hora de reclutar personal, el objetivo principal no es otro que el de colocar a los parientes, amigos y, sobre todo, a aquellos de los que cabrá esperar una lealtad férrea” (2). La ley implantó un sistema de botín donde “se garantiza la permanencia de la relación de empleo mediante la degradación de las pruebas de selección de personal. El sistema es de sobra conocido: basta con sustituir las pruebas de las oposiciones tradicionales con otras que pueda superar cualquiera, permitiendo al tribunal elegir al que quiera”.

“Si en los procedimientos para selección de personal el objetivo es permitir el acceso de los adictos, en los de provisión de medios materiales el objetivo no es otro que nutrir las cajas de los partidos y el patrimonio del político de turno, adjudicando contratos al que está dispuesto a colaborar. El camino es paralelo: aumentar la discrecionalidad. Los supuestos en que es preceptiva la subasta se reducen a favor del concurso-subasta, los de concurso-subasta a los de concursos. Y, por último, se aumentan los de adjudicación directa. Todo ello relegando en lo posible las funciones de la Intervención”. “Quizás –y sin quizás– , la impunidad de la corrupción y en general de los actos delictivos de los políticos tienen su causa en los privilegios que gozan.”. José L. Lobo explicó ayer aquí cómo en el CNI el 75% de los empleados son ¡hijos, nietos y sobrinos de espías!, un nepotismo y una degradación profesional y moral inimaginable. Y esto no es la excepción, es la regla. Aunque, pensándolo bien, nada tiene de extraño que el centro del espionaje tenga la misma naturaleza que lo espiado. ¡Si alguien cree que esto es un país y no una cueva de ladrones, que se haga un chequeo cerebral!

*Antonio García Trevijano es pensador político

(2) Todos los entrecomillados corresponden al análisis sobre la situación de la Función Pública en España realizado por el Académico de Número Excmo. Sr. D. Jesús González Pérez, bajo el título de Ética en la Administración Pública