La proporción de parados sin ayudas se acerca al 50 por ciento. Y esto es algo preocupante y, a mi juicio, irracional. Se pueden esgrimir cifras y datos sobre el mínimo crecimiento de la economía española, pero no justifican la existencia este elevado número de personas, que no perciben una prestación por desempleo de larga duración. La creación de 1.000 nuevos empleos diarios es claramente insuficiente, para disminuir de una manera sustancial y notable la tremenda cifra de parados, aunque sea un buen dato por sí mismo.

Si esto último produce una disminución en el gasto realizado por el Estado en la protección contra el desempleo, parece una buena consecuencia. Pero el meollo del asunto es, en realidad, el proceso de negociación que ha empezado en septiembre de este año, para la configuración de una nueva prestación para parados de larga duración. En esta tarea están en conversaciones los sindicatos mayoritarios y el Ejecutivo.

Muy pronto habrá una reunión en La Moncloa, para dar por terminada la fase de debate y discusión de los aspectos y detalles de esta nueva prestación, y acordar la forma definitiva de la misma. Aunque parece que no habrá acuerdo o pacto por parte del Ejecutivo, con los agentes sociales que representan los intereses, y los derechos de los ciudadanos. Los sindicatos no aceptan lo propuesto por el Ministerio de Empleo, aunque también es cierto, que a lo largo de estos meses transcurridos, se ha logrado una aproximación en ciertas cuestiones, entre las dos partes negociadoras.

Las discrepancias en relación con esta prestación por desempleo de larga duración pueden ser objeto de opinión y análisis. En lo relativo a los parados que pueden beneficiarse de esta prestación, considero que es claramente irracional e ilógico, que solo puedan recibirla los parados que no tienen ingresos, y llevan más de un años sin ayudas, como pretende el ejecutivo.

Porque la conclusión que se deduce es la siguiente: estos parados si no tienen ingresos no pueden subsistir por sí mismos durante más de un año, a no ser que tengan dinero ahorrado en cantidad suficiente o sean ayudados por la unidad familiar, si es que disponen de la misma, porque pueden vivir solos, por ejemplo, por fallecimiento de sus familiares.

Es perfectamente entendible que los sindicatos quieran reducir este plazo. Yo diría que tendría que desaparecer, por razones humanitarias y de respeto a los derechos humanos, y porque estamos, según afirma la Constitución española, en un Estado social y democrático de Derecho. Incluso me atrevo, con todo el respeto, a pensar en una posible inconstitucionalidad de la propuesta del ejecutivo, en lo relacionado con ese año sin protección o ayuda económica.

Lo referido a la duración de la vigencia del acuerdo o pacto respecto a esta nueva prestación no me parece tan esencial como lo anterior. Podría ser que tuviera vigencia un año hasta las próximas elecciones generales, renovable anualmente. Aunque considero que lo más apropiado es que su duración fuera de varios años, tal vez cuatro, para darle estabilidad a la ayuda, siempre que pudiera ser mejorada y actualizada teniendo en consideración el IPC, y otros indicadores económicos que afectan a los parados.

Y otro aspecto es que la cantidad a percibir por los parados de larga duración debe ser suficiente para vivir con dignidad, y con calidad de vida. Existen países como Bélgica, en los que el estado da un subsidio de por vida a los parados que demuestran seguir buscando empleo de forma activa. También es cierto que la economía belga puede afrontar este gasto con más facilidad quizás que la española. Pero esto no es razón, a mi juicio, para que no se juzgue como un modelo a seguir. Porque, si existe engaño o fraude, el estado belga quita la prestación al parado.