La reforma del Tribunal Constitucional que introduce el gobierno  para parar el desafío independentista me parece insuficiente. Aunque pueda ser un mecanismo jurídico positivo en líneas generales. Ante el reto de Mas se opta por una vía de moderación, y no de enfrentamiento directo.

La probable aprobación de esta modificación del TC, por un procedimiento de urgencia, antes de convocar las elecciones generales es la muestra de que están saltando las alarmas, ante lo que puede suceder en Cataluña, si ganan los partidos independentistas el 27 de septiembre.

Pensar que por el incumplimiento de sentencias, con la imposición de multas, aunque sean elevadas, se van a solucionar las cosas, me parece que es caer en la ingenuidad. Lo decisivo, a mi juicio, es que el poder ejecutivo debe hacer cumplir lo sentenciado usando, si es preciso, la policía, o la fuerza coercitiva que sea más adecuada, en cada caso.Todo lo demás son juegos malabares, y formas de prolongar la agonía de la integridad territorial del estado español.

El cumplimiento de las resoluciones se logra, si al requerir el Tribunal Constitucional la colaboración del  Gobierno, esto sirve para que el ejecutivo actúe con diligencia y efectividad, como poder público que es, obligando a cumplir las leyes y las sentencias, sin excusas ni dilaciones.

A mi juicio, es lo esencial.

Ahora bien, si la Generalitat catalana sigue dándose cuenta de la debilidad de las instituciones y poderes de nuestro estado, el progreso del proceso independentista no se detendrá, hasta llegar más pronto que tarde, a la declaración unilateral de independencia.

Y aunque Merkel advierta a Mas que la UE garantiza la integridad territorial de nuestro país, según señalan los tratados, esto son palabras que, ante la crudeza de los hechos consumados, serán dejadas de lado, por el independentismo catalán.

Al final, parece que se impone la fuerza de lo fáctico, sobre el poder abstracto de las leyes y las sentencias que no se hacen cumplir. Es un proceso paulatino, pero que es demoledor, porque cada incumplimiento se va sumando al anterior. Lo que construye un poder autonómico catalán que va por libre, y dicta su propia ley a su capricho, sin respetar la Constitución española, etc.

En mi opinión, la suspensión de la autonomía catalana es la única solución real y efectiva, para que la situación no se les  vaya de las manos al gobierno. Si no se aplica, en los próximos meses, el artículo 155 de la  Carta Magna, creo que a  medio plazo la unidad de nuestro territorio va a dejar de existir. Y después no servirán de nada las lamentaciones por lo sucedido. Los cuerpos policiales existen para proteger a los ciudadanos, pero también para obligar a cumplir el ordenamiento legal.

Ciertamente, siempre se dice que utilizar la fuerza, de modo legítimo y legal, sería muy contraproducente en el clima político que vive España, pero el problema es que no se ven alternativas de diálogo, y argumentación racional con los planteamientos independentistas.

Quizás, un nuevo federalismo, como el propuesto en un reciente artículo del filósofo Villacañas Berlanga, pueda ser un medio de integración de las diversas autonomías, en un estado federal que respete la idiosincrasia específica de cada nacionalidad. Y posibilite una discusión razonada y serena, de un nuevo modelo de estado federal, cambiando el contenido de algunos artículos del texto constitucional.