No es de todos sabido que en el s. XX, gobernó un hombre singular que podía haber solucionado el problema catalán desde sus raíces, como defiendo en mi tesis doctoral “La incidencia de los Nacionalismos excluyentes en la profesionalización de las Fuerzas Armadas” : el General Primo de Rivera.

Un breve repaso a la Historia:

El 13 de septiembre de 1923 el General Primo de Rivera se subleva contra el Gobierno de Madrid presidido por García Prieto , en nombre del ejército y para salvar España. El golpe ponía fin al régimen liberal de parlamentarismo de la Restauración. Existen una serie de factores que confluyen creando el clima propicio para el golpe. La cuestión por las responsabilidades de Annual enardeció a la opinión pública, divide a los políticos acerca de las estrategias a seguir para poner fin al problema de Marruecos y unió al ejército deseoso de resarcirse de la humillación en contra de los políticos. La crisis de los años 20 se manifestó en la presión fiscal lo que llevo a una oleada de huelgas y terrorismo.

Con el golpe de Primo de Rivera llego primero un Directorio Militar , que mediante un Real Decreto el 15 de Septiembre se le daba la Presidencia del Directorio, como único ministro, a Miguel Primo de Rivera. Aunque la Constitución no fue oficialmente anulada, se suprimieron, por la declaración del estado de guerra, los artículos relativos a la libertad de expresión, reunión y asociación. Se disolvieron el Congreso y la parte lectiva del Senado. A partir de Enero de 1924, se emprendió la organización administrativa, de reforma de los gobierno civiles. Por decreto los consejos fueron sustituidos por nuevas corporaciones donde los vocales asociados (concejales) y los alcaldes-excepto en municipios de más de 100.000 habitantes serian elegidos por el Gobierno- habrían de ser elegidos por los contribuyentes, la eficacia de las nuevas corporaciones fue enseguida puesto en entredicho, pero el dictador no flaqueo ante las dificultades.

El mayor éxito de Primo de Rivera fue la solución del problema de Marruecos, que facilito la creación en1925 del Directorio Civil. Desde la instauración del Directorio Primo de Rivera era partidario de la evacuación pacífica del Protectorado, pero esta medida no satisfacía a los Africanistas. Debido a los avances de Abd el-Krim en territorio francés, Primo de Rivera logro un acuerdo con los franceses para realizar una ofensiva conjunta, que culmino con la derrota del Abd el-Krim en 15 días. El 13 de Diciembre de 1925 se constituía el primer gobierno civil , aunque los puestos de Presidente, Vicepresidente, Gobernación y Guerra, eran ocupados por militares: Primo de Rivera como Presidente, Martínez como Vicepresidente y Gobernación y Juan O´Donnel, Duque de Tetuán, en Guerra. Durante el Directorio Civil la Constitución siguió suspendida. En 1927 se creaba la Asamblea Nacional Consultiva, su estructura representativa se componía de 400 miembros en una única cámara, elegidos unos por sufragio universal entre las Corporaciones y otros por designación directa.

Las máximas de nacionalismo económico, intervencionismo y el miedo a la competencia alcanzaron durante la dictadura su máxima expresión. La designación de Aúnas, Calvo Sotelo y Burin ( Conde de Guadalhorce) en tres ministerios claves, Trabajo, Hacienda y Fomento, mostraban la voluntad de llevar a cabo una modernización económica. La colaboración de los Socialistas, representaba para Primo de Rivera la legitimación del régimen por parte de la clase obrera. La UGT disfrutó de un estado de legalidad, imposible para la CNT, lo que determinó actitud de oposición de los anarquistas y comunistas. Pero la colaboración no tardaría en abrir una brecha dentro del socialismo. Reacios a la colaboración habían sido, entre otros, Fernando de los Ríos o Indalecio Prieto ; Manuel Llaneza y Largo Caballero habían visto una oportunidad de crecer y ensanchar la base de la organización socialista, mientras que otros, como Besteiros, solo estaban dispuestos a colaborar en determinados puntos. La ruptura definitiva tuvo lugar cuando se constituyo la Asamblea Nacional Consultiva, de la que los Socialistas se negaron a formar parte.

