La campaña electoral que finalizó el pasado 24 de mayo, y de cuyos pactos posteriores me he ocupado en artículos anteriores, nos ofreció a los españoles un espectáculo grotesco, lamentable y bochornoso. Los privilegiados que tuvieron la oportunidad de lanzar sus mensajes a través de los medios –especialmente en los públicos-, fueron los verdaderos protagonistas. No hubo mitin o declaración de cualquier posicionamiento político, que no llevase implícita la descalificación, la difamación, el vilipendio o el insulto. Pero, no solamente durante la campaña electoral nos alimentamos de tanta ignominia, también en las ruedas de prensa y tertulias de radio y televisión –salvo escasas pero honrosas excepciones-, el oprobio y la maledicencia fueron la nota predominante.

En cuanto al debate sobre el estado de la nación, más que un debate entre intelectuales preparados con cierto grado de formación política y educación, se asemejaba a un triste espectáculo de taberna, en el que sus señorías pusieron en escena sus mejores excelencias para la descalificación de sus adversarios. No faltó absolutamente de nada. El intercambio de insultos quedo registrado en el diario de sesiones. Se lanzaron dardos envenenados de todo calibre, y hasta la exhibición del Candy Crush de la señora Villalobos, que fue una burla dantesca a todos los que le pagamos el sueldo. Pudimos oír palabras como mentiroso, defraudación, corrupción, y creo que incluso hasta robo. Y todo esto, no creo que favorezca mucho la convivencia pacífica en una democracia.

Llevamos más de tres décadas con una cantinela que suena ya a monserga cargante y molesta, no por lo que tiene de tediosa, sino por lo que tiene de falsa. Y esa monserga repetida y monótona que nos cansa y nos abotarga, y que como digo es absolutamente fraudulenta, insiste machaconamente con el estado de las autonomías, con el estado de derecho, y con el estado social.

El estado de las autonomías porque no es una descentralización del Estado para acabar con la ventanilla única agilizando el trámite y acercándolo al administrado, sino más bien y según la propia Constitución, es un estado de nacionalidades que nos enfrenta, que nos asfixia, nos arruina, y nos devora económicamente.

El estado de derecho, porque debería garantizar al menos tres derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho al honor y el derecho a la propiedad privada. Pero resulta que estos tres derechos fundamentales no están plenamente garantizados, por lo que no existe la libertad que insistentemente tanto se proclama. Basta asomarnos al panorama que la España de hoy nos ofrece. Se conculca como nunca el derecho a la vida con el aborto, el terrorismo, las mafias de toda índole, o quedando a merced de cualquier navajero que nos asalta hasta en nuestra propia casa. Se conculca el derecho al honor con la calumnia, la injuria y la difamación permanentemente en cualquier lugar. Y se conculca el derecho a la propiedad privada con la estafa, el fraude, el robo, y hasta con la presión fiscal confiscatoria que ejercen las tres Administraciones públicas para sostener 465.000 cargos políticos y toda su corte clientelar.

El estado social, debería caracterizarse por buscar una armonía en el mundo laboral y por una producción abundante y buena, con una justa distribución de las plusvalías obtenidas de lo producido entre todos los factores humanos de la empresa. Pero, la España de hoy no garantiza esas relaciones laborales y esa armonía en las empresas, porque por una parte, las huelgas políticas que nada tienen que ver con las reivindicaciones justas de los trabajadores, sirven como arma de presión de los partidos políticos afines a los sindicatos convocantes contra el gobierno de turno, y por otra parte, la reacción lógica de los empresarios que ven peligrar el capital invertido cuando esas huelgas pueden llegar incluso a arruinar su negocio. Cuando un sistema no garantiza esas buenas relaciones laborales se produce una desarticulación completa de nuestra economía, y cuando esa desarticulación de nuestra economía se une por ejemplo a una crisis económica; a un desmantelamiento industrial; a la dependencia absoluta de Bruselas; al expolio y el saqueo de lo público por parte de sus principales mandatarios; y a los precios prohibitivos del “oro negro”, nos encontramos un país paupérrimo, con un ejército de “esclavos” vestidos de camareros, que desfilan por una España triste, desencantada, y al borde de la bancarrota nacional.

Por consiguiente, el mal llamado estado de las autonomías cuando son realmente nacionalidades, no es otra cosa que un estado de separatismos dispuestos, mediante la extorsión y la violencia, e incluso también del asesinato, a conseguir sus objetivos soberanistas. El estado de derecho ha quedado convertido en un estado de violencia pública y de inseguridad ciudadana. Y el estado social solo es un estado que ha ido arruinando moral y económicamente a la sociedad española.

Por lo tanto, la crisis no es una crisis del Partido Popular, ni tampoco es una crisis del gobierno de Rajoy, ni siquiera es una crisis del Estado. Es sencillamente una crisis del Estado, del Gobierno y del Partido Popular, que de manera casi simultánea y en cadena, han provocado la profunda crisis en la que está inmersa la nación española.

Pero, los problemas de esa crisis profunda y temeraria, no se resuelven construyendo sobre arenas movedizas ni sobre el vacío, y menos aún se resuelven intentando levantar el edificio sobre un polvorín. Tampoco se resuelven cambiando a cuatro miembros del gobierno por otros cuatro más jóvenes, altos o guapos. Ni se resuelven lanzando mensajes sobre el final de la crisis o la creación de puestos de trabajo con contratos “basura” y sueldos exiguos y míseros. El problema se resuelve defendiendo con coraje, valor y gallardía los intereses de España y de sus hijos, y llamando a las cosas por su nombre sin complejos, sin temor ni cobardía.

Pero, no nos engañemos, está más que demostrado que la filosofía política del Partido Popular, que no es otra que la que transpira nuestra Constitución, es la que produce la crisis que afecta al partido del gobierno, al gobierno mismo, al estado, y a la nación.

Mientras el gobierno siga ateniéndose a la pauta de la Constitución de 1978, no habrá solución posible. El sistema constitucional estimo que está fracasado y está muerto, y seguir las coordenadas en el futuro de esa carta magna, nos llevará sin ninguna duda a situaciones realmente insalvables.

La solución pasa por un “proyecto nacional” nuevo, fuerte y consistente; un proyecto nacional para erradicar el bipartidismo endémico y los nacionalismos separatistas; que aglutine el voto de todos los españoles que no quieren dejar de serlo, independientemente de su ideología, y que frene en seco el avance del peor de todos los males representado por un frente marxista capitaneado por ZPedro Sánchez, recientemente invitado a la reunión del temido y poderoso club Bilderberg.

Un proyecto que traiga una verdadera REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA poniendo en marcha los grandes reactivos nacionales, para salvar a España de la ruptura y la bancarrota, devolviendo a los españoles la confianza, la paz, el trabajo y el bienestar, que garantice el futuro a las nuevas generaciones.