Arzobispos como Martínez Sistach, obispos como José María Setién, arciprestes como José Ramón Treviño, monjas como Teresa Forcades, o el abad de Monserrat Josep María Soler, quien ha estado y está permanentemente exhibiendo su hispanofobia con declaraciones que alegra los oídos del independentismo catalán, cuando gran parte de esos secesionistas solo le bailan el agua por su antiespañolismo y no por su catolicismo; o la treintena de curas vascos apoyando la marcha a favor de presos de ETA en enero de 2013, etc. Son el ejemplo palmario de la complicidad de un sector de la Iglesia y la Conferencia Episcopal inoperante, en el hecho gravísimo de haber convertido esa institución en Cataluña y en Vascongadas, en una sucursal servil del separatismo, incluso, en momentos en los que los escándalos por corrupción política han venido precisamente en parte, de la mano de aquellos a los que esa Iglesia ha rendido especial pleitesía.

Esa permisividad y complacencia de la jerarquía católica con los independentistas, contrasta con el firme rigor mostrado contra el Padre Calvo, párroco de Villamuñío (León), por ejercer valientemente la libertad de expresión y contar lo que otros callan; o con el tratamiento dado en 2003 a don Jaime Larrinaga, párroco de Maruri (Vizcaya), que tuvo que abandonar la parroquia donde fue sacerdote durante 34 años por enfrentarse abiertamente con la verdad a los separatistas y terroristas vascos; la presión ejercida por el PNV llevaron a la jerarquía eclesiástica a lo políticamente correcto: “El Padre Larrinaga fuera del País Vasco”.

A los ojos de los creyentes españoles, la jerarquía católica se ha convertido en una gran mentira, pues forma parte del problema de España y no de la solución. La última de sus hazañas ha sido denigrar y calumniar a la Guardia Civil a través de organizaciones satélites que todos conocemos, y que se dedican a mantener sus chiringuitos promoviendo la entrada y permanencia de ilegales en España; la mayoría de esos ilegales, procedentes de países africanos musulmanes, donde los católicos están siendo literalmente masacrados.

Ante este cúmulo de despropósitos y de contrariedades, es lógico que los católicos españoles se pregunten desde hace algún tiempo, si no tendrán mucho que ver las más altas magistraturas de la Iglesia en toda esta babel de hispanofobia en que se ha convertido nuestra Patria.

Muchos, los más jóvenes, pensarán que el antiespañolismo ha entrado ahora en la Iglesia, pero no, desgraciadamente entró hace mucho tiempo, cuando el nacionalismo vasco encontró en una parte del clero un apoyo incondicional, tan incondicional, que hubo sacerdotes que llegaron a negarse a oficiar funerales por las víctimas de ETA. Un ejemplo más reciente lo encontramos en julio de 2002, cuando tres obispos vascos no hicieron otra cosa que manifestar pública y oficialmente, su apoyo, no solo al independentismo, sino al terrorismo sanguinario de ETA que legalmente encubrían los que hoy, se sientan felizmente en las Instituciones amorrados a la ubre de ese Estado del que urge separarse. A la hora de buscar algunas de las causas de este desafío eclesial a la unidad de España, hemos de ser coherentes para no hurtar a nuestro pueblo la verdad ante un comportamiento anticristiano y escandalizante de quienes debieran dar ejemplo, no solo a sus diocesanos, sino a todos los españoles.

El empecinamiento de “la casta” que hoy se sienta en el banquillo de los acusados por robar a manos llenas el dinero de los contribuyentes, en querer hacer compatible la unidad de España con las llamadas nacionalidades históricas -inexistentes según autorizados historiadores como Pio Moa-, es un alarde de ingenuidad y de desconocimiento.

Para complementar y contribuir a que se produjera lo que hoy es evidente, nada más absurdo que entregar el poder político, económico, cultural y hasta eclesiástico, a quienes, con todos los instrumentos sociales que ello conlleva, se proclaman reiteradamente no españoles y piden una y otra vez, en España y fuera de España, la independencia. Si a eso se añade la colaboración con los independentistas, del llamado “bipartidismo” en el Congreso de los Diputados para lograr votaciones mayoritarias, no puede sorprendernos lo que ahora sucede.

Piénsese por ejemplo, en que las últimas generaciones –con la tolerancia de las Instituciones españolas-, han sido adoctrinadas concienzudamente en Cataluña y Vascongadas en el odio a España. Ahora se está recogiendo la cosecha de la cizaña que tan copiosamente se sembró, abonó y regó.

Tampoco puedo arrinconar el recuerdo, bien triste y demoledor, de los recintos en los que se formó ETA, de los templos en los que se ocultaron armas asesinas, y de sacerdotes cómplices o encubridores de los criminales.

Ser obispo, monja o sacerdote, no puede ni debe ser máscara protectora para perturbar la convivencia pacífica, así como dar origen o fortalecer problemas que agraven o aumenten la discordia. Si esta durísima lección sirviera, para que a la invocación del nombre de España, todas las Instituciones y los dirigentes políticos formasen un frente común para defender la unidad de todos los españoles, yo mismo me felicitaría y me daría por satisfecho, porque ello, aparte de ser un punto de partida para su corrección, sería una prueba de que ser español y poder continuar siéndolo, es mucho, muchísimo más importante y trascendental, que estar afiliado a cualquier partido político o sindicato.