Carlos Morín, durante el registro de la clínica Ginemedex en el 2007.

La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, ha confirmado la imputación del médico peruano Carlos Morín y una docena de sus colaboradores por un total de 115 abortos ilegales, más allá de las 14 semanas de gestación, presuntamente practicados en sus dos clínicas TBC y Ginemedex en el 2007. Al margen de estos abortos, una cincuentena de casos han quedado sobreseídos por ajustarse a la nueva normativa del aborto, en aplicación del principio de retroactividad de las leyes.

En el auto, la jueza ve indicios de que los acusados -Morín, su esposa y varios psiquiatras, anestesistas y otros profesionales- pudieron cometer delitos de aborto ilegal, falsedad documental, intrusismo y asociación ilícita, al considerar que existía “una asociación entre todos los imputados de manera permanente y estable para la práctica de intervenciones abortivas sin cumplir ninguno de los requisitos legales, todos ellos actuando bajo las órdenes de Morín”.

El auto añade que este médico obtuvo “ingentes ingresos en metálico con los que atendía las necesidades y gastos de material y personal de las expresadas clínicas y podía mantener así un elevado nivel de vida disponiendo como vivienda de una lujosa mansión en Sant Cugat del Vallès”.

En las pesquisas relacionadas con este caso, que salió a la luz a raíz de un reportaje de la televisión danesa, se intervinieron 2.780 historias clínicas de pacientes sometidas a interrupciones voluntarias del embarazo, de las que finalmente acabaron investigándose 167.

La jueza da por finalizada con este auto la instrucción de la causa, que ahora pasa al fiscal para que presente los cargos pertinentes contra los acusados.