La oposición al Régimen de sectores tales como: un sector del ejército, en el cual la cabeza visible era el Cuerpo de Artillería debido a los conflictos con Primo de Rivera , a consecuencia de una seria de decretos que acaban con la escuelo cerrada y el ascenso por elección, que tendría como final la disolución del arma de Artillería; los comunistas y anarquistas; las organizaciones patronales, que se pasaron a la oposición debido a la intensificación del intervencionismo y a la presión fiscal; así como, las desavenencias entre Alfonso XIII y Primo de Rivera que llevaron a este último enfermo y agotado, en Diciembre de 1929, a abandonar el poder.

El elegido por el rey para sustituir a Primo de Rivera fue Dámaso Berenguer, pero Berenguer tenia poca practica y no estaba preparado para llevar a cabo el cambio. La sublevación de Jaca en Diciembre de 1930, adelanto de los planes conspirativos de la oposición. Las condenas de los conjurados y el fusilamiento de los capitanes Galán y García Hernández , solo sirvieron para republicanizar a la opinión pública. Ante esta situación el Almirante Juan Bautista Aznar forma un nuevo gobierno, cuyo programa era las elecciones, la vuelta a la Constitución y la revisión de la autonomía de Cataluña. Las elecciones de abril dieron la victoria en las grandes ciudades a los candidatos republicanos y de Izquierdas. La monarquía cayó como la dictadura y se consiguió la proclamación de la II República sin derramamiento de sangre.

Dice González Calleja que, con la perspectiva que proporcionan los tres cuartos de siglo transcurridos desde su liquidación, se podría afirmar que la dictadura de Primo de Rivera ha gozado de una discreta fortuna historiográfica, “emparedada” entre los ensayos parlamentaristas de la Restauración y la Segunda República, cuyas circunstancias de nacimiento, evolución y crisis han centrado gran parte de las discusiones académicas sobre el siglo XX español. Sin embargo, continua este autor, bien como factor precipitante del derrumbamiento del régimen restauracionista, bien como preludio necesario al efímero ensayo democrático republicano o como antecedente más o menos directo del régimen de Franco, la dictadura presidida por el segundo marqués de Estella debiera ocupar un puesto de mayor relevancia en el debate científico sobre ese singular periodo de tres décadas que Carlos Mª Rama definió como “la crisis española del siglo XX” . No en vano para Raymond Carr, la rebelión militar de 1923 representa “el momento crucial de la historia moderna de España, la gran línea divisoria” .

El auge del pretorianismo en la Europa de entreguerras

Especialistas de las relaciones cívico-militares en la España contemporánea como Julio Busquets, Gabriel Cardona, Manuel Ballbé o Carolyn Boyd han destacado la creciente actitud pretoriana del Ejército , que se puede rastrear desde los aledaños del desastre del 98. Los asaltos a periódicos catalanes en 1905 que condujeron a la Ley de Jurisdicciones, y sobre todo el papel desempeñado por el Ejército en la crisis de 1917, marcaron las etapas de una intromisión creciente en las tareas y atribuciones encomendadas al poder civil. Esa intromisión corporativa en la esfera política, según González Calleja, quedó sancionada con el triunfo episódico de las Juntas de Defensa y con el control autónomo de los resortes del orden público en ciudades como Barcelona.

El ascenso al poder de Primo de Rivera coincidió con una serie de pronunciamientos militares producidos en Europa meridional y oriental durante la década de 1917-1926: Sidonio Pais Gomes da Costa en Portugal (1917 y 1926); pronunciamientos republicanos del Coronel Plastiras (1923) y el General Pangalos (1926) hasta la toma del poder por Metaxas (1936) en Grecia; el autoritarismo “constitucional” del General Averescu en Rumanía con el apoyo del Rey Carol (1920-1922) y el autoritarismo pluralista de Pilsudski y los Coroneles en Polonia (1926-1939), a los que habría que añadir el centralismo autoritario del rey Alejandro en Yugoslavia y la dictadura protofascista del dirigente serbio Milan Stojadinovic (1929-1934), o el golpe militar búlgaro de 1934 y luego la dictadura del rey Boris en 1935. Características comunes a estos regímenes militares o semimilitares según este mismo autor, fueron:

.- La visión negativa de la política como factor de desunión nacional.
.- La creación de movimientos políticos organizados de forma muy laxa en torno a principios y valores muy generales vinculados a un único interés nacional.
.- La toma de decisiones de acuerdo con criterios técnicos y administrativos, basados en la racionalidad y la eficacia impuestas desde arriba de forma autoritaria, y
.- Un constante déficit de legitimidad, que podía reducirse si el régimen era capaz de resolver los problemas que habían justificado el golpe de estado.

Fueron, en definitiva, regímenes transicionales, fuertemente inestables, que a lo largo de su desarrollo tuvieron que aceptar una creciente participación de elementos civiles y cuya diferencia de los regímenes fascistas es muy significativa: en el fascismo, la respuesta a la crisis de la posguerra se dio desde la misma sociedad civil, a través de la construcción de un movimiento con una ideología clara, explicita, integral e innovadora, mientras que los regímenes militares corporativos forjaron una mentalidad política basada en el pensamiento orgánico-estatalista.

La crisis de la posguerra y sus repercusiones económicas y sociales
La primera guerra mundial transformó muchas economías, realzando el poder de la industria, intensificando la emigración a las ciudades, acrecentando las aspiraciones políticas de las clases medias y el descontento del proletariado urbano, y fomentando la causa del nacionalismo económico.

Como era de esperar, España entró en crisis una vez recuperadas las economías del resto de la Europa de la postguerra a partir de 1921.

La crisis también agudizó el conflicto de intereses entre los distintos grupos de presión económicos: el Gobierno Maura-Cambó de agosto de 1921 a marzo de 1922 fue percibido como un defensor de los sectores industriales catalanes y vascos, favorecidos por el arancel ultraproteccionista de 1921, mientras que el Gabinete de Alhucemas-Alba de 1923 fue acusado de hacer el juego a los cerealistas castellanos. Un terreno de conflicto inevitable fue la determinación del arancel de 1922 y las cláusulas establecidas en los tratados de comercio firmados con Francia e Inglaterra, e iniciados con Bélgica y Alemania, con el fin de soslayar la normativa aduanera. Inerme económica y políticamente con la crisis económica y el declive de la Lliga, la patronal catalana apoyó a Primo de Rivera con la esperanza de que su proverbial energía trajera la paz social e intensificara el proteccionismo. Los industriales y comerciantes del Principado habían comenzado a retirar su confianza en el sistema parlamentario porque la política arancelaria de los gobiernos conservadores plasmada en la Ley de autorizaciones de 1922 les parecía insuficiente, el sistema hacendístico era reputado como anacrónico e injusto por gravoso, y el reformismo sociolaboral era considerado una claudicación intolerable ante la presión reivindicativa del obrerismo.

El problema del orden público y la situación en Barcelona

Ante el incremento de la agitación laboral y la deriva pistoleril de los intercambios entre patronos y obreros, el empresariado catalán solicitó al Gobierno la suspensión de las garantías constitucionales y la aplicación de una firme política de orden público. En los cinco primeros meses de 1923 hubo en Barcelona 34 muertos y 76 heridos por atentados, que de un centenar al año se dispararón a 800 de enero a setiembre de 1923. En estas condiciones, tiene sentido la afirmación de Cambó de que la Dictadura “la creó el ambiente de Barcelona” cuya Capitanía mandaba Primo de Rivera, con quien se alinearon los sectores catalanes de “orden” frente al Gobernador Civil Francisco Barber.

La rebeldía latente de algunos empresarios, como los afiliados a la muy combativa Confederación Patronal Española, se vio estimulada por una circunstancia exterior: la llegada al poder de Mussolini en octubre de 1922. Respetables hombres de negocios como Tomás Benet patrocinaron ensayos protofascistas como el vinculado a la aparición de la revista “Camisa Negra” el 16 de diciembre de 1922 o la candidatura de Ángel Osorio al puesto de “cirujano de hierro” costista.

El catalanismo conservador actuó de puente necesario entre esas aspiraciones autoritarias y el candidato más plausible a la Dictadura. La Lliga aparcó sus aspiraciones autonomistas y apostó por una involución política que le permitiera perpetuar su poder de interlocución en Cataluña. Se habla incluso de un pacto verbal suscrito en agosto en Font-Romeu entre Primo de Rivera y los autonomistas Puig i Cadafalch y Junoy sobre la implementación de diversas modalidades de colaboración política a cambio de la potenciación de la Mancomunitat y de una intensificación del proteccionismo arancelario.

La cuestión catalana, ejemplo del uniformismo del régimen

La Dictadura, en resumen, fue muy bien recibida entre las “fuerzas vivas” catalanas movidas por su fobia anticenetista y antialbista, por su apoyo a la aplicación de la política de orden público de Martínez Anido a toda España y por las simpatías que despertaba el aparentemente sincero regionalismo del dictador, que por un momento pensó en suprimir las provincias y organizar 10 o 12 grandes unidades regionales. Aunque la Lliga no participó directamente en el pronunciamiento de setiembre, si que lo apoyó desde su fase conspirativa, y alguno de sus miembros colaboró en los primeros compases de la Dictadura, como el Presidente de la Mancomunitat Joseph Puig i Cadafalch, autor de una nota de aceptación del golpe que fue publicada en los diarios el 19 de setiembre.

La reactivación regionalista prometida por Primo de Rivera quedó pronto en letra muerta debido a que en el seno del Directorio se impuso inmediatamente la tendencia centralista que entendía el hecho diferencial catalán opuesto radicalmente al proyecto nacionalista español que se buscaba patrocinar desde el poder. Las presiones de la Junta de Defensa de Infantería, dirigida por Nouvilas, lograron la imposición el 18 de setiembre de un RD “contra el separatismo” que amplió la tipología de los delitos contra la Patria perseguidos en los artículos 2º y 4º de la Ley de Jurisdicciones de 1906.

Desde la proclamación de la Dictadura, todo el poder político se desplazó del Gobierno civil regentado por Joaquín Milans del Bosch a la Capitanía General, donde el General Emilio Barrera actuaba como “ministro universal” de Primo de Rivera, relegando a los gobernadores civiles al rango de simples figuras decorativas. El nuevo Capitan General alentó la clausura de centros políticos y la persecución y encarcelamiento de la militancia catalanista, hasta la más moderada, incluidos algunos sacerdotes. Los delegados gubernativos fiscalizaron y reprimieron casi todas las manifestaciones de exaltación de la identidad regional. Medidas como los intentos de desmembración territorial en 1923, la prohibición de izar la Senyera, cantar Els Segadors o usar el catalán en las comunicaciones oficiales vinieron a acompañar otras decisiones todavía menos afortunadas como la castellización arbitraría de los nombres de calles y pueblos, la obligación de publicar sólo en castellano los anuncios de obras teatrales, 1924, la limitación del baile de sardanas, 1925, o la persecución de instituciones aparentemente neutras, como el Centre Cátala, los Pomells de Joventut , el Ateneu barcelonés, el Ateneu Enciclopèdic Popular, la Associcò Protectora de l`Ensenyanca Catalana, las bibliotecas populares, las sociedades excursionistas, deportivas y musicales, las comisiones organizadoras de los Jocs Florals o los cursillos escolares de lengua catalana. El 22 de setiembre se procedió a la clausura de 28 centros nacionalistas barceloneses entre los que figuraba el Centre Autonomista de Dependents del Comerc i de l`Industria (CADCI), cuya junta directiva fue amenazada el 12 de enero de 1924 con la clausura definitiva si no redactaba en castellano toda la documentación de sus libros de contabilidad.

Durante los últimos meses de 1923, la Dictadura arrestó a decenas de curas acusados de separatismo y clausuró la Academia Católica de Sabadell. Algunos religiosos fueron trasladados de residencia y alejados de Cataluña como el obispo de Barcelona, doctor Joseph Miralles i Sbert, que fue trasladado temporalmente a la diócesis de Mallorca.

El acoso cultural generó un amplio movimiento de solidaridad de los intelectuales castellanos, 117 de los cuales firmaron en Marzo de 1924, a iniciativa de Ángel Ossorio y Gallardo y Eduardo Gómez Baquero, un manifiesto de solidaridad con la lengua catalana redactado por Pedro Sainz Rodríguez.

Sólo en 1924, Primo de rivera decidió abrir una vía de negociación, pero no con la Lliga, sino con Unió Monárquica Nacional presidida desde 1918 por Alfonso Sala Argemí, conde de Egara. El Capitán General Barrera y, posteriormente, el propio Primo de Rivera, se reunieron con una representación de este Partido y de la Federació Monárquica Autonomista a la que exigieron una firme adhesión al Directorio y la creación de una agrupación política regionalista. Ante la negativa de estos, el 12 de enero disolvió todas las diputaciones provinciales, salvo las de las Provincias Vascas .
El Estatuto Municipal de abril de 1924 recortó aún más las posibilidades de autogobierno, mientras que el Estatuto Provincial de marzo de 1925 eliminó de hecho la Mancomunitat de Cataluña. Ello supuso la ruptura definitiva entre el Directorio y la Lliga, que acusó a Primo de Rivera de romper las promesas realizadas antes del golpe de setiembre y la oportunidad histórica de reconciliar una tendencia política-cultural no definida como antiespañola con el resto de la Nación española.

La persecución oficial a la cultura catalana se tradujo paradójicamente en un renacimiento de la cultura autóctona gracias a la iniciativa privada y al mecenazgo particular. Esta acción cultural de resistencia queda ejemplificada en la propaganda difundida en el extranjero, en el desarrollo de instituciones como la fundación editorial Bernat Merge o en el fomento de actividades diversas, como las conferencias en los Ateneos populares, las sociedades excursionistas o las asociaciones religiosas. El papel de la Iglesia fue muy relevante, ya que la prohibición del uso del catalán afectó a la liturgia, y puso al clero catalán en primera línea de la defensa de las libertades regionales y de la autonomía cultural . Todo ello generó una cultura catalana, donde lo intelectual tuvo un protagonismo político significativo, al hacer de su actividad un arma eficaz de afirmación política nacional.

Para finalizar este epígrafe podemos afirmar que, como consecuencia de las intransigencias de Primo de Rivera se reafirmó a Estat Catalá en su convicción de que la insurrección era la única vía regeneradora posible para Cataluña. El 7 de octubre de 1923 Francesc Macià , a punto de huir a Perpiñán, exponía como principal objetivo de su formación política la unión de los partidos obreros y republicanos catalanes, junto a la alianza con los separatistas vascos y gallegos con el propósito de derrocar a la Dictadura mediante un movimiento subversivo. Para ello impulsó la creación de los primeros escamots , y organizó en París un Comité Separatista Catalá, que se identificó con el Comité Revolucionario de París, y que era en realidad una oficina de conspiración con visos de cuartel general en campaña.

La primera oportunidad de resolver el conflicto nacionalista no solo se pierde sino que arma moralmente a quienes lo plantean y defienden.

*Teniente coronel de Infantería y doctor por la Universidad de Salamanca