El gobierno de Rajoy y el poder mediático no dan abasto. El lastre que arrastran con la liberación de Bolinaga; la corrupción de “la casta” y del sistema; la chapuza política de “método 3” y “La Camarga”; “la cosa nostra catalana”; la puesta en libertad de terroristas, asesinos en serie y narcotraficantes; los indultos de Gallardón; la irrupción en la escena política del marxismo más temerario similar al de 1934; el ébola y el linchamiento político de una humilde enfermera contagiada por el virus; las “tarjetas negras” y la vergonzante y criminal implicación de personajes como Fernández Villa o Rodrigo Rato, etc.

Han ido distrayendo continuamente la atención sobre la larga novela del secesionismo y el llamado 9-N. Y cuando ya prácticamente nos acercamos al desenlace final del llamado “derecho a decidir”, entonces, vuelven a interrumpir la atención de la ciudadanía con otro caso insólito y novedoso, otra novela de espías de medio pelo, pero llevada a las más altas magistraturas del Estado financiada por no sabemos quién. Una chapuza propia de un país de pandereta, pero explotada ampliamente por el poder mediático con un título sobrecogedor: “Las aventuras del pequeño Nicolás”. Aquí nadie para en barras para sacar tajada; cualquier invento chusco vale para que los días vayan pasando, sin que la sociedad reaccione ante tanta burla, tanto desmadre, tanto chorizo, tanto criminal y tanta hispanofobia.

La insolidaridad entre los entes territoriales del Estado de las autonomías, no se circunscribe solamente a problemas económicos como los actuales, o como aquel planteado en su día por el trasvase del Ebro, sino a la conducta delictiva por parte de quienes con el poder autonómico en las manos, y con los medios abundantes y de toda índole que disfrutan, han venido pidiendo la independencia durante todos estos años de democracia hasta llegar al momento actual.

El problema se fue agigantando cuando a esa actitud separatista se añadió, por una parte, la práctica del terror para conseguirla, amparada por la fórmula ilícita de que el fin justifica los medios, con el silencio además por cobardía, de los que juraron o prometieron defender la unidad de la Patria en nombre de la Constitución. Y, por otra, el incumplimiento sistemático de las sentencias del Tribunal Supremo en Cataluña, ante la dejadez de las altas magistraturas del Estado que han mirado para otro lado frente a esa delictiva y grave desobediencia.

Pero lo peor de todo esto, es que, a pesar de ver conculcado nuestro derecho a la libertad de expresión, muchos españoles no nos equivocamos en los pronósticos. Desde la Constitución de 1978, vimos las ansias de aferrarse a la ubre del Tesoro y desde los partidos del sistema, a muchos de los que hoy se sientan en el banquillo de los acusados o están siendo investigados por multitud de delitos. Mantuvimos y seguimos manteniendo la idea, de que todo lo acontecido hasta llegar a esta hora decisiva del llamado 9-N, obedece a una misma consigna: Acabar definitivamente con España cueste lo que cueste.

El peligro amenazador de la pérdida de la unidad de la Patria ha crecido incesantemente durante más de tres décadas encontrándose hoy en su punto más álgido. Sus responsables lo han hecho además a cara descubierta, y mientras, los poderes de la Nación ni tomaron ni toman las medidas necesarias para combatirlo, simplemente se remiten a la abogacía del Estado y a la Fiscalía, como si ellos no tuviesen nada que ver en esta cuestión. De este modo, el monstruo separatista y antiespañol ha crecido en tales proporciones, que ha conseguido amedrentar aún más al actual gobierno del Partido Popular, que ya no encuentra un rincón para poder esconderse.

La democracia española, a través de todos sus gobiernos, como pilares filosóficos y tácticos de la misma, consideraban desde primera hora a quienes luchaban por la independencia como camaradas antifranquistas, cuando lo cierto es que los separatistas, violentos o no, no eran esencialmente antifranquistas, sino antiespañoles. Sólo cuando las víctimas del terrorismo han sido españoles con militancia política, los terroristas han dejado de ser héroes ejemplares que nos trajeron la libertad y que fueron amnistiados entre aplausos máximos de la cámara legislativa, para convertirse en brutales asesinos.

Lo ridículo fue la satisfacción y el jolgorio oficial al conocerse aquella famosa tregua unilateral de los terroristas, cuando no era otra cosa que un hábil ultimátum, en el que se decía: “dejamos de matar cuando nos concedan la independencia”. Volvieron a matar, y aun así, siguieron las concesiones, las negociaciones y hasta una “hoja de ruta”, que no sólo ha permitido que se sienten en las instituciones para mamar de la ubre del Tesoro de esa nación a la que odian, sino que han conseguido –con un gobierno del PP-, que se ponga en libertad a los criminales más repugnantes de nuestra historia reciente junto a violadores, narcotraficantes y asesinos en serie.

Los llamados gobiernos de la democracia, constituidos como “gobiernos centrales”, a pesar del río de sangre inocente derramada y del odio visceral a España y a los españoles por parte de los separatistas, pacíficos o no, seguían, por ejemplo, manteniendo las subvenciones presupuestarias al entorno de ETA, con lo cual éramos los españoles los que, en parte, y a través de las contribuciones, proporcionábamos el dinero a los terroristas para que nos mataran.

Pero hubo más, porque lo mismo ocurría con la Ertzaintza y los Mossos. Una policía compuesta por casi 26.000 agentes que por razones políticas, no es otra cosa que la guardia pretoriana del PNV y el ejército del presidente de la Generalidad catalana, muy bien pagada por cierto -de los presupuestos generales del Estado-, en detrimento, humillación y discriminación peyorativa del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, a quienes el gobierno de España ignora, menosprecia, subestima y relega.

De otra parte –y pese a desmentidos inexactos- todos los gobiernos democráticos han pactado incesantemente legislatura tras legislatura con el nacionalismo separatista, y hasta han mantenido conversaciones dialogando y negociado con terroristas. Después de muchos años y mucha sangre inocente derramada, el gobierno del PP aspiró a que el brazo político de ETA quedará fuera de la ley, pero “sorprendentemente” no lo hizo cuando tuvo la gran oportunidad de hacerlo con el apoyo del pueblo en la calle al ser liberado por la Guardia Civil Ortega Lara, o al ser asesinado Miguel Ángel Blanco. Nunca como entonces, y sin trabas institucionales –como las de aquel momento- la decisión hubiera tenido mejor acogida.

El cáncer separatista catalán es un tumor maligno que los responsables políticos y judiciales del Estado nunca tuvieron voluntad de extirpar, razón por la que ha crecido y se ha extendido de tal manera, que ahora se nos antoja incurable. Y mientras, Urcullo prepara también su desafío independentista en Vascongadas; aprovecha muy oportunamente estos momentos de cobardía y debilidad del gobierno de Rajoy, para seguir los pasos de los secesionistas en Cataluña.

Es una pena que las voces de alerta frente a esta traición a la Patria, se oyeron pero no se escucharon; insisto, muchos disidentes condenados al ostracismo por los medios lacayos del sistema, avisaron por activa y por pasiva de que la ley que ilegalizara al brazo político de ETA, ilegalizaría el terrorismo, pero no el independentismo, lo que equivaldría –como se ha demostrado-, hacerla inútil de antemano, porque, si por el humo se sabe dónde está el fuego, disipar el humo sin apagar la llama es una torpeza técnica, si los bomberos dejan rescoldos, lo que quede de bosque arderá también.