La decisión de Obama que pretende aumentar los impuestos a los ricos para potenciar los recursos públicos al servicio de la clase media norteamericana es, a mi juicio, una muestra clara de un planteamiento económico acertado. Porque si se incrementa, sustancialmente, el poder adquisitivo de las capas de población con menores ingresos se dinamiza la economía de un país. Si los empresarios tienen pocos clientes para sus productos, porque cuando los sueldos de una considerable parte de la población son bajos o muy bajos, la solución es subirlos para que aumente, significativamente, el consumo, y crezca la economía a un ritmo mucho mayor.

Si aumenta la demanda de productos, las pequeñas y medianas empresas podrán tener más clientes, y con más capacidad de compra. Esto beneficiaría, enormemente, a la creación de más empleo de calidad. La reducción de la jornada laboral daría más puestos de trabajo para más personas. Además la supresión de la sobreexplotación laboral, con horarios laborales que superan lo legalmente establecido, es otra de las medidas que mejorarían la situación económica, y las condiciones de vida de numerosos ciudadanos. Es una cuestión de redistribución, para reducir lo más posible el nivel de desigualdad existente. Porque, si se consigue, será algo positivo para la microeconomía de todos.

Se puede pensar, racionalmente, y ser escéptico respecto a estas cuestiones. Porque la medida más efectiva, quizás, sería aumentar claramente los sueldos más bajos de una gran parte de las personas que trabajan. El problema es que los empresarios no están dispuestos a hacerlo, porque el coste salarial no sería asumible desde su perspectiva.

Aunque el estado, a través de los mecanismos recaudatorios de los que dispone, y de la acción de la justicia podría devolver en un plazo de tiempo, lo más corto posible, todo el dinero amasado por las personas que van a ser juzgadas por corrupción. Es una cantidad de dinero ingente, si se piensa en los ERE de Andalucía, y otros casos conocidos. También sería necesario aumentar mucho el número de inspectores de trabajo y de Hacienda, en mi opinión, para perseguir de forma masiva y más eficiente el fraude de la economía sumergida, y la evasión fiscal.

Los intereses del gran capital no deben suprimir una democracia realmente participativa, y causar una creciente e injusta desigualdad social. Parar los desahucios y la privatización de los servicios públicos es otra de las decisiones políticas que se deberían tomar.

De todas maneras, en España y me atrevo a decir que en todos los países, lo más apropiado sería que los mejores economistas propusieran a los políticos planes económicos muy concretos y específicos, o una orientación realista y profunda para iniciar una serie de cambios en la política económica y asistencial, de tal forma que se asegurara el mantenimiento de un estado del bienestar para todos los ciudadanos.

Todo esto que he expuesto parece muy utópico y genérico, y puede serlo, no lo niego. Pero prefiero pensar que existe algún tipo de solución a los graves problemas de injusticia social y desigualdad existentes en el mundo actual. Estoy convencido de que es necesario cuantificar, sin dudas, el resultado de medidas sociales y económicas que disminuyan la desigualdad y que afirmen, rotundamente, la protección social efectiva de todas las personas que la necesiten.

También es posible pensar que el mundo es así desde siempre, y no hay ningún tipo de salida a estos problemas de injusticia social, ya que son consustanciales a las sociedades humanas, y que este estado de cosas no cambiará nunca.