El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tendrá que enfrentarse a una querella por diez delitos –contra los derechos de los trabajadores, desobediencia, organización criminal, asociación ilícita, apropiación indebida o administración desleal, tráfico de influencias, cohecho o corrupción entre particulares y contra la Hacienda Pública– por las presuntas irregularidades cometidas en el seno de su productora, la Asociación Cultural Producciones con Mano Izquierda.

El sindicato Manos Limpias, que preside Miguel Bernad, presentará previsiblemente hoy la denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la condición de aforado del eurodiputado, a quien acusa de «camuflar, bajo la forma jurídica de una asociación sin ánimo de lucro, una productora pantalla con carácter eminentemente mercantil y lucrativo» y de realizar viajes a Venezuela «con el único fin de recibir fondos no declarados del Gobierno venezolano para mantener la actividad propagandística», un dinero «remitido a España a través de la valija diplomática y de burócratas venezolanos».

El escrito de Manos Limpias detalla que Pablo Iglesias «cobra una comisión de 3.000 euros semanales en dinero “B”» desde septiembre de 2012 hasta junio de 2013 de Hispan TV, la televisión pública iraní y que, «a cambio de sus labores de conseguidor e intermediador, exigió cobrar en su propio beneficio una comisión ilegal de un 40%» sobre una cantidad total de 5.000 euros, es decir, unos 2.000, «por sus labores de producción en el programa “La Tuerka”».

Pagos en «B»

Además, la Asociación Cultural Producciones Con Mano Izquierda «simula tener a su servicio y de manera altruista a un equipo conformado por más de treinta personas» que son «perceptoras mes a mes de ínfimas cantidades monetarias, sin seguros sociales y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social». Por si fuera poco, denuncia el colectivo de funcionarios, «contradictoriamente a sus propios actos, y como práctica habitual, paga en dinero “B” cantidades que se encuentran por debajo del salario mínimo interprofesional y que oscilan entre los 20 y 40 euros semanales», unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores. Estos ingresos, añade el escrito, los llevaba a cabo Denis Thomas Maguire, actual responsable de finanzas de Podemos en el Parlamento Europeo.

Pese a una orden de embargo de la Unión Europea para inmovilizar todos los activos y recursos directos e indirectos de Irán, la productora de Iglesias continuó «con las emisiones y percepciones de fondos económicos, quebrantando las disposiciones comunitaria y nacional» al respecto, lo que podría acarrear un delito de desobediencia.

El colectivo denunciante solicita la comparecencia en calidad de testigos de 13 personas, entre ellas del número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, del ex socio en Canal 33 Enrique Riobóo o del representante de le televisión pública iraní Mahmoud Alizadeh. Además, solicita que se pida a la UDEF de la Policía Nacional una investigación de todo el entramado societario y que la Policía Judicial esclarezca el «elevado y rápido enriquecimiento de la mercantil Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones S.L», que administra Juan Carlos Monedero, por su «estrecha relación» con la productora de Iglesias.