Los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán

El instructor del caso ERE, Alberto Jorge Barreiro, ha citado a declarar como imputados a los cinco aforados que está investigando el Tribunal Supremo por la concesión irregular de ayudas, entre ellos a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El juez ha decidido llevar a cabo esta diligencia después de las elecciones andaluzas, en concreto del 7 al 21 de abril. Griñán declarará el 14 de abril y dos días después hará lo propio Chaves. Por su parte los exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno están citados para el 16 y 21 de abril respectivamente; mientra que el exconsejero de Empleo José Antonio Viera abrirá esta ronda de declaraciones el día 7. Todos ellos deberán acudir con abogado. Solo si después de estas declaraciones el juez entendiera que hay que seguir investigándolos tendría que pedir el suplicatorio a las Cámaras, pues Chaves, Zarrías y Viera son diputados, y Griñán y Moreno, senadores.

Junto con estas citaciones, el instructor ordena la práctica de otras diligencias entre ellas la ampliación del informe elaborado por los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) para que aclaren algunos extremos que contradice la defensa de Griñán.

Barreiro también pide a ese organismo oficial que le informe sobre los temas que se trataban en los llamados «consejillos», unas sesiones celebradas por la Comisión General de Viceconsejeros y que servían para preparar los asuntos que se iban a tratar en los consejos de gobierno relativos a modificaciones presupuestarias, planes anuales de controles financieros y «cualquier proyecto normativo relacionado con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de Andalucía y personas físicas entre 2000 y 2012. Estas reuniones estaban presididas por el consejero de Presidencia de la Junta.

A la Junta le ordena aportar los documentos firmados por las personas competentes de las Consejerías de Empleo y de Innovación, Ciencia y Empresa que eran remitidos a la Dirección General de Presupuestos, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, con las propuestas de anteproyecto de presupuestos de cada uno de los años comprendidos entre 2000 y 2012. También los documentos firmados por la persona que ejercía en IFA-IDEA las competencias presupuestarias relacionadas con la remisión al órgano gestor de la Consejería de Empleo hasta el año 2004, y al órgano gestor de la Consejería de Innovación, a partir de 2005, en cada uno de los años del periodo que se investiga. El instructor pide que la Consejería de Economía y Hacienda acredite la entrada de todos esos documentos.

Informe encargado a la Guardia Civil

Por último, solicita a la Junta que aporte los escritos mediante los que el consejero de Economía y Hacienda remitió el anteproyecto de presupuesto al Consejo de Gobierno para cada uno de los años relativos a ese periodo y la certificación de los acuerdos del Consejo de Gobierno de Andalucía en los que se decidió remitir el proyecto de la ley de Presupuestos al Parlamento de Andalucía en el periodo correspondiente a los años 2000 a 2012.

La semana pasada, Barreiro ya movió ficha en la investigación de esta al solicitar a la Guardia Civil un informe sobre los actos que como consejeros de Presidencia llevaron a cabo los también aforados Gaspar Zarrías y Mar Moreno.

EL PSOE NO EXIGIRÁ AÚN A CHAVES Y GRIÑÁN EL ACTA DE DIPUTADOS

Antonio Hernando.

Por otra parte, el PSOE no tiene intención de pedir el acta parlamentaria a los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por su citación como imputados ante el Tribunal Supremo en el caso de los ERE fraudulentos. Al menos, de momento. La dirección del partido alega que no se les atribuye delito alguno y que si han sido llamados en calidad de imputados es porque ellos solicitaron declarar de manera voluntaria y sólo pueden hacerlo con la asistencia de un abogado, como garantía procesal.

El asunto es aún así terriblemente espinoso para el principal partido de la oposición. Tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz afirmaron hace ya meses que cualquier cargo parlamentario del PSOE que resultara imputado por el Tribunal Supremo o un tribunal superior de justicia debería abandonar su escaño. Después matizaron que se referían a un imputación por delito concreto. O sea, a que un magistrado considere, tras tomarles declaración, que deben permanecer encausados.

El matiz no era baladí porque la estrategia de defensa de Chaves y Griñán siempre pasó por pedir declarar voluntariamente en el mismo momento en el que la causa abierta por la juez de instrucción Mercedes Alaya llegara al Supremo. Y no hay, conforme al reglamento jurídico español, otra forma de hacerlo que bajo la figura de imputado, con asistencia letrada (salvo que uno sea testigo, que no es el caso).

Eso era algo en lo que, aparentemente, no había caído Díaz, la primera en abrir el fuego, cuando entró en una espiral con Sánchez para ver quién es más limpio y más contundente contra la corrupción. En la política la brocha gorda es más fácil de entender que los asuntos complejos y ahora las hemerotecas están llenas de titulares en los que tanto el secretario general del partido como la presidenta de la Junta de Andalucía hablan de una exigencia que no será tal.

Para terminar de embrollar el asunto, el portavoz del grupo en el Congreso, Antonio Hernando, defendió en la rueda de prensa de la Junta de Portavoces que lo adecuado seria aplicar el código ético aprobado por el partido el otoño pasado. En él se fija como momento de exigencia de responsabilidades políticas a cualquier cargo del partido, en concreto para obligar a su dimisión, la apertura de juicio oral, no la imputación.

Enredo

El propio Hernando ha tenido que volver a comparecer, sin embargo, minutos después para desdecirse y admitir que en este caso concreto “no se aplicará el código ético sino los compromisos establecidos por Pedro Sánchez”.

En realidad, el código ético se puede considerar papel mojado porque ya son muchas las ocasiones en las que se ha ido más allá de lo que en él se establece, por ejemplo, cuando se expulsó del partido a los usuarios de las tarjetas black de Caja Madrid sin que hubieran sido siquiera imputados.

En Ferraz subrayan, en todo caso, que en su punto 5.3 la norma interna da cierto margen de flexibilidad. “Toda persona que ostente un cargo o responsabilidad pública u orgánica vinculada al PSOE, en caso de que resulte imputado por una resolución judicial -dice el texto-, dará cuenta de las concretas acusaciones o delitos que se le imputan ante la Comisión Ejecutiva Federal, que trasladará esa información al a Comisión Federal de Etica y Garantías (….) a fin de que estos órganos puedan adoptar o recomendar la adopción de medidas estatutarias oportunas en atención a los hechos y su gravedad”.

Otro matiz: la exigencia del acta parlamentaria no es una medida estatutaria. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es clara al respecto. El escaño no pertenece al partido sino al propio senador o diputado.