Las preguntas de la oposición

El socialista Antonio Hernando dirigió en el Congreso una batería de preguntas al PP sobre la reforma legal que no obtuvieron respuesta: “¿Quién puede revisar estas decisiones del Constitucional? No lo dicen. ¿Qué recursos puede plantear la autoridad suspendida en el ejercicio de sus funciones y ante quién? No lo saben. ¿Cuándo tomaría el Tribunal estas decisiones? No consta. ¿Cómo elegiría el Tribunal entre las diferentes posibilidades que establece el artículo 92? No se contempla. El proyecto es tan defectuoso técnicamente que no determina los supuestos en los que debe aplicar una u otra medida coercitiva del artículo 92. ¿Y cómo actúa el Tribunal Constitucional? ¿Por razones de oportunidad? ¿Como si fuera un órgano político?”.

Expertos constitucionalistas consultados coinciden con la oposición. Aseguran que la reforma da al tribunal un poder “extraordinario”, pero, a la vez, le mete en la arena política, lo que puede acabar cuestionando la legitimidad del Constitucional.

Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, considera que la reforma genera “automatismos” en la actuación del Constitucional. “El tribunal no puede evitar el conflicto, la reforma le entrampa poniéndolo en primera línea del debate político”, opina Arbós, que califica el cambio de “drástico e inconstitucional”. “Hasta donde yo sé, no existe ningún Tribunal Constitucional que tenga las atribuciones que se quiere dar a este”, advierte. En Alemania hay un procedimiento como el que se quiere establecer, con la diferencia notable de que allí es necesario pasar por el Parlamento. En Estados Unidos solo es posible actuar contra un presidente previo impeachment o autorización del Parlamento.

El catedrático opina que hay que ser “cautelosos” porque la reforma está concebida “claramente” para resoluciones suspensivas (la suspensión del referéndum del 9-N, por ejemplo) y no para sentencias. Pero sostiene que la redacción permitiría aplicarla para apartar a cualquier cargo público, incluido al jefe del Ejecutivo, si el Gobierno ignora un fallo del tribunal, como ya ha ocurrido. Los expertos recuerdan el caso de las competencias de la Generalitat en materia de subvenciones, reconocida por el Constitucional.

Y esta suspensión de funciones sería por un tiempo que la reforma no define, un aspecto que también cuestionan los constitucionalistas. “Las sanciones tienen que ser acotadas en el tiempo”, advierte Arbós, que incide en otro aspecto que preocupa a los expertos: la vulneración del derecho a la segunda instancia. “Si el interesado quiere recurrir, ¿ante quién recurre?”, pregunta Arbós, que advierte que se impide la segunda instancia en algo tan trascendental como la suspensión del derecho a la participación en la vida política o el derecho al trabajo de un empleado público.

El catedrático Eduard Roig considera que para esquivar esta vulneración se ha querido presentar la reforma diciendo que no permite sancionar, sino solo suspender temporalmente. “Y como no sanciona no tiene que haber trámite previo ni recurso”, apunta. “Pero es falso. Se está privando del derecho a que se siga un procedimiento previo y a tener opción a recurso”. Roig considera “razonable” que se abra un debate sobre cómo hay que garantizar el cumplimento de las sentencias del Constitucional. “Pero no es razonable hacerlo así”, apunta.

Javier García Roca, exletrado del Constitucional y director del departamento de Constitucional de la Complutense, incide en la trascendencia que tiene imponer al Constitucional el control sobre la ejecución de sentencias por parte de los poderes públicos. “Ningún teórico del Constitucional se ocupó de la ejecución de sentencias. Pero porque creían que eso correspondía al Parlamento”. Lo que hace esta reforma, advierte García Roca, es “trasladar” al Constitucional el incidente de ejecución de sentencias de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. “Eso no se puede hacer. Porque un tribunal contencioso da instrucciones a una Administración pública que está sometida a las leyes, mientras que el Constitucional se lo tendría que dar a un Parlamento o un Gobierno representativos”. “Los que lo han hecho no saben nada o se pasan de listos”, señala